CATASTRO, IMPUESTOS Y GABELAS

POR: CARLOS ALBERTO FRANCO
francodemalatesta@yahoo.com

El 5 de noviembre publiqué por Internet mi columna ¿Y al IGAC quien lo ronda?, en la cual expresaba que entre los años 2005 – 2006, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC rebajó los avalúos de 13 predios así: 1) Avalúo inicial: $ 8.987’483.000. 2) Avalúo ajustado: $5.648’809.000. 3) Diferencia: $3.338’674.000. (62.8%).


A un predio rural de la Hacienda San José (Obando – Palmira), cuyo avalúo en 2002 fue $2.503’350.000, lo “tijereteó” hasta $1.509’284.000.= ¿Qué representó la rebajona? nada menos que $1.418’565.000, o sea el 56.6%. Y adicionalmente sobre 22 más, a los cuales se les modificó con retroactividad al año 2002 sus avalúos, que pasaron de $1.387’187.000 a un menor valor de $892’789.000, representando una disminución total de $494’398.000.

En resumen, 35 predios se beneficiaron con la bobadita de $3.833’072.000. Razón tiene la coordinadora de rentas Olga Cecilia Mera cuando expresa su inconformidad, “pues los contribuyentes, al presentar solicitud de reliquidación retroactiva del predial ya cancelado, representa aplicar grandes sumas de dinero que se acreditan a vigencias futuras (1 o más años), contribuyendo al detrimento financiero de la ciudad”. Investigué que sucedió entre 2003 versus 2005, respecto a predios (urbanos y rurales) objeto del impuesto predial y su avalúo total. En 2003, los predios gravables fueron 67.510 y su valor catastral total ascendió a $1 Billón 847.000 millones. En 2005 los predios son 69.915 y su valor catastral (Base de aplicación para el impuesto predial) fue de $2 billones 34.000 millones, Afortunadamente la base gravable creció en 2 años en $187 mil millones de pesos. Algo preocupante le sucede al municipio en su presupuesto de ingresos. El predial unificado le representó ingresos en 2003 por $17.934 millones y en 2005 por $17.234 millones. O sea que disminuyó $734 millones, mientras los avalúos del municipio pasaron de $1.8 billones a $2.0 billones. ¿Están estos ingresos no percibidos, como cartera morosa de predial, a ser cobrado en vigencias futuras?. ¿Ineficiencia en el recaudo, sumada a las “rebajonas” del IGAC?. Sin duda. Cuando S. Kalmanovitz escribe en El Espectador sobre “El Impuesto Predial”, nos dice: “Colombia recauda por impuesto predial solo el 0.7% del PIB…, los países desarrollados recaudan más del 3% del PIB y algunos latinoamericanos más del 2% del PIB”. (¡Cuatro veces más que Colombia!).

Algunas cifras en Colombia: Atlántico recaudó $60 millones por 46.000 hectáreas; Bolívar $128 millones por 510.000 hectáreas. Mientras el impuesto por hectárea en Cundinamarca fue de $1.067 =/H.A, sólo está entre $80= y $250= pesitos en los departamentos de la Costa Caribe. Un propietario de 10 hectáreas tiene una disyuntiva: o paga su impuesto o se toma una gaseosa, mientras los grandes terratenientes de Córdoba, Bolívar, Sucre y Magdalena, se mueren de la “R”.

Otras cifras. Solo el 43% del catastro rural en Colombia está al día. Kalmanovitz expresa que por ley, los municipios pueden cobrar una tarifa entre el 1 y el 16 X 1000 y son los concejos quienes fijan los montos por estratos. Mientras en Antioquia las tarifas son el 6.5 X 1000, en la costa van del 2.0 al 3.0 X 1000. ¡Bajísimas!. En 2005 Palmira tuvo un presupuesto total de ingresos por valor de $142.121 millones, de los cuales sólo $17.234 millones correspondieron a “predial unificado” (12%). Si la superficie sembrada en caña de azúcar hoy son 35.000 hectáreas: ¿pagan en equidad y justicia distributiva los azucareros, su impuesto predial?. Una hectárea en Rozo vale comercialmente $25 millones - y estoy casi seguro -, que su avalúo catastral no excede los $8 millones, o sea una tercera (1/3) parte. Bajos impuestos para el estado y alto valor comercial en operaciones privadas de compraventa.

Si Palmira y el IGAC continúan “ciegos” ante tantos predios rurales altamente productivos y de suelos ricos en aguas, valorizados por obras viales que no les generan valorización ni plusvalía, - y además el IGAC protegiendo a buena parte de terratenientes con “rebajonas catastrales retroactivas”-, Palmira jamás saldrá de su pobreza franciscana, pues sus recursos de libre destinación irán “p’abajo”, mientras nuestra dependencia del sistema general de participaciones – SGP, será mayor. De $142.000 millones de presupuesto en 2005, la inversión dependiente del SGP, fue de $60.000 millones. ¿Y saben cuánto representaron los ingresos por valorización municipal? Sólo $6’340.000, o sea nada.

Una consideración final. Estoy seguro que si el municipio apretara las tuercas al 20% de los 56.000 predios urbanos y al 20% de los 16.000 predios rurales hoy subestimados en sus avalúos, Palmira ya estaría al día en la ley 550 y podría destinar más de $20.000 millones/año en inversión, adicional a los $60.000 millones que le gira la nación. Para lograrlo, necesitamos otros políticos, otros gerentes públicos, otros concejales, otro alcalde. Octubre de 2007 es la meta. Si volvemos a equivocarnos al elegir, seguiremos como corcho en remolino, y unos pocos “privilegiados” dándonos clases de ética, pulcritud, y eficiencia…… mientras el pueblo raso no ve desarrollo ni progreso, los homicidios crecen, el plan vial no aparece, los parques son muladares, las escuelas se caen…. Y todos los que votan para perpetuar tantos desafueros, siguen recibiendo las migajas de pan de la mesa servida para los guaqueros y gamonales de siempre.

Palmira, Diciembre 27 de 2006

¡LA MISMA MENTIRA!

Por: Jorge Londoño Ariza

Periodista palmirano

jlk437@yahoo.es

Empieza la campaña para alcaldía y gobernación. Y empieza otra vez el proponente de lenguaje arcaico y monótona perorata, traída desde centro de su blancuzco quepis: ¡Hay que acabar con los pobres del Valle del Cauca!. Argumentos seudoestadísticos, sin razonamientos que desnuden las colijas que produjeron la desgracia de quienes pretende defender. Sus campañas siempre han parecido cruzadas nunca debate público, sobre los faltantes de bienestar de los ciudadanos, vistos como ciudadanos, no como feligresía. Discursos que esconden los perjuicios del modelo económico y disfrazan los indicadores sobre la precaria calidad de vida de sus dirigidos, desconociendo las denuncias divulgadas sobre la gangrena gubernamental de su gobierno. Se molesta por quienes no son los repetidores del elogio que le encanta.

Sus aglomeraciones políticas las organiza como rebaños, no como sociedad civil; quiere audiencias en donde no se mediten los atropellos del salario mínimo, que en Colombia, es una paga para solteros, nunca un sustento para la unidad familiar. Monólogos (vococentrismos) que desconocen el ciudadano propuesta y dejan de lado la angustia de padres de familia, preocupados por los altos costos de la recreación de sus hijos los fines de semana.

Empieza la campaña, el Pinocho vociferará otra vez sobre la necesidad que él mismo ocasionó durante tantos años, haciendo de lado las políticas públicas que de fondo revelan los graves problemas de los electores, que se acostumbraron a sus apasionamientos, a razón de sus mentiras mesiánicas, que le resultan rentables para su patrimonio: ¡yo soy el redentor de los pobres de Palmira!.

Para este patético candidato, los escuchas son aldeanos, no ciudadanos; y sin son ciudadanos, en sus discursos los señala como parroquianos víctimas, para ofrecerles una solución que jamás llegará, porque al fin y al cabo es la propuesta de un profesional de la mentira.

Él sabe que sobre un ciudadano ignorante en estados financieros, prevalece la invisibilidad de la corrupción; esos ciudadanos para él no son civilización, son carnicería, guetos clientelistas, que se destrozarán por el caudillo, que de ser descubierto por los niños, sería un pésimo ejemplo moral para la sociedad de la escuela.

El candidato del blancuzco quepis, se cree de mejor familia para predeterminar las reglas de su entorno: ¡Yo soy el jefe de la ignorancia, yo soy el que piensa por ustedes, yo soy el que está en el poder!.

Empieza la campaña, otra vez aumentarán las mentiras y en aprietos estará el troquelador de la madera, para que no sea tan grande la narizota de esta elaborada figurilla. El indefenso matasanos del miserable hospital de los muñecos, se verá en apuros para cauterizar el peligroso olfato del monigote husmeador del erario fácil de saquear.

Él sabe como organizar una estrategia económica barata para conquistar electores, con la pretensión de adiestrarlos en la complacencia con el dolo, maniobrando la "ayudita" que lo muestre bondadoso, como a él le gusta. Las utilidades lo justifican. ¡Es la única oportunidad que tiene el feligrés aspirante a una migaja de pan!. Los insuficientes saben que este es el esquema; el candidato sabe que la palabra "pobre" cala entre los pobres, somete y permite lo arbitrario. Él sabe que por la zozobra, el auditorio ha olvidado su prontuario político suponiendo lo mismo. Él sabe, que ellos han olvidado sus campañas anteriores fingiendo acabar con la miseria, la misma que cada día brota por montones. Sólo unos pocos tendrán algo en su directorio (gobernar para los votantes es clientelismo) porque en su famiempresa, se gobierna con la limosna, nunca con una agenda para la comunidad en general.

Diciembre 19 de 2006

VUELVE Y JUEGA CONTRATO CON GESCOOP LTDA.

Recientemente cuatro ciudadanos de Palmira, presentamos queja formal ante la Procuraduría General de la Nación, por la forma como fue suscrito el convenio interadministrativo entre Gescoop Ltda (Cooperativa) y el municipio de Palmira (Miguel Motoa Kury - Alcalde) y que permitía la modernización de la secretaria de tránsito de Palmira (año 2002).

La manifiesta violación a la ley 80 de 1993 y la ley 734 de 2002 (Código disciplinario único), permitirán el desarrollo de un proceso, que inicialmente el ex-procurador provincial Corso Acevedo había "manipulado", quedando por lo tanto incurso en un presunto prevaricato, y conllevará finalmente a que la PGN, falle un negocio que resultó altamente lesivo a los intereses públicos del municipio de Palmira, al incurrirse en celebración indebida de contrato e interés ilícito en la celebración de dicho convenio y/o contrato. Mas de 380 anexos, permiten un acervo probatorio extenso y responsable, que aseguran finalmente que el ministerio público procederá en derecho y sancionará a quienes violaron la ley y perjudicaron notoriamente las rentas e ingresos de la secretaria de tránsito municipal de Palmira. En desarrollo de la ley 550 de intervención económica, no pudo el municipio cumplir obligaciones, que en su momento fueran pactadas en el año 2001 y que el Ministerio de Hacienda no supervisó y vigiló adecuadamente, conllevando al deterioro fiscal de la secretaria de tránsito.

Si el contrato con "si Cali", suscrito por el alcalde de Cali para "privatizar" el recaudo de los impuestos de esa ciudad, conllevó recientemente a la destitución de ese funcionario por parte de la PGN, en el caso de Palmira y por el contrato con GESCOOP, la analogía entre estas dos contrataciones es más que evidente, pués se pretermitieron y/o violaron claros principios de selección objetiva, transparencia y economía, además de carencia de términos de referencia en la etapa contractual, no exigencia de pólizas, incumplimiento en el tiempo y finalmente abandono de las labores contratadas, dejando en la más absoluta orfandad a tan importante dependencia municipal.

Cualquier observación o comentario a ésta importante denuncia, la agradeceríamos mucho.

Nuestra función veedora solo aspira a recuperar el profundo deterioro ético y responsable que debe tener la contratación pública, evitando que las finanzas del municipio sigan perjudicándose, y posibilitando así para Palmira, un escenario de mayor progreso y desarrollo, siempre fielmente apegado a nuestro ordenamiento legal.

EDUARDO ALFONSO CORREA
Abogado

CARLOS ALBERTO FRANCO
Arquitecto

MANUEL FERNANDO MUÑOZ
Administrador

JORGE LONDOÑO ARIZA
Periodista

Palmira, Diciembre 11 de 2006

Alcalde concilia con el fraude y guarda silencio

La permisividad del ex-alcalde Miguel Motoa Kury así como la del actual alcalde municipal Adolfo Castro González evidencian la continuidad de una política de saqueo que a través del silencio administrativo permiten que la ciudad de Palmira cada vez esté más cerca de un colapso económico total. La veeduría ciudadana “Despierta Palmira” (1) viene realizando acciones pertinentes frente a la ilegalidad del convenio interadministrativo firmado entre la Administración Municipal de Palmira y la empresa de Gestión Eficiente Cooperativa Ltda., Gescoop Ltda., por medio del cual se entrega el contrato de modernización para la Secretaría de Tránsiro y transporte, “suscrito por el entonces alcalde Motoa Kury en diciembre 26/2002, con duración de 6 años y 3 meses y valor fiscal (estimado) de $495 millones”(2).

En busca de la anulación de este convenio con Gescoop Ltda., (acciones que no ha realizado la Administración Municipal) actualmente “cursan recursos de apelación ante la Procuraduría y Fiscalía, así: A) Procuraduría –proceso 1392544-03, marzo 24/2004 y B) Fiscalía –proceso 567146; apelación a resolución de Fiscalía 95-Cali, resolución interlocutoria 032 de agosto 31/2005” (3). ¿Y mientras tanto qué hace el alcalde Adolfo Castro González para frenar este fraude a los impuestos de los palmiranos? Sencillo, “ha adelantado un proceso conciliatorio (…), imposible de realizar jurídica y fiscalmente” (4).

¿Cuánto tiempo lleva Gescoop Ltda. Haciendo daño a Palmira?
La veeduría ciudadana nos informa que “en tres (3) años, Gescoop Ltda., le asestó un mazazo a Palmira, las rentas e impuestos de tránsito se menguaron y ‘el pato’ lo terminaron pagando los propietarios de 37.064 vehículos particulares aquí matriculados; 3.239 públicos y 176 oficiales, para un total de 40.479 usuarios” (5).

¿Por qué es ilegal el convenio con Gescoop Ltda.?
Según oficio 150-39-08747 de la contraloría municipal, emitido por la Profesional Universitaria Rocío Uchima Agudelo el 29 de septiembre de 2006, soportado, además, en la documentación suministrada por la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, encontramos que Gescoop Ltda. al momento de ser inscrita ante Cámara y Comercio no contaba con “los fundadores exigidos por la ley, ni tampoco tenía el total del capital estatal para ser tratada como una empresa de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas” (6), en otras palabras Gescoop Ltda. mintió, cometió fraude y falsedad en documento público, pues declaró ante la Cámara de Comercio de Bogotá que estaba integrada por cinco (5) entidades, afirmación totalmente falsa puesto que sólo estaba constituida por dos (2) instituciones privadas y dos (2) públicas, es decir, 4 entidades con las cuales no podía inscribirse según el artículo 130 de la ley 79 de 1988 (Norma aún vigente) que exige un mínimo de cinco (5) entidades para tales efectos.

La complicidad de la Administración Municipal
“La complicidad del silencio”, con esta frase talvez podríamos tratar de adentrarnos en la condena que la corrupción ha impuesto sobre los palmiranos, un yugo que administración tras administración se perpetúa sin que las gentes de nuestro municipio se percaten de ello.

Esperemos que en esta ocasión los palmiranos empiecen a despertar y creer en quienes afirmamos que las cosas en el municipio no marchan bien, precisamente ahora donde las evidencias provienen de la contraloría municipal, ente institucional que frente a la ilegalidad de Gescoop Ltda. nos informa que la “situación era conocida por la Administración Municipal en su momento, sin que a la fecha se haya iniciado la demanda correspondiente ante el Tribunal Contencioso Administrativo, tendiente a declarar la nulidad de dicho convenio, convenio que a la fecha sigue vigente con las implicaciones jurídicas que puedan tener para el municipio, demostrándose un desinterés al respecto por parte del funcionario competente, para iniciar las acciones respectivas” (7).


Notas
(1) La veeduría ciudadana “Despierta Palmira” está integrada por los señores Carlos Alberto Franco, Manuel Fernando Muñoz, Luis Herney Rivera y Marco Fidel Rivas.
(2) “Pleitos y cooperativas de garaje”. Informe (correo eléctronico) veeduría ciudadana ‘Despierta Palmira’. Noviembre 3 de 2006.
(3) Ibíd.
(4) Ibíd.
(5) Ibíd.
(6) Oficio 150-39-08747 de la contraloría municipal. Septiembre 29 de 2006.
(7) Ibíd.

“PROHIBIDO PROHIBIR”

Por: Carlos Alberto Franco

francodemalatesta@yahoo.com

Ilustraciones de Fernando Botero

Noviembre 25 de 2006

La revolución de mayo de 1968 en Paris, dejó a nuestra generación enseñanzas que son imposibles de olvidar. Al movimiento estudiantil en Nanterre y la Sorbona, se unió el sindicalismo y la fuerza obrera, colocando patas arriba al general De Gaulle. Un graffiti inmortalizó la revuelta: “prohibido prohibir”. 40 años después en Colombia se consolida – como paisa incansable en el trabajo y pintor autodidacta – Rodrigo Posada Correa (Ropoco) caricaturista de alto vuelo y mas cotudo que el sancocho rozeño y las caspiroletas de las Córdobas. Cuando arribó a Palmira en 1951 contaba con 18 años. Recientemente la Cámara de Comercio le tributó un merecido homenaje al símbolo de la palmiranidad: Ropoco. Sus aficiones, como las describe en su libro de caricaturas “Algo de mí”, son: tertulias, chistes, pesebres, ser amigo de sus amigos y caricaturas. Si por recuperar la “memoria histórica” de nuestro pueblo, muchos damos una lucha desigual contra burócratas, cagatintas y lambones del poder de turno, hoy es hora de apoyar sin titubeos el “arte callejero” que Ropoco nos ha legado. El jefe de control y ornato del municipio Sr. Vargas Mayor, sin temblarle una pluma, bajó de un tajo las pinturas murales de Ropoco, una de ellas abrazando la milenaria ceiba del colegio de Cárdenas, y la otra realizando similar gesto con la iglesia Catedral, ¡Qué despropósito! Pregunto: ¿Contamina visualmente una pintura mural en acrílico, que se adosa a un muro liso de una fachada y que invita a recuperar el amor y la identidad por Palmira? Si Vargas Mayor – que ni siquiera atiende las órdenes del alcalde Castro – se pasa por la faja los más elementales criterios del arte y la comunicación, la estética y el buen gusto, borrando de un plumazo la obra de Ropoco, razones tendrá. Es seguramente el “coletazo” de su fallido esfuerzo por bajar y suprimir todos los toldos y parasoles del comercio central. Si ya perjudicó a miles de comerciantes, espera “redondear” su embarrada con el arte mural y pictórico de Ropoco, - según él – violatorio de la ley. Vargas Mayor me recuerda a “Fahrenheit-451” la novela de Ray Bradbury en la cual se queman los libros, la filosofía y los textos considerados subversivos, por el mandamás fachista de turno. Ahora le tocó el turno a Ropoco y a Palmira. No los queman: los borran por contaminantes e ilegales. ¿Cuánto durará en el cargo Vargas Mayor? Seguramente lo que han permanecido los directores de el Bosque Municipal y El Hospital San Vicente de Paúl, motoistas “enterradores” del medio ambiente y la salud pública.

Si el congresista Motoa Solarte les buscara un nuevo empleo, incluyendo al furibista Vargas Mayor, podremos 300.000 palmiranos gozarnos de nuevo el arte callejero de Ropoco y una caricatura mural a la entrada del CAMP, en la cual Vargas le entrega un muro inmaculado a nuestro pintor, para el título de su nueva obra: “ Amemos la libertad.” Quiero gozarme a Ropoco con su overol, su cachucha y sus brochas y pinceles, encaramado en una escalera de guadua, mezclando acrílicos y dibujando a “Batata” y “la loca Margarita” leyendo la proclama: “BUROCRATAS FACHISTAS, FUERA DE COTOLANDIA.”

__________________________________________

Palmira, 27 de noviembre de 2006

Doctor
CARLOS ALBERTO

Si una comunidad bien querida necesita de alguien que como Yo la ame y se lo exprese en simples mensajes gráficos y cívicos subiéndose a un andamio con los trapos de pintar, vinilos, acrílicos y pinceles a dibujar sus más destacados símbolos, pintándose a sí mismo abrazándolos con ternura y delicadeza; también necesita de síndicos que como usted fustigan a ciertos elementos que al no poder dar más de sí en la vida, cometen atropellos como fue la orden de hacer borrar esos mensajes.

Diga usted como lo decía Sócrates: Dios me ha puesto en esta ciudad como una mosca sobre un noble caballo para mantenerlo despierto.

Estoy con usted muy agradecido por su solidaridad y por la comunicación de protesta mediante carta abierta a la ciudadanía.

Dios lo guarde.

Afectísimo,

ROPOCO

ropocolor@telesat.com.co

Libertad para Fredy Muñoz

25-11-2006

el_turbion@gmail.com

Más de 400 firmas ponen en marcha un Manifiesto de la Red en Defensa de la Humanidad

Contra la criminalización de Telesur y por la libertad de Fredy Muñoz

Los abajo firmantes, miembros o simpatizantes de la Red en Defensa de la Humanidad, queremos denunciar públicamente la detención del corresponsal de Telesur en Colombia y la criminalización de este canal latinoamericano que se busca con este encarcelamiento.

La acusación de rebelión y terrorismo contra el periodista Fredy Muñoz por los servicios de seguridad colombianos es absolutamente descabellada. Su inocencia es defendida no sólo por su familia y allegados sino también por organizaciones de derechos humanos, de periodistas, sus compañeros de Telesur y la dirección de este canal.

La denuncia afirma que Fredy Muñoz ejecutó atentados con explosivos en el año 2002, fecha en que ya ejercía de periodista en medios colombianos. Según el fiscal, las pruebas se fundamentan exclusivamente en declaraciones de testigos que reciben beneficios penitenciarios que dicen haberlo reconocido ahora tras verlo en sus crónicas en Telesur.

Todos los indicios indican que lo que se pretende con esta detención es criminalizar a Telesur y el trabajo de Fredy Muñoz, fundamentado en el rigor y la veracidad periodística y en descubrir al público latinoamericano la verdad de Colombia dándole la palabra a los movimientos sociales colombianos. Al mismo tiempo se buscaría provocar una nueva crisis entre Colombia y Venezuela en unas fechas próximas a las elecciones presidenciales en este país.

Ante todo ello, exigimos la libertad inmediata de Fredy Muñoz, el respeto a la libertad de prensa en Colombia y el final de cualquier maniobra que atente contra el proyecto informativo de Telesur.

Mandar adhesiones al email libertadparafredy@gmail.com especificando nombre y apellidos, profesión y país.

Eduardo Galeano. Escritor. Uruguay
Atilio A. Boron. Profesor de Teoría Política y Social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires.
James Petras. Escritor. Estados Unidos
James Cockcroft. Escritor. Estados Unidos
Gilberto López y Rivas. Capitulo México en defensa de la humanidad
Stella Calloni. Peirodista / Escritora
Eric Nepomuceno. Escritor. Brasil
Santiago Alba Rico . Escritor. España
Vicente Romano. Catedrático de Ciencias de la Comunicación. España
Belén Gopegui . Novelista. España
Héctor Díaz Polanco. Antropólogo. México
Higinio Polo. Profesor y escritor. España.
Rosa Miriam Elizalde. Periodista. Cuba
José Steinsleger. Escritor y Periodista. México
Eliades Acosta Matos. Director de la Biblioteca Nacional " José Martí". Cuba
Lisandro Otero. Escritor. Cuba
Luis Hernández Navarro. Periodista. México
Angel Guerra Cabrera, articulista del diario La Jornada, de México, colaborador de Rebelión y profesor universitario. México
Vanessa Davies. Periodista. Venezuela
Carlos Fazio. Periodista. México
Theotonio Dos Santos. Brasil
Juan Madrid. Escritor. España
Javier Corcuera. Cineasta. España
Martin Almada. Premio Nobel Alternativo de la Paz. Paraguay
Carlo Frabetti. Escritor. España
Francois Houtart. Profesor de la Universidad Catolica de Lovaina. Bélgica
Marta Harnecker.
Jean-Guy Allard. Periodista. Cuba
Luis Britto García. Venezuela
Emir Sader. Brasil
Arturo Corcuera. Poeta. Perú
Pascual Serrano. Periodista. España
Iñaki Errazkin. Periodista. Presidente de la Asociación Pensamiento Libre, editora del diario digital inSurGente. España
Carlos Fernández Liria. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid. España
Pedro Fernández Liria. Profesor de Enseñanza Secundaria. España
Silvia Casado Arenas. Profesor de Enseñanza Secundaria. España
Luis Alegre Zahonero. Investigador de la Universidad Complutense de Madrid. España
Maite Mola. Responsable de Mujer del Partido Comunista de España
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Víctor Ríos. Historiador. España
David Acera. Actor. España
Carlos Tena. Periodista. España
Cecilia Rinaldini. Periodista. Italia
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Francisco López Bárcenas. Miembro del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas. México
Stefania Mosca. Escritora. Venezuela
Ángel de la Cruz. Periodista y profesor de Comunicación en la Facultad de CC. de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. España
Alí López Castellanos. Abogado. México
Alicia Jrapko. Argentina
Augusto Zamora Rodríguez. Profesor de Derecho Internacional Público Universidad Autónoma de Madrid. España
Manuel Talens. Escritor. España
J. Luis Nieto. Coordinador de la revista Pueblos. España
Hernando Calvo Ospina. Periodista, escritor. Colombia/Francia
Luis Bilbao. Director de América XXI. Venezuela / Argentina
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Silvia nVázquez Díaz. Ecologista. México
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Andrê Veraart.Trabajador del sector metalmecanico. Belgica
Patrcia Quintero Cabrales. Profesora. Belgica / Colombia
Ana Maria Radaelli. Periodista y escritora. Cuba
Aida Rubio Díaz. Chile
Manuel López Calvo. Profesor Tutor Del Centro Asociado De Córdoba De La UNED. España
Red en defensa de la humanidad. Colombia
Radio Centenario. Uruguay
Diario La Juventud. Uruguay
Carmen Bohórquez. Red de Intelectuales y Artistas en defensa de la Humanidad. Venezuela
Ivonne Caldera. Red de Intelectuales y Artistas en defensa de la Humanidad. Venezuela
Juan Pablo Rossel. Red de Intelectuales y Artistas en defensa de la Humanidad. Venezuela
Mildred Pineda. Red de Intelectuales y Artistas en defensa de la Humanidad. Venezuela
Rossana Marín. Red de Intelectuales y Artistas en defensa de la Humanidad. Venezuela
Eleazar Garrido. Red de Intelectuales y Artistas en defensa de la Humanidad. Venezuela
María de los Angeles Tineo. Red de Intelectuales y Artistas en defensa de la Humanidad. Venezuela
Santiago González Vallejo. Comité Solidaridad Causa Árabe . España
Jesús Arboleya. Historiador. Cuba
Alfredo Naime. Venezuela
Winston Orrillo. Premio Nacional de Cultura de Perú y Profesor principal de la Universidad de San Marcos. Perú
Salim Lamrani. Profesor, investigador. Francia
Rebeca Padrón Vergara. Abogada. España
Normita Aponte. Maestra de Historia Global. Estados Unidos
José Pertierra. Abogado. Estados Unidos
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Selma Díaz. Asistente Programa de Participación Popular en la Gestión Pública Centro Internacional Miranda. Venezuela
Idiazabalgo Udala. País Vasco
Javier Parra Molina. Director del Diario La Republica.es. España
Ana Delicado Palacios. Periodista. España
Honorio de la Iglesia Lopez. Profesor. España
Antonio Pagliula. Estudiante. Italia
Angel Joel Molina. Estudiante. Venezuela
Xavier Nieto Carbonell. Antropólogo. España
Lidia Tur Font; Filologa clásica. EspañaJosé María García Labrac. Estudiante. España
Ángeles Maestro. Médica. España
Josie Michel - Brüning. Pedagoga. Alemania
Dirk Brüning. Ingeniero. Alemania
Genovese Domenico. Italia
Francisco Javier Mestre Marcotegui. Profesor de Lengua y Literatura. España
Manuela Valadés Feito. Periodista. España
Antonio Leone.Enfermero. Italia
Iosu Perales Arretxe. Politólogo. Paìs vasco
Alberico Falanga.Italia
Pedro Montes Fernandez. Economista. Miembro de la Presidencia Federal de IU. España
Raúl Ernesto Colón Rodríguez.Redactor jefe Lettres. Cuba
Oscar Calvo Delgado. Abogado. España
Angeles Diez Rodríguez. Doctora en Sociología y profesora de la UCM. España
Urban Felber. Ingeniero informático. Suiza
Caridad Colomina Cruz. Periodista. Cuba
Marcos Suárez Santana. Administrativo. España
Javier Ortiz Estévez Periodista. España
Irene Amador. Antropóloga. España
Natalia E. Revuelta Clews. Cuba
Graciela Ramírez. Corresponsal de Resumen Latinoamericano en Cuba. Argentina
Ida Garberi. Periodista de Prensa Latina. Italia
Germán Lombana. Economista. Colombia
Anibal Arrarte. Periodista. Uruguay
María del Rosario Valenzuela. Escritora. Bolivia
Teresa Villasante. Ingeniera. PerúAna Cardero. Profesional. Cuba
Bassel Ismail Salem. Periodista. Palestina
Alfredo Elías. Profesional. El Salvador
Mariví Rodríguez Triana. Investigadora. Cuba
Pablo Kilberg. Comunicador Social. Argentina
Alberto Reyes. Profesional. Chile
Josue Gómez. Profesional. República Dominicana
Jaime Rodríguez. Abogado. República Dominicana
Héctor Celano. Poeta. Argentina
Reynier Carvajal. Poeta. Cuba
Antonio González. Profesional. Cuba
María Antonia Medrano. Profesional. Nicaragua
Graciela Ramírez. Cuba
Juan Carlos Espinoza. Periodista. Venezuela
Gennaro Carotenuto. Historiador y periodista. Italia
Agustin Contreras. Presidente de la Casa Bolívar Anfictiónica. ColombiaVirtin Salerno. Asociación Colombiana de Periodistas, Director Red Informativa Virtin. Colombia
Julia Franco Secretaria de Relaciones CONAMURI. Paraguay
Judith Galarza Campos. Secretaria de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos FEDEFAM
Percy Francisco Alvarado Godoy. Periodista y escritor. Guatemala
Periódico alternatico Calle Controversia. Colombia
Aldo Díaz Lacayo. Historiador y miembro del capítulo Nicaragua de la Red Defensa de la humanidad. Nicaragua
Arleen Rodríguez Derivet. Periodista de diarios, radio y TV. Cuba
Alicia Lesgart. Docente. Argentina
Ana María Moro. Docente. Argentina
Omar Morales. Empresario. Argentina
Norma Ortega. Arquitecta . Cuba
Azhari Moughab. Profesional. Sudán
Lucas Consalvo. Estudiante. Argentina
Carlos Slepoy. Abogado. España
Roberto Kalauz. Economista. Argentina
Casa Memorial Salvador Allende
Comité Internacional por la Libertad de los CincoEnrique Ubieta Gómez. Cuba
Teresinka Pereira. Presidente de la Asociacion Internacional de Escritores y Artistas (IWA)
Manuel Cardozo. Ingeniero de sistemas. Venezuela
Máximo Guerrero Ceballos. Profesor y miembro del Comité de Redacción de www.VictorJara.se. Suecia
Zulema Aristizábal. Argentina
Claudia V.Rocca. Argentina
Albani Paolo. Obrero. Italia
Celia Hart Santamaria. Escritora. Cuba
Joaquín Antonio Zumbado. Periodista. Estados Unidos
Ana Daglio. Traductora. Argentina
Annalisa Melandri. Italia
Asociación Usuarios y Consumidores Avellaneda. Argentina
Jorge Alberto Kreyness. Periodista y Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista. Argentina
Miguel Socolovsky. Doctor en Física, Investigador Titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (ICN-UNAM). México
Felix Jacinto Breton. Periodista. República Dominicana
Josef Komet. Cooperativista. Argentina
Massimo Genini. Obrero. Italia
Zuleiva VIvas. Gerente Investigadora y Cultural, Agregada Cultural Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Reino Unido. Venezuela
Raúl Zibechi. Periodista. Uruguay
Luciano Torresani. Operaio. Italia
Marcela Liliana Vieira. Investigadora. Argentina
Jorge Gómez Barata. Periodista. Cuba
Annalisa Giacci. Diseñadora del vestuario de teatro. Italia
Renzo Carlini. Profesor. Italia
Teresa Sáenz de Ugarte Eguskiza. Funcionaria. País Vasco
Carlos Riís Reguera. España
Xerardo Añvarez Limeses. Trabajador da Administración Pública. España
Ma. Eugenia Vidales. Maestra. México
Ruth Saralegui-Le Gall. Documentalista / Traductora. Brasil
Fernando Meza Urquizo. Representante del Comité de Solidaridad Latinoamericana de la Federeción Departamental de Trabajadores del Cusco. Perú.
Ana Buriano C. Historiadora. Uruguay
José Manuel Álvarez Flórez. Escritor. España
Carmen Hernández. Docente de la Universidad Nacional de Salta. Argentina
Noemi Abad. Ecologista. Directora de www.ecoportal.net y de la revista Ambiente y Sociedad
Germán Antonio Camacho Vitón. Economista. Perú
Wim Dierckxsens. Investigador del Departamento Ecuménico de Investigaciones. Holanda
Nadyeli Rojas Tovar. Psicóloga. México
Erasmo Magoulas. Cuba
Roberto Centomo. Obrero. Italia
Marcelo Táboas. Argentina
Edgardo L. Fernández Stacco. Presidente Casa De Le Amistad Argentino Cubana. Argentina
Roberto Jiménez M. Doctor en Ciencias Médicas. Filósofo universitario. Universidad del Zulia. Venezuela
Samuel León. Cineasta. Chile
Jacqueline Villagomez. Estados Unidos
Miguel Angel Lafuente. Trabajador gráfico. Argentina
Pedro Eduardo Faedo. Argentina
Cristina Castello. Poeta y periodista. Miembro de la Sociedad de Poetas de Francia y de la Sociedad de Poetas y Artista de Francia. Francia
Aldo Felix Bramante. Italia
Edda Marina Bavaresco. Venezuela
Consuelo Delgado. Editora. España
Oscar Rodríguez. Argentina
Angel Sayago Secretario Gremial del Círculo de la Prensa. Argentina
Umberta Torti. Psicopedagogista. Italia
Alessandro Perrone. Operaio metalmeccanico. Italia
Norberto "Champa" Galiotti. Multisectorial de Solidaridad con Cuba. Argentina
Carlos Osorio Osorio. Programador Computadores. Chile
José Manzaneda. Realizador videos educativos. País Vasco
Jorge Figueiredo Webmaster de www.resistir.info. Portugal
Olivia Canales. Empleada. México
Ricardo Rosales Román. Signatario de los Acuerdos de Paz. Guatemala
Emiliana Durán Collado. Presidenta de La Asociación de Amistad Hispano-Cubaca de Málaga. España
Marcelo Táboas. Viajante de Comercio. Argentina
Máximo Schneebeli. Argentina
Herminio Barreiro Rodríguez. Profesor. España
Museo Che Guevara
Gianluca Manzoli. Cartero. Italia
Fundación Cultural Simón Bolivar. Venezuela
Soraya Lizundia Sanchez. Enfermera. País Vasco
Ernesto Godoy. México
Thiago Barreto. Estudante. Brasil
Daniel Rodriguez. Sociólogo. Argentina
Massimo Ranetti. Estudiante. Italia
Montserrat Ponsa. Escritora. España
Marta Speroni. Docente. Argentina
Alessandra Riccio. Codirectora de la Revista "Latinoamerica". Italia
Fabiano Lourenço Crespilho. Estudiante. Brasil
Maximini Alvarez Fernández. Ingeniero Técnico Industrial. España
José Antonio Varela. Técnico electrónico. España
Alejandro Dausá. Teólogo. Argentina
Carlos Aznárez. Director periodistíco de la AM530, Radio de las Madres de Plaza de Mayo y director del periódico Resumen Latinoamericano. Argentina
Penélope Herrera Arango. Literata. Colombia
Eloísa Curiel. Periodista. Venezuela
Raúl Fitipaldi. Periodista. Brasil
Tali Feld Gleiser. Traductora. Brasil
Allisson Fitipaldi. Estudiante. Brasil
Alfredo Viloria Pérez. Ingeniero y Comunicador Social. Presidente de la Fundación Andando América. Venezuela
Salomón Osorio. Periodista. Perú
Boris Serguey Orjuela Cadena. Ingeniero Aeronautico. Colombia
Irupé Cravajales. Canadá
Agustín Larnaudie. Canadá
Lucia Azores. Redacción de Pásalo. Tenerife Islas Canarias
Ramón Afonso.Redacción de Pásalo. Tenerife Islas Canarias
Julián Ayala.Redacción de Pásalo. Tenerife Islas Canarias
Ángel Amador.Redacción de Pásalo. Tenerife Islas Canarias
Santiago Quintana.Redacción de Pásalo. Tenerife Islas Canarias
José Ventura.Redacción de Pásalo. Tenerife Islas Canarias
Aarón Hernández. Redacción de Pásalo. Tenerife Islas Canarias
Nexar Babilonia Torres. Licenciado en eduación básica y docencia universitaria. Perú
Antonio Leiva. Editor. España/Chile
Robert Austin. Chile
Pere Herrero Lozano. Profesor y director de instituto de enseñanza secundaria. España
Alicia Castellanos Guerrero. Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y Miembro de en Defensa de la Humanidad Capítulo México. México
Luis Francisco Castañeda Ravelo
Agustín de Jesús Montero. Colombia
Roberto Manciati Alarcón. Comunicador Social. Ecuador
Robinson Salazar Pérez. Director de www.insumisos.com. México
Alicia Ebe del Busto. Docente. Argentina
Raúl Tolentino. Dirigente Sindical
Gaspar Griñón. Periodista/El Correo del Zur - Bs. As. Argentina
Juan Manuel Etchepare. Realizador audiovisual. Argentina
Nelma Forero Sánchez. Matemática, Ingeniera Industrial, Magistra en Economía, Especialista en Gerencia de Costos y Presupuestos. Colombia
Germán Lombana de la Barrera. Economista, profesor de la Universidad del Atlántico y ex vice presidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios. Colombia
Paulo Henrique Rodrigues Pinheiro. Analista de Sistemas. Brasil
Eva Máñez López. Fotógrafa y periodista. España
Andrés Henríquez. Agrupación Regional de Ex Presos Políticos del Bíobio. Chile
Rony Iván Véliz Samayoa. Periodista y miembro de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Guatemala
Urda Alice Klueger. Escritora e historiadora. Brasil
Juan Carranza. Abogado. Canada
Alejandra Marina Hernández Núñez. Ingeniero Civil. México
Francisco Requejo Hérnandez. Almacenista. México
Harold Alberto Tascon Sanchez. Desarrollador de Software. Colombia
Adolfo Payés. Pintor y escultor. Canada
Esael Araujo Funes. Artista pintor. El Salvador
Liliana Mónica González. Asociación Usuarios y Consumidores Avellaneda. Argentina
Ana Ferraris. Agente de viajes. Argentina
Manuel Francisco Portillo. Administrador e Informático. Venezuela
Ignacio Dobles Oropeza. Profesor universitario. Costa Rica
Luis Quijada. Ingeniero. Panamá
Yolanda de Quijada. Ingeniera. Cuba
Eduardo Martinez. Aprendiz de ciudadania (estudante de periodismo). Brasil
Claudia Quiñones. Periodista. Argentina
Natalia Zuluaga. Realizadora documental. Francia
Luz Estela Matiz. Estados Unidos
Carola Chavez. Escritora. Venezuela
Txotxe Andueza. Periodista. País Vasco
Oscar Osvaldo López. Gerente Técnico. Argentina
Joa García. Argenitna
Isabel Ramos Idígoras. Jubilada. España
Filipo Gora. Italia
Pedro Luis Segovia S.
Uwe Schmidt. Corredor. Brasil
Carlos A. Silvera Batista. Colombia
Virginia Borges Arias. Escritora. Alemania
Leonardo Paredes Pernía. Trabajador autónomo y docente del Instituto Cervantes de Múnich. Alemania
Alejo Escalante
Enrique Eduardo Antileo Baeza. Licenciado en Antropología Social. Chile
Julio César Guanche. Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Cuba
Guadalupe Pérez Bravo. Enciclopedia Terrorismo Made in Usa en las Américas. Cuba
Ramón Pérez Almodóvar. Periodista. España
Daniel Salvatierra Mesa. Profesor de educacion primaria. España
Enrico Riva. Profesor jubilado. Italia
Emilio N. Tavarez. Comerciante. República Dominicana
Giovanna Mulas. Escritora. Italia
Gabriel Impaglione. Poeta. Argentina
Cristina Soler Crespo. Trabajadora de la Televisión. España
José Mº Ripalda Crespo. Catedrático de la filosofía. España
Roberto Paz. Argentina
Manuel Muñoz Cañuelo .Estudiante. Colectivo bolivariano de Córdoba. España
José Gabriel Zurbano Melero. Doctor en Historia Económica por la Unuiversidad del País Vasco
Francisco Javier González. Catedrático de Química. Islas Canarias
Jorge Temes Hijosa. Músico
Delia Pardo. Traductora. Argentina
Birgitta Lacuesta. Profesora Escuela Superior. Suecia
Emilia Machado Santiago. Profesora. España
Mariló Tudela. España
Diego Vallarino. Educador.Suiza
Gustavo Tomas Jones. España
Liliana Díaz Zayas. Argentina
Guillermo Andrés Mosti. Argentina
Martín Gastón Mosti. Argentina
Ismael David Pérez Mosti. Cuba
Analía S. Mosti. Cuba
Alberto Elemir Bonel. Argentina
Susana Saez. Argentina
María Sara Iovachini. Argentina
Lucía Emma Iovachini. Argentina
Patricia Parga. Periodista y Editora Noticiero "Latitud Sur" del Radio Campus de la Universidad Libre de Bruselas
Frederico Francisco. Ingeniero. Mozambique
Jaime Pastor Verdú. Profesor de Ciencia Política de la UNED. España
José Maria Patricio Rodríguez. Funcionario y sindicalista. España
Alfonso Díaz Rey. Ingeniero Químico. México
Osvaldo León. Trabajador metalúrgico. Venezuela
Miguel A. Chavarro Buriticá. Periodista. Colombia
Xoán Vázquez Arango. Abogado. España
Pascual Reyes Sierra. España
Rafael Balcazar
Ana Morales Alcaide. Cooperativista. España
Jesús Aller Manrique. Profesor y escritor. España
David Arrabalí Campos. Sociólogo. España
María Teresa Castellanos T. Odontóloga. México
Luis Lacuesta. Ayudante de Enfermería. Suecia
Miguel Angel Orlando. Médico. Argentina
Jorge Capelán. Periodista. Suecia
Osvaldo Justo Martinez. Arquitecto. Italia
Patricio Pardo Avalos. Fotógrafo. Francia
Daniel Cubilledo Gorostiaga. Estudiante y miembro de la asociación Euskadi-Cuba. País Vasco
Marcelo Grass. Músico. Brasil
Alfonso Villegas. Jubilado. Australia
Daisy Zamora Solórzano. Escritora. Nicaragua
Enrique Escudero Mastache. México
Elder González. Músico. Cuba
Yasser Quezada Castillo. Artista Plástico.Venezuela
Alejandro Del Aguila. Guatemala
Carlos Aguilar Del carpio. Periodista. TV UNSA. Perú
Alejandra Fuentealba. Profesora. Chile
Romer Sandrea Funmayor.Educador y comunicador ambiental. Venezuela
Yndira Suárez. Periodista. Venezuela
Fredi Eduardo Goyeneche González. Economista y Profesor universitario. Colombia
Marta Piña. Médica. México
Sandra Rodriguez-Beauchamp.Puerto Rico
Adriana Luna Parra
Sebastián López.Coordinador de la Red @ctuar y colaborador de La Jornada Morelos. México
Nela Meriguet Martínez. Médica Y Diseñadora Gráfica. Ecuador
Daniel Zanini H. Periodista. Brasil
Karine Batista.Periodista. Brasil
Angel Moschella. Economista. Perú
Heberto Alcázar Leyva.Compositor. México
Ruben W. Sánchez Pereira. Periodista
Pedro Pablo Rodríguez. Historiador. Cuba
José Raúl Romero. Uruguay
Jorge Enrique Adoum. Escritor. Ecuador
Lia del Valle. Socióloga. Argentina
Pedro M. Guevara T. Venezuela
Fabian Harvey López Vallejo. estudiante. México
Rodrigo Moreira. Secretario de relaciones públicas Colegio Deportivo Iquique. Chile
Luis Navas P. Profesor Titular de la Universidad de Panamá
Alexander Pastrana. Economista. Colombia
Victor Victor. Cantautor. República Dominicana
Juan Brom. Profesor Emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. México

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MOTOA KURI Y EL “ANIMUS INJURIANDI”

Por: Carlos Alberto Franco*
francodemalatesta@gmail.com

El hombre público es público – y hasta ciertos procederes “privados e íntimos” que coloquen en riesgo al Estado -, son igualmente “públicos”. Así por lo menos funcionan democracias como la norteamericana, inglesa y francesa, en las cuales la privacidad de un mandatario, no tiene patente de corzo. El 12 de agosto de 2005 el exparlamentario y exalcalde palmirano Miguel Motoa, instauró ante la fiscalía 144 denuncia por injuria y calumnia, contra algunos periodistas, políticos y veedores ciudadanos, “por adelantar con afiches, volantes, pancartas, pasacalles, panfletos, carteles murales etc., una malsana voluntad de dominación y feroz persecución partidista, en razón de las nuevas elecciones ya programadas y con el único objetivo de mancillar mi honor, mi honestidad y mi reputación...” ¿Quiénes fuimos demandados? Manuel Francisco Becerra, Luis Eduardo Mendoza, Martín Alonso Alvarado, Joaquín Fonseca, Radio Luna, Manuel Fernando Muñoz, Jorge Londoño, Idalia Calderón, Jorge Agudelo, Henry Caicedo y el suscrito. Doce ciudadanos entre políticos, periodistas y veedores – que según Motoa Kuri -, ni podemos informar, ni opinar, ni pertenecer a un partido opositor del uribismo, ni denunciar contrataciones torcidas, ni aspirar a que Palmira cambie. Quince meses después, la Fiscalía 141 de Palmira (radicación 770572-141 y Resolución Inhibitoria No. 39 de noviembre 04 de 2006), se abstiene de iniciar la acción o instrucción, al tenor del articulo 327 del Código de Procedimiento Penal. El fiscal 141 en la parte motiva de su providencia y con base en fundamentos legales – especialmente el artículo 322 del C.P.P. y la sentencia de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia de agosto 17/1987 – establece como el ANIMUS INJURIANDI no se dio en nuestro caso. La pretendida injuria que se nos quiso endilgar y la gravedad de la misma, “no depende por tanto de la susceptibilidad del ofenfendido, ni de la interpretación que este haga de la supuesta imputación deshonrosa, sino de su verdadero contenido y alcance, en forma tal que se traduzca en expresiones, términos o frases que constituyan o puedan constituir una afrenta al patrimonio moral de la victima: “ (...) Más adelante, el fiscal define el animus corrigendi, el jocandi, el consulendi y el narrandi.

Como columnista y veedor ciudadano prefiero que me ubiquen en este último, o sea “el ánimo de narrar, que normalmente caracteriza a los periodistas, escritores, biógrafos etc, y que no da lugar a la comisión de la injuria”.

Antecedentes del año 2004, cuando Motoa Kury pierde tutela en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Buga, por similar delito que hoy también le hemos ganado en la fiscalía 141, solo deja un sabor amargo al exalcalde: no gana ni una. Y los tribunales de justicia y la fiscalía amparan los derechos que todos los ciudadanos tenemos, de opinar e informar libre y verazmente; emitir juicios de valor sobre procederes inadecuados, sesgados y contrarios a la ley y la ética, de parte de nuestros gobernantes. Nuestro estado social de derecho se afianza y consolida con estas actuaciones judiciales, pues convierte al periodismo en un elemento vital para la democracia.

Ricardo Trotti, director de la sociedad interamericana de prensa – SIP. (Diario El País – Julio 19/2004), expresa: “La información pertenece al pueblo y los periodistas somos herramientas e instrumentos del derecho del público a la información (...).” Es cierto que los periodistas ejercen un contrapoder...” porque su obligación es ser contrapeso a los poderes públicos. Es como un fiscalizador vigilante: les da voz a quienes no la tienen y no pueden acudir al Estado para reclamar, por ejemplo por los casos de corrupción al Estado, que es de todos”. A menos de un año de las elecciones para alcalde y concejales, pregunto: ¿Resistirá Motoa padre e hijo (el congresista Motoa Solarte), que varios exalcaldes opositores a Cambio Radical y el uribismo, enjuicien la desastrosa gestión pública entre 2000-2007, y la corruptela generalizada, que colocan a Palmira como una ciudad sin futuro? ¿Tendremos que “escondernos” Kiko Becerra y Martín Alonso Alvarado, Carlos Alberto Franco y Luis Eduardo Mendoza, para evitar la santa ira del gamonalato kurista, respaldado por los caicedistas? ¿Cuántas tutelas y temerarias demandas enfrentaremos, por reclamar para 300.000 palmiranos, el derecho a gobernarnos sin corruptos y politiqueros? Recomendaría a Motoa someterse a una cura de su paranoia, ese estado de delirio marcado por ideas de persecución y falsedades de juicio. Podría estar incurso en sus 4 rasgos característicos: desconfianza; inflación del ego (orgullo y vanidad); error de juicio y agresividad con respecto a los otros. De no mejorar su desempeño, ni tiene “chico” para aspirar a la gobernación y el premio de consolación para una nueva alcaldía, está en riesgo. ¡De lo que nos salvaríamos todos!

Notas
*Carlos Alberto Franco es Arquitecto de profesión y actualmente hace parte de la veeduria ciudadana "Despierta Palmira". Durante algún tiempo colaboró para el semanario "Palmira Hoy", publicación de la cual salío por presiones políticas (censura); también ha publicado en el medio independiente de Humor-Político y crítico del municipio de Palmira "El Aguijon" , dirigido por la Doctora Deisy Idalia Calderón.

**Ilustraciones del pintor colombiano Fernando Botero.

Boicot informático a Palmira sin infamia

!ALERTA LECTORES DE PALMIRA SIN INFAMIA¡

Palmira sin infamia DENUNCIA e informa a sus visitantes que su correo electrónico palmirasininfamia@yahoo.com ha sido bloqueado y desconoce el uso fraudulento que se esté dando al mismo.

Por favor no envíe ni dé credibilidad a los mensajes que desde este correo lleguen a su e-mail.

Prontamente estaresmos recuperándonos de esta conspiración informática y volveremos con nuevos artículos.

Sedes Regionales de la Universidad del Valle: 20 años después

Por: Teodoro Rodríguez*
trokado@yahoo.es

“Hay mucha gente interesada en que todos tengan que callar…
para que no se hable de ellos”.
Jacinto Benavente.

Después de tantos intentos por cambiar la realidad histórica, social y política de las sedes regionales de la Universidad del Valle (Univalle), los estudiantes acudieron una vez más a lo que el sistema imperante les ha obligado a hacer: organizarse, movilizarse, resistir y luchar. De ahí que en el mes de Abril de 2005 inicio la gesta reivindicativa y emancipatoria del estudiantado univalluno de Palmira, Tuluá, Yumbo y Norte del Cauca, entre otras esporádicamente. Se trató de una toma pacífica unida a un pliego petitorio que por más de 30 días los estudiantes supieron defender. Dando como resultado que el día 12 de Mayo de 2005 en sesión del Consejo Superior de la Universidad del Valle en pleno, encabezado por el señor Gobernador Angelino Garzón, se logró desmontar los cobros injustos de los derechos de sede, obteniendo una tabla de matrícula justa y un bienestar estudiantil real. Todo esto traducido a través de la Resolución No. 025/05 de dicho consejo. Posteriormente surgió la Ordenanza Departamental del Valle del Cauca No. 204 de julio 25 de 2005. Tal vez ha sido ésta una de las reivindicaciones más grandes del Movimiento Estudiantil Univalluno en los últimos 30 años, pues hablamos en cifras de más de $10.000 millones de pesos anuales, los cuales tienen en jaque a la administración de la Universidad, porque el gobierno de Angelino Garzón está próximo a concluir y no se garantiza que quien continué mantenga esa política. Y es ahí precisamente donde radica el lastre histórico de los 20 años de existencia del sistema de regionalización, porque las directivas de la Universidad nunca previeron esto ni se preocuparon por dar soluciones a este problema de dos décadas, así se devanaran los sesos imponiendo planes de desarrollo que han sido ‘inocuos’.

Las directivas pasadas y presentes tienen pues una deuda histórica, la cual es la de lograr obtener la partida presupuestal del gobierno nacional, la cual hace 20 años no fueron capaces de exigir. La Universidad de Antioquia copió el modelo regional de la Universidad del Valle, pero hizo muy bien la tarea desde el principio, es decir, exigió una partida presupuestal digna al gobierno nacional, y lo logró contando con el apoyo del pueblo y la bancada parlamentaria antioqueña presente en el Congreso de la República. Pero en cambio en el Valle del Cauca no logramos absolutamente nada, porque en su momento, al parecer, no hubo ni voluntad ni gobernadores, ni rectores, ni congresistas interesados en la Univalle ni en los hijos del pueblo vallecaucano.

Estos primeros veinte años se han convertido en el lastre histórico que no podemos dejar de analizar y cuestionar, debido a que en su devenir hemos encontrado muchas inconformidades que señalan que la propuesta regional educativa fracasó rotundamente. El sistema de sedes regionales de la Universidad del Valle ha caducado porque, aún habiéndose ganado la reivindicación de los estudiantes, no cuenta con una partida presupuestal real que sufrague todos los gastos.

Estampilla y construcción de sedes
Otros temas igual de importantes como la inversión de la estampilla y la construcción de las sedes aún están en veremos; una estampilla que fue creada para garantizar el desarrollo y la inversión en cada una de las sedes regionales, con aplicación de manera especifica, fue redireccionada a cubrir la deuda generada por la crisis de Univalle del año 1998, ahí se perdió en el limbo el futuro y desarrollo de las sedes. Y es cuando debe preguntarse en todos los Concejos municipales donde hay presencia de la Univalle, ¿dónde están las platas recaudadas en los municipios por concepto de estampilla para beneficio de las sedes regionales y sus estudiantes? ¿qué pasó con la condonación o renegociación de la deuda planteada por la administración de la universidad a los bancos? Recordemos que dicha pignoración (pago en empeño) está hasta el año 2008, en pagos constantes de miles y miles de millones de pesos (1) que no permiten que en Univalle exista una real inversión.

En el caso de la construcción de las sedes de la Univalle en los municipios, encontramos que no hay ningún tipo de avance concreto que evidencie que por fin, después de tanta especulación y falsas expectativas, la comunidad va a poder contar con la concreción de una infraestructura propia y digna para la formación idónea de los estudiantes regionales presentes en los municipios del Valle del Cauca y Santander de Quilichao en el Cauca, aunque esta última sede está aún más jodida –pertinente expresión- que las demás por no ser ni chicha ni limo’na. Pero lo cierto es que los estudiantes y las comunidades norte caucanas se han identificado más con el Valle del Cauca y con nuestra Univalle, y ahí la administración de la universidad tiene que poner todo su empeño para no dejarlos a la vera del camino -o mejor tirados a su propia suerte-. Por tanto, los vallecaucanos debemos estar pendientes de que esto no suceda e invitarlos a la anexión de nuestro territorio, porque en el Cauca no han tenido ni pasado, ni presente ni futuro social, político e histórico (2). Es decir, tendremos que realizar una gran movilización para reivindicarnos y superar este lastre histórico.

Precisamente, luego de la admirable gesta realizada por todos los sectores democráticos aún presentes en la Universidad del Atlántico (Estudiantes, Trabajadores, Profesores y el pueblo en general), los estamentos de la Universidad del Valle por iniciativa de los estudiantes, hemos decidido asumir la tarea de movilizarnos y exigir una partida presupuestal al gobierno nacional, que logre superar la crisis histórica que otros no quisieron o no les dio la gana hacer. En ese sentido, desde ahora convocamos a todo el pueblo caleño, vallecaucano, norte caucano, del litoral pacifico, del eje cafetero y por supuesto a todos los estudiantes, profesores y trabajadores, gobierno departamental, municipales y directiva de la Universidad, para que se sumen a esta agitación y movilización que tendrá como fin estar en Santafé de Bogotá DC, los días 08, 09 y 10 de Noviembre de 2006, para exigir un presupuesto digno al gobierno nacional, para el normal y adecuado funcionamiento de las sedes regionales de la Universidad del Valle. Y si la administración de la Universidad no ha sido capaz de dar la cifra a exigir, a pesar de contar con un pseudo plan de desarrollo reciente, entonces los estudiantes, profesores y trabajadores la exigiremos.

“El fin de la opresión comienza cuando la juventud se organiza”.

Notas
* Teodoro Rodríguez es Administrador de Empresas y actualmente cursa Licenciatura en Historia en la Universidad del Valle.
(1) Sería oportuno que el estudiantado, en pleno uso de su derecho constitucional a la información, se diera a la tarea de investigar cuáles y en qué monto han sido las erogaciones realizadas por la universidad a la banca en estos últimos 8 años por dar sólo un ejemplo, y ahí nos daremos cuenta del porqué de la crisis de las sedes regionales de la Universidad del Valle.
(2) Mírese la historia del Gran Cauca o de la Gobernación de Popayán, o más recientemente la problemática suscitada con las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas.

El computador de ‘Jorge 40’

El “inventario delictivo” hallado dentro del computador del jefe paramilitar Rodrigo Tovar pupo, alias ‘Jorge 40’, solamente es la confirmación de algo que la justicia colombiana siempre ha sabido, pero jamás condenado. Desde el año 2000, hay pruebas contundentes en la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación que comprometen a congresistas, militares, y empresarios colombianos con el paramilitarismo, así como también aparecen vinculadas multinacionales como Chiquita Brands, antes conocida como “The United Fruit Company” y recordada por su responsabilidad en la masacre de las bananeras en 1928. Las pruebas se componen de documentos, cheques y grabaciones telefónicas que hoy, seis años después, reposan archivadas en la impunidad.

Senadores como Álvaro García Romero, Jairo Enrique Merlano, y el Representante a la Cámara Erick Morris, a pesar de las pruebas, aún continúan libres gozando de los bienes y todo el dinero acumulado gracias a la corrupción y el poder militar desplegado por sus socios políticos y comerciales del paramilitarismo.

Esto conllevó a que el día 18 de octubre de 2006, se adelantara en el Congreso de la República un debate citado por el Polo Democrático Alternativo, partido político que presentó pruebas donde se constata que los paramilitares han asesinado a cerca de 3000 personas desde el inicio del “proceso de paz” con el gobierno colombiano, así como también se muestra una estructura paramilitar renovada que continúa con el tráfico de droga y el control territorial por la imposición armada.

Qué devela el computador de ‘Jorge 40’

1-. El proceso de paz entre el gobierno colombiano y los paramilitares es una farsa que en dos años ha costado a los colombianos la cifra de 100 millones de dólares, dinero que sale de nuestros impuestos.

2-. Un alto porcentajes de las personas que se han “desmovilizado” no hacen parte de la estructura del paramilitarismo, es decir, no son paramilitares.

3-. Poder político, narcotráfico, y paramilitarismo, vienen actuando de manera coordinada para gobernar bastas regiones del país, obviamente, masacrando a campesinos y opositores políticos, mientras se enriquecen a través de la corrupción gubernamental y las tierras quitadas a los campesinos.

4-. La estructura del paramilitarismo está intacta, y renovada con la aparición de nuevos jefes paramilitares.

5-. Gran parte de los paramilitares “desmovilizados” hacen parte de una estrategia de control sobre los centros urbanos. A manera de informantes o vigilantes de cuadra, recopilan información y señalan a activistas y opositores políticos que luego son asesinados o involucrados, a través de montajes y falsos testimonios, con grupos insurgentes.

6-. Los discursos y ojos permisivos del gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, así como gran parte de la comunidad internacional, han sido cómplices de un proceso que no busca la paz sino la impunidad. La OEA (Organización de Estados Americanos) y la ONU (Organización de Naciones Unidas), organismos internacionales que a veces se muestran críticos del proceso, no han tomado resoluciones serias para impedir que esta farsa siga desarrollándose.

Espacio público y contaminación visual*

Lejano a la cultura y distante de los

problemas sociales puede considerarse aquello que la ley denomina “espacio público”, pues aunque la legislación colombiana trate de incluir medidas para la protección y defensa de los “elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos” de la sociedad, lo cierto es que la aplicación de la ley, por lo regular, está encaminada a mediar para el favorecimiento de los intereses económicos de consorcios y grupos financieros ligados a la clase política que gobierna nuestro país.

Vendedores ambulantes, la señora que vende arepas o fritanga, los que trabajan con sus carritos de cholados, los que sobreviven con la venta de minutos de celular, etc., están en desventaja ante una economía de mercado que favorece a los inversionistas más poderosos, y a merced de quienes legislan para castigar a millones de colombianos que tratan de subsistir en medio de las desigualdades y descomposición social que históricamente los gobiernos vienen dejando en nuestro país.

Leyes, decretos, resoluciones, actos legislativos y administrativos, son cómplices de hacer del espacio público un lugar para el lucro de sectores privados cuyas inversiones descomunales, y favores políticos, se imponen para eliminar a “la competencia”.

En este sentido, resulta de suma importancia prestar atención y reflexionar un poco sobre lo que representa la aplicación de normas regulatorias para la “contaminación visual” dentro de la denominada “área de conservación urbanística” (1) del municipio de Palmira, puesto que el tema está íntimamente relacionado con el manejo del espacio público.

Primero que todo es de anotar que el “área de conservación urbanística” está estratégicamente delimitada para albergar al sector comercial del municipio; en otras palabras, es una política que, bajo la excusa de proteger el patrimonio histórico y el paisaje urbano, se diseñó para garantizar el desarrollo comercial del sector privado de esa zona, espacio público donde el monopolio del comercio, en algunos años, quedará concentrado en unas pocas manos, en poder de inversionistas con fuertes capitales financieros que desplazarán tanto a vendedores ambulantes como a comerciantes palmiranos que poco a poco estarán siendo conducidos a la ruina.

Desde este punto de vista, que el Concejo de Palmira esté hablando de “contaminación visual”, significa que se están dando los primeros pasos de una serie de recursos legislativos que poco a poco irán apareciendo para agotar, asfixiar y, finalmente, acabar con pequeños locales comerciales del centro de la ciudad, pequeños negocios cuyos propietarios (si lo son) tendrán que desaparecer para que los inversionistas hagan emerger enormes edificios y centros comerciales donde la contaminación visual se efectúa de manera interna y no en los exteriores.

Una pregunta final
¿El “área de conservación urbanística” es un espacio público que invita a los jóvenes (y adultos) a reflexionar sobre la memoria de nuestros ancestros? Es momento de preguntarnos si los palmiranos nos sentimos identificados con el “paisaje urbano” del municipio, porque Palmira se convirtió en un lugar donde se contemplan monumentos que han sido despojados de su historia y contexto cultural, un territorio donde la contaminación no la hacen las vallas publicitarias, los parasoles, o los graffitis. La contaminación en nuestro municipio está impuesta por el olvido, por la condena de vivir sin memoria.

Notas
*El presente artículo ha sido motivado por Carlos Alberto Franco y Manuel Fernando Muñoz, quienes a través de correos electrónicos han dado a conocer sus opiniones y reflexiones frente al Acuerdo 041 de 2005 del Concejo de Palmira, expedido para regular la publicidad exterior para el “área de conservación urbanística”
(1)El área de conservación urbanística está comprendida desde la carrera 24 hasta la carrera 33ª, y desde la calle 28 a la calle 33.

Congresista palmirano arremete contra el trabajo de los necesitados

Palmira sin infamia a favor del trabajo de los necesitados
El (palmirano) Representante a la Cámara por el Valle del Cauca Carlos Fernando Motoa Solarte, del partido político Cambio Radical, actualmente adelanta una campaña legislativa que va en contra de los intereses de los más necesitados, intereses de sectores de nuestra sociedad que cada vez están más cerca de la indigencia y que por la vía del trabajo informal se resisten a morirse de hambre. A continuación reproducimos el comunicado de las asociaciones que denuncian la actuación de este congresista palmirano.

EL REPRESENTANTE MOTOA SOLARTE DEJARIA A VENDEDORES DE MINUTOS

"SIN COMIDA"

Con preocupación, los vendedores de minutos de Bucaramanga, Palmira, el Valle del Cauca, Popayán y en general de Colombia, nos enteramos por el diario EL TIEMPO, del pasado martes 24 de octubre, página 2ª, que el Representante a la Cámara por el Valle del Cauca, CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE, perteneciente al partido uribista CAMBIO RADICAL, los podría dejar "sin comida".

Carlos Fernando Motoa Solarte, es partidario de mantener los controles actuales sobre los celulares, es decir, que la policía y los organismos secretos del estado, continúen incautando celulares de manera indiscriminada, tal como lo venían haciendo hasta antes de entrar en vigencia la ley 1032/06, autoridades que abusaban de su posición ante los vendedores de minutos.

Carlos Fernando Motoa Solarte, desconoce cuáles han sido las propuestas presentadas a la mesa de concertación creada en la Comisión Sexta del Senado de la República que, entre otras, conlleva censos y reconocimientos de los celulares que poseen los vendedores de minutos celular, quienes además se deberán agremiar y/o asociar para ejecutar su labor.

Esperamos que la Cámara de Representantes, en su sabiduría y responsabilidad social, avale el proyecto de ley presentado por el Senador LUIS FERNANDO VELASCO, excluyendo la expresión "PERSONAL E INTRANSFERIBLE", que figura en la ley de orden público la cual prohíbe que una madre preste hasta a su hijo su celular.

Son millones de colombianos los que derivan su sustento de esta digna labor. No somos culpables de la situación económica y social por la cual el país ha atravesado; somos víctimas de la politiquería y la corrupción, que en Colombia – y Palmira no es la excepción, fortín del clan Motoa -, se ha venido presentando, por falta de políticas e inversión social.

Le solicitamos al Representante Carlos Fernando Motoa Solarte, que no criminalice la pobreza.

SINCOMICEL

Marco T. Mellizo
Cauca.

SINCOTCELVA

Elety Ortiz S.

Bucaramanga, S.

SINCOTCELVA

Ciro Salcedo

Valle del Cauca.

Concejos municipales, ¿sí sirven?

Por: Carlos Alberto Franco*

francodemalatesta@yahoo.com

El ciudadano corriente vive preocupado por la eficiencia y eficacia de quienes administran y gestionan lo público, porque no ven cambios en las costumbres políticas, transformaciones profundas en la manera de encarar el desarrollo urbano y propuestas innovadoras para construir ciudad con todos los actores de la vida parroquial: empresarios y trabajadores, estudiantes y docentes, agricultores y jornaleros, médicos y enfermos. Nos preguntamos ¿Sirven las corporaciones públicas y los concejos, la Contraloría y la Personería , las JAL (Juntas Administradoras Locales) y las JAC (Juntas de Acción Comunal)? La respuesta, respecto a nuestro Concejo Municipal, es defraudante – no tanto porque no tenga funciones y amplias responsabilidades con el pueblo que lo elige -, sino porque el desempeño de tantos “honorables” (19 para Palmira) es menguado, marginal e irrelevante. Del estudio y aprobación del presupuesto anual de ingresos, gastos e inversión, no pasa. Esa herramienta esencial para redistribuir riqueza, es una colcha de retazos: partidas aquí y allá, que reflejan politiquería al menudeo; bombones a unos y chupetas iniciales a otros; promesas a los incautos y aplazamiento de lo “importante”, para abordar solo lo “urgente”. Si revisamos la ley 136 de 1994 (régimen, funciones, principios rectores, competencias, y ante todo las atribuciones de esa corporación política en sus articulos 21 a 42), vemos que son amplias y determinantes para el desarrollo local: policía, citación a funcionarios, tránsito y transportes, contratación, delegación en juntas, establecimiento de impuestos, preservación del patrimonio cultural, reglamentos urbanos, valorización, órganos de control, presupuesto, estímulos tributarios, usos del suelo, delegaciones a las JAL, elección de funcionarios, reformas a plantas de cargos, control político, espacio público, ordenamiento territorial, subsidios de servicios, creación de empresas mixtas y eice’s, cabildos abiertos etc. Más competencias, ni pensarlo. Tienen tanto oficio, que generalmente terminan por incumplir o solo cumplir a medias. Cuando una corporación como el Concejo – que refleja en su composición a todos los especimenes de la clase política con sus limitaciones de información, estudio a fondo de la problemática social, carencia de proyectos ambiciosos y mezquinos convenios con alcaldes que “corrompen” su independencia y autonomía critica -, llegamos a una conclusión: la democracia local es una farsa y una entelequia que aparenta legitimidad y que no controla, no promueve y no lidera. ¿Son todos los Concejos iguales? No. Bogotá y Medellín, Pasto y Popayán, Salento y Villa de Leyva – por nombrar algunos -, son ciudades en las cuales se lucha por el control y el buen uso del territorio y la posibilidad de recrearlo, la mejor postura en educarlo y la necesidad permanente en estimular a quienes lo habitan, pagan sus impuestos y generan valor agregado(1). ¿Quiénes se colocan la camiseta para lograrlo? Ante todos sus concejales. La ejecución corresponde al alcalde y la planeación, normatividad, evaluación y control expost, es competencia del Concejo.

Unas preguntas para los concejales Chávez y Moncayo, Luna y Muñoz, Reyes Kuri y Arboleda: ¿Cuándo se aprueba el “plan maestro del espacio público”? ¿Cómo se delimitarán las competencias municipio – CVC para invertir $3.500 millones / año, provenientes de la sobretasa ambiental? ¿Cómo se aprobará el Plan Vial de Tránsito y Transporte si se crea un estatuto de valorización? ¿Se exigirá perentoriamente a Acuaviva que invierta siquiera el 50% de las obras del II plan maestro? ¿Con quienes se elaborará la reestructuración del Plan de Cultura, defensa del patrimonio arquitectónico y creación del museo antropológico de la cultura Malagana? ¿Cómo se concluirá la etapa final del Hospital San Vicente? ¿Será posible la zona franca turística y el parque Ilama? Siete problemas que requieren respuestas concretas. Mi aforista de cabecera sentenció que “entre la obra lograda y la obra fallida no existe diferencia que la razón esclarezca, sino la distancia que el espíritu constata”. Si por sus obras los conoceréis, señores concejales, Palmira quiere acción!!!

Palmira, Octubre 9 de 2006

Notas

*Carlos Alberto Franco es Arquitecto de profesión y actualmente hace parte de la veeduria ciudadana "Despierta Palmira". Durante algún tiempo colaboró para el semanario "Palmira Hoy", publicación de la cual salío por presiones políticas (censura); también ha publicado en el medio independiente de Humor-Político y crítico del municipio de Palmira "El Aguijon" , dirigido por la Doctora Deisy Idalia Calderón
(1) Es de anotar que los concejos municipales de estas ciudades son más activos, pero de igual manera también es de aclarar que ello no garantiza la buena distribución y empleo de los dineros públicos. (Comentario de Palmira sin infamia)

La EPSA saquea de distintas formas

Las veedurías ciudadanas hablan en Palmira sin infamia
La veeduría ciudadana “Despierta Palmira 2000” detalla el incumplimiento del contrato de concesión de alumbrado público, suscrito entre el municipio de Palmira y el Consorcio EPSA-PHILIPS. Frente a esta situación el Abogado Eduardo Alfonso Correa adelantó una Acción Popular ante el Consejo de Estado colombiano.

ACCION POPULAR AL MUNICIPIO DE PALMIRA Y EPSA – PHILIPS (I)

Carlos A. Franco; Manuel F. Muñoz
Veeduría ciudadana “Despierta Palmira 2000”

En la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, se surtirá el fallo a la Acción Popular interpuesta contra el municipio de Palmira, por el abogado Eduardo Alfonso Correa, al firmar contrato aquel, con el Consorcio EPSA – PHILIPS para la prestación del servicio de alumbrado público (contrato de concesión No. 063-97, gestión alcalde Cabal Vélez). El diario, “El País” el día 16 de octubre de 2006, publicó texto del Consejo de Estado, en el cual insta a la comunidad palmirana – y por ende a su alcalde, quien la representa -, para que alegue a favor de los intereses de toda la colectividad en relación con la demanda en curso, por un contrato lesivo para el municipio, esperando los palmiranos que el alcalde Castro González se pronuncie en su defensa.

¿Qué incumplió el Consorcio EPSA – PHILIPS, del contrato de alumbrado público?

La veeduría tuvo acceso al oficio No. SOP-AP-046-02 de abril 06/2002, emanado del interventor del municipio y responsable de que el concesionario diera cumplimiento al mismo, (gestión alcalde Motoa Kuri) y encontró 14 ítems incumplidos por EPSA – PHILIPS. Dicha comunicación dirigida al H. Concejo Municipal, para dar respuesta a la proposición No. 0433 (sesión de abril 2/2002), el interventor deja en evidencia protuberantes fallas del contratista. ¿Qué sucedió luego? nada!! ni el Concejo actuó, ni el municipio (gestión Motoa Kuri) renegoció y/o demandó el contrato. A continuación, apartes de la comunicación del interventor: (...)

2.Partes del contrato 063-97 incumplidos por el concesionario:

2.1 Indexación mensual de la tarifa de energía para el alumbrado público cobrada por EPSA S.A. E.S.P., durante la ejecución del contrato, desde el inicio hasta la fecha de hoy. Lo anterior va en contravía de lo establecido en el numeral 1.1 de la cláusula cuarta.

2.2 Negativa del concesionario de suministrar el servicio de mantenimiento a los semáforos de la ciudad, a pesar de ser incluidos dentro del paquete de operación y mantenimiento que mensualmente se le cobra al municipio, y a pesar de que la energía consumida por los mismos ha sido cobrada por EPSA, durante la ejecución del contrato de concesión.

2.3 Mala aplicación del acuerdo No. 055, emanado por el Honorable Consejo Municipal de Palmira, el 21 de diciembre de 1998, error por el cual se cobran a los usuarios valores de más, en unos casos y valores de menos en otros.

2.4 A pesar de que el suministro de energía eléctrica para el alumbrado público, no se entrega a la totalidad de las luminarias, debido a que un alto porcentaje de ellas se encuentran fuera de servicio, desde el inicio del contrato en julio de 1997 hasta la fecha, el concesionario cobra el 100% del suministro como si funcionaran a plenitud.

2.5 En cuanto al recaudo mensual de la tasa de alumbrado público, establecido con base en la aplicación del acuerdo 055 de diciembre /98 y facturado por EPSA, el municipio de Palmira no ha podido establecer ningún tipo de mecanismo, con base en el cual se realice cualquier auditoria a lo recaudado realmente y a la cartera que se origine, a pesar de ingentes esfuerzos en tal sentido realizados por la anterior interventoría y la actual.

2.6 El numeral 1 de la cláusula cuarta no se cumple totalmente puesto que el dispositivo de control que enciende las luminarias solo permite el suministro de energía al alumbrado público después de las 6:30 P.M, en promedio y no desde las 6:00 P.M., y en las mañanas se apagan a las 5:45 A.M, en promedio. El numeral 1.3 de la cláusula cuarta no se cumple. La Modalidad “pague lo consumido” debe contemplar un indicador de las luminarias fuera de servicio, para ser descontadas del pago de energía en la facturación mensual.

2.7 El numeral 1.5 no se cumple, ya que en cada periodo de facturación, la carga instalada no se actualiza con base en censos de carga. Este mecanismo de revisión periódica de la carga instalada, no ha sido aceptado por el Concesionario, quien a pesar de las glosas efectuadas por esta interventoría, continúa cada mes descontándose para sí, el consumo de energía de la totalidad de las luminarias.

2.8 El numeral 2 de la cláusula cuarta no se cumple.

2.9 El numeral 3 de la cláusula cuarta no se cumplió a cabalidad. Las 6.646 luminarias de 150 vatios fueron ofertadas de marca Philips, pero en realidad se instalaron en su gran mayoría otras de marca diferente y de menor calidad.

2.10 El numeral 1 de la cláusula séptima no se cumple. Por lo menos el 35% de las luminarias instaladas en la zona rural montañosa están fuera de servicio, mientras que la zona rural plana sólo es atendida en la medida en que esta interventoría lo exija presentándose un 25% de luminarias fuera de servicio.

2.11 El literal b) del numeral 2 de la cláusula séptima no se cumple en su totalidad. Si bien es cierto que tres parejas se dedican a la prestación del servicio a nivel operativo, en el flujo financiero se cobran mensualmente seis.

2.12 El literal c) del numeral 2 de la cláusula séptima no se cumple en su totalidad. El personal que recibe las quejas de los usuarios del alumbrado público es el mismo que labora para la EPSA E.S.P. en la recepción de daños del sector eléctrico. Pero esta disminución de personal no se ve reflejada en una disminución de costos, por el contrario, se siguen cobrando como si laboraran exclusivamente para alumbrado público.

2.13 La cláusula novena es violada indiscriminadamente. Mientras que esta cláusula establece que el valor del contrato 063-97 es de cuantía indeterminada y que cada ítem del flujo financiero deberá ser ajustado con base en indicadores reales de la economía colombiana, el Concesionario ha estado cobrando los mismos valores del primer flujo financiero proyectado entregado con la oferta. Todo lo anterior, a pesar del dictamen suministrado en el laudo arbitral de dic. 01

2.14 El numeral 2 de la cláusula décima cuarta no se cumple. En dos ocasiones esta interventoria ha intentado conocer las localidades donde funciona, supuestamente las oficinas del alumbrado público en Palmira. En ambas ocasiones se le ha negado el acceso por orden directa del representante legal del Concesionario. (...)

Una pregunta final de la veeduría ciudadana: ¿Cuándo el Concejo y el alcalde, defenderán los intereses públicos, no privilegiando intereses económicos privados de las multinacionales?

Próximamente, II parte.

francodemalatesta@yahoo.com
manferoz@yahoo.com

Palmira, Octubre 19 de 2006

Coordinación Campesina del Valle del Cauca y la EPSA

Los campesinos tienen voz en Palmira sin infamia
Palmira es uno de tantos municipios afectado por los altos cobros que la EPSA efectúa a los habitantes de todos los estratos del municipio. Pero este es sólo un aspecto del problema, como lo demuestra la “Coordinación Campesina del Valle del Cauca”, organización social que actualmente adelanta una campaña contra la transnacional UNIÓN FENOSA, dueños de la EPSA, y cuya expansión desmedida amenaza los bolsillos y el patrimonio nacional de los colombianos. A continuación reproducimos su comunicado íntegro.

LA COORDINACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL CAUCA
campesinosvalle@yahoo.es

En vista de la iniciativa de la empresa EPSA S.A. de construir hidroeléctricas en territorios campesinos del departamento, como son: La del río Bugalagrande en la vereda Maulen, la del río Tulúa en la desembocadura del río San Marcos corregimiento de Monte Loro, la del río Guabas en el municipio de Ginebra y la del río Amaime en Palmira; consideramos importante alertar a las organizaciones sociales, populares y comunitarias sobre las implicaciones políticas, ambientales y económicas que dicha situación trae para todos, en tanto significan la entrega de nuestros ríos para la explotación privada y la pérdida del acceso a los mismos como fuentes de abastecimiento para el consumo doméstico y agrícola del pequeño productor campesino.

Desde que la función pública de suministrar y generar la energía eléctrica fue entregada al sector privado como una nueva fuente de riqueza, nuestros territorios campesinos con sus ríos se convirtieron en el nuevo objetivo de las empresas transnacionales para su explotación y saqueo, pasando por encima de las comunidades locales tal como sucedió ya con la liberación de sedimentos en la Represa de Calima por parte de la EPSA, que trajo muerte y pobreza a los pobladores afrodescendientes ubicados en esa cuenca.

Teniendo en cuenta los antecedentes de esta empresa y la complicidad proporcionada por la autoridad ambiental regional (C.V.C con sus oficinas en Tulúa y Palmira), que no ofrecen garantías para el respeto de los derechos ambientales, sociales, económicos, políticos y culturales de las comunidades rurales, consideramos importante, entonces, hacer un llamado a los campesinos, indígenas y afrodescendientes del departamento, especialmente a quienes habitan en las zonas donde se construirán las hidroeléctricas, a que no acepten, por ningún motivo, las migajas con que la EPSA viene presentando dichos proyectos, argumentando que son una oportunidad de “desarrollo” y “progreso” para la comunidad, cuando en realidad sólo significan despojo, destierro, y privatización de nuestro patrimonio natural.

Y para mostrar que la “oveja” no es más que un “lobo disfrazado”, debemos conocer:

¿Quién es la EPSA S.A.?

La llamada Empresa de Energía del Pacífico S.A. (EPSA) es una fachada de la multinacional UNIÓN FENOSA, que a su vez hace parte de una estrategia europea para adueñarse de los mercados que nacen a partir del control de recursos importantes como el agua y la biodiversidad abundantes en Latinoamérica, en los que el capital español tiene una rápida expansión en el país. Unión FENOSA adquirió a finales del 2000 a la empresa estadounidense Reliant, las electrificadotas Electro Costa y Electricaribe de Barranquilla y Cartagena, y luego la empresa de electricidad del Valle del Cauca EPSA; pero además tiene inversión en México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Bolivia, Uruguay, República Dominicana, España, Inglaterra (acueductos), distribución y producción de gas y energía, incluidas centrales nucleares. Otras empresas del grupo Unión FENOSA están en el área del petróleo, construcción, minería y finca raíz.

¿Quiénes son los dueños de Unión FENOSA?

Unión FENOSA pertenece entre otros muchos accionistas de origen europeo, al Banco Bilbao Vizcaya, hoy BBVA y al BSCH Banco Santander presentes en Colombia.

¿Cuántas son sus ganancias?

La multinacional UNION FENOSA, que incluye a la EPSA, reportó para el año 2002 ganancias totales de sus negocios en el mundo por un valor de $76.403 millones de euros, lo cual corresponde a una suma de 229.209 millones de pesos colombianos.

Pero como sino fuera poco, la EPSA (UNION FENOSA) ha conseguido vincular las hidroeléctricas que va ha construir en nuestros territorios al floreciente “mercado del carbono”, con lo cual podrá vender bonos o certificados de “no emisión” del gas contaminante (CO2), que le representarán más ganancias por ofrecérselos a países que necesitan cumplir con sus metas de acuerdo a lo pactado internacionalmente en el Protocolo de Kyoto. Es decir, las hidroeléctricas dejan plata por la venta de la energía eléctrica generada y por ser obras promovidas como no contaminantes del planeta. Sin embargo, las consecuencias ambientales y sociales que traen recaen sobre los hombros de los campesinos y sus territorios.

DENUNCIAMOS QUE LA EPSA (UNIÓN FENOSA) VIENE COMETIENDO:

Violación de Derechos Humanos
Tanto la multinacional Unión FENOSA, como su hija EPSA S.A., vienen cometiendo violaciones permanentes de los derechos humanos en Colombia, Zona Caribe y Valle del Cauca, representados en pérdida de derechos de los usuarios, trasgresión de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, al no respetar la autonomía territorial de las comunidades del Valle del Cauca y su derecho histórico sobre los ríos y otras fuentes de agua ubicadas en sus parcelas, y desacato e irrespeto a los derechos de los trabajadores sindicalizados mediante su despido y señalamiento.

Engaño a la comunidad
Porque la construcción de hidroeléctricas a filo de agua, es decir que no van a inundar grandes extensiones de tierra, en los territorios campesinos de la cordillera central, son presentados como obras “amigables” con el ambiente, pero en realidad producen daños a largo plazo sobre la fauna y la flora de la zona puesto que destruyen sus habitats naturales, aumentan el riesgo de erosión y deslizamientos, y los túneles que realizan para conducir el agua afectan los nacimientos.

Porque estas obras no generan solución a la problemática social y económica de la comunidad campesina, sino que por el contrario agudizan su situación de empobrecimiento al robárseles un bien común (el agua) para generar más ganancias al capital privado.

La energía que será generada en estas centrales hidroeléctricas no tiene el objetivo de suplir una deficiencia de la misma en el departamento, sino fortalecer el negocio de su exportación hacia países vecinos.

PROPONEMOS

-.Que se respete la Autonomía Territorial de los campesinos ubicados en las cordilleras, mediante el reconocimiento de sus territorios como Zonas de Reserva Campesina.

-.Descartar la construcción de Hidroeléctricas al Filo de Agua, porque constituyen una estrategia de apropiación y dominación privada de los territorios campesinos y del Patrimonio Natural que pertenece a todos los vallecaucanos.

-.Que se elaboren Planes de Manejo Adecuado y No Destructivo de “bienes” naturales como el agua y la biodiversidad, por parte de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes con una metodología que respete su cultura y el uso tradicional de estos elementos.

Por estas razones hacemos un llamado a las comunidades del departamento para que rechacen la iniciativa de privatizar los ríos, promovida por la EPSA y CVC en complicidad de otros entes estatales y privados como INCODER, alcaldías municipales, ASOCAÑA, Federación de Cafeteros, Centro Aguas S.A., ACUAVIVA S.A., entre otras. Así mismo, para que defiendan la autonomía de sus territorios mediante la desobediencia frente a la realización de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCH), que vienen realizando el CINARA y el CIDSE de la Universidad del Valle.