lunes, octubre 30, 2006

Congresista palmirano arremete contra el trabajo de los necesitados


Palmira sin infamia a favor del trabajo de los necesitados
El (palmirano) Representante a la Cámara por el Valle del Cauca Carlos Fernando Motoa Solarte, del partido político Cambio Radical, actualmente adelanta una campaña legislativa que va en contra de los intereses de los más necesitados, intereses de sectores de nuestra sociedad que cada vez están más cerca de la indigencia y que por la vía del trabajo informal se resisten a morirse de hambre. A continuación reproducimos el comunicado de las asociaciones que denuncian la actuación de este congresista palmirano.



EL REPRESENTANTE MOTOA SOLARTE DEJARIA A VENDEDORES DE MINUTOS
"SIN COMIDA"

Con preocupación, los vendedores de minutos de Bucaramanga, Palmira, el Valle del Cauca, Popayán y en general de Colombia, nos enteramos por el diario EL TIEMPO, del pasado martes 24 de octubre, página 2ª, que el Representante a la Cámara por el Valle del Cauca, CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE, perteneciente al partido uribista CAMBIO RADICAL, los podría dejar "sin comida".

Carlos Fernando Motoa Solarte, es partidario de mantener los controles actuales sobre los celulares, es decir, que la policía y los organismos secretos del estado, continúen incautando celulares de manera indiscriminada, tal como lo venían haciendo hasta antes de entrar en vigencia la ley 1032/06, autoridades que abusaban de su posición ante los vendedores de minutos.

Carlos Fernando Motoa Solarte, desconoce cuáles han sido las propuestas presentadas a la mesa de concertación creada en la Comisión Sexta del Senado de la República que, entre otras, conlleva censos y reconocimientos de los celulares que poseen los vendedores de minutos celular, quienes además se deberán agremiar y/o asociar para ejecutar su labor.

Esperamos que la Cámara de Representantes, en su sabiduría y responsabilidad social, avale el proyecto de ley presentado por el Senador LUIS FERNANDO VELASCO, excluyendo la expresión "PERSONAL E INTRANSFERIBLE", que figura en la ley de orden público la cual prohíbe que una madre preste hasta a su hijo su celular.

Son millones de colombianos los que derivan su sustento de esta digna labor. No somos culpables de la situación económica y social por la cual el país ha atravesado; somos víctimas de la politiquería y la corrupción, que en Colombia – y Palmira no es la excepción, fortín del clan Motoa -, se ha venido presentando, por falta de políticas e inversión social.

Le solicitamos al Representante Carlos Fernando Motoa Solarte, que no criminalice la pobreza.
SINCOMICEL
Marco T. Mellizo
Cauca.
SINCOTCELVA
Elety Ortiz S.
Bucaramanga, S.
SINCOTCELVA
Ciro Salcedo
Valle del Cauca.

jueves, octubre 26, 2006

Concejos municipales, ¿sí sirven?

Por: Carlos Alberto Franco*

El ciudadano corriente vive preocupado por la eficiencia y eficacia de quienes administran y gestionan lo público, porque no ven cambios en las costumbres políticas, transformaciones profundas en la manera de encarar el desarrollo urbano y propuestas innovadoras para construir ciudad con todos los actores de la vida parroquial: empresarios y trabajadores, estudiantes y docentes, agricultores y jornaleros, médicos y enfermos. Nos preguntamos ¿Sirven las corporaciones públicas y los concejos, la Contraloría y la Personería , las JAL (Juntas Administradoras Locales) y las JAC (Juntas de Acción Comunal)? La respuesta, respecto a nuestro Concejo Municipal, es defraudante – no tanto porque no tenga funciones y amplias responsabilidades con el pueblo que lo elige -, sino porque el desempeño de tantos “honorables” (19 para Palmira) es menguado, marginal e irrelevante. Del estudio y aprobación del presupuesto anual de ingresos, gastos e inversión, no pasa. Esa herramienta esencial para redistribuir riqueza, es una colcha de retazos: partidas aquí y allá, que reflejan politiquería al menudeo; bombones a unos y chupetas iniciales a otros; promesas a los incautos y aplazamiento de lo “importante”, para abordar solo lo “urgente”. Si revisamos la ley 136 de 1994 (régimen, funciones, principios rectores, competencias, y ante todo las atribuciones de esa corporación política en sus articulos 21 a 42), vemos que son amplias y determinantes para el desarrollo local: policía, citación a funcionarios, tránsito y transportes, contratación, delegación en juntas, establecimiento de impuestos, preservación del patrimonio cultural, reglamentos urbanos, valorización, órganos de control, presupuesto, estímulos tributarios, usos del suelo, delegaciones a las JAL, elección de funcionarios, reformas a plantas de cargos, control político, espacio público, ordenamiento territorial, subsidios de servicios, creación de empresas mixtas y eice’s, cabildos abiertos etc. Más competencias, ni pensarlo. Tienen tanto oficio, que generalmente terminan por incumplir o solo cumplir a medias. Cuando una corporación como el Concejo – que refleja en su composición a todos los especimenes de la clase política con sus limitaciones de información, estudio a fondo de la problemática social, carencia de proyectos ambiciosos y mezquinos convenios con alcaldes que “corrompen” su independencia y autonomía critica -, llegamos a una conclusión: la democracia local es una farsa y una entelequia que aparenta legitimidad y que no controla, no promueve y no lidera. ¿Son todos los Concejos iguales? No. Bogotá y Medellín, Pasto y Popayán, Salento y Villa de Leyva – por nombrar algunos -, son ciudades en las cuales se lucha por el control y el buen uso del territorio y la posibilidad de recrearlo, la mejor postura en educarlo y la necesidad permanente en estimular a quienes lo habitan, pagan sus impuestos y generan valor agregado(1). ¿Quiénes se colocan la camiseta para lograrlo? Ante todos sus concejales. La ejecución corresponde al alcalde y la planeación, normatividad, evaluación y control expost, es competencia del Concejo.

Unas preguntas para los concejales Chávez y Moncayo, Luna y Muñoz, Reyes Kuri y Arboleda: ¿Cuándo se aprueba el “plan maestro del espacio público”? ¿Cómo se delimitarán las competencias municipio – CVC para invertir $3.500 millones / año, provenientes de la sobretasa ambiental? ¿Cómo se aprobará el Plan Vial de Tránsito y Transporte si se crea un estatuto de valorización? ¿Se exigirá perentoriamente a Acuaviva que invierta siquiera el 50% de las obras del II plan maestro? ¿Con quienes se elaborará la reestructuración del Plan de Cultura, defensa del patrimonio arquitectónico y creación del museo antropológico de la cultura Malagana? ¿Cómo se concluirá la etapa final del Hospital San Vicente? ¿Será posible la zona franca turística y el parque Ilama? Siete problemas que requieren respuestas concretas. Mi aforista de cabecera sentenció que “entre la obra lograda y la obra fallida no existe diferencia que la razón esclarezca, sino la distancia que el espíritu constata”. Si por sus obras los conoceréis, señores concejales, Palmira quiere acción!!!
Palmira, Octubre 9 de 2006
Notas
*Carlos Alberto Franco es Arquitecto de profesión y actualmente hace parte de la veeduria ciudadana "Despierta Palmira". Durante algún tiempo colaboró para el semanario "Palmira Hoy", publicación de la cual salío por presiones políticas (censura); también ha publicado en el medio independiente de Humor-Político y crítico del municipio de Palmira "El Aguijon" , dirigido por la Doctora Deisy Idalia Calderón
(1) Es de anotar que los concejos municipales de estas ciudades son más activos, pero de igual manera también es de aclarar que ello no garantiza la buena distribución y empleo de los dineros públicos. (Comentario de Palmira sin infamia)

lunes, octubre 23, 2006

La EPSA saquea de distintas formas

Las veedurías ciudadanas hablan en Palmira sin infamia
La veeduría ciudadana “Despierta Palmira 2000” detalla el incumplimiento del contrato de concesión de alumbrado público, suscrito entre el municipio de Palmira y el Consorcio EPSA-PHILIPS. Frente a esta situación el Abogado Eduardo Alfonso Correa adelantó una Acción Popular ante el Consejo de Estado colombiano.

ACCION POPULAR AL MUNICIPIO DE PALMIRA Y EPSA – PHILIPS (I)

Carlos A. Franco; Manuel F. Muñoz
Veeduría ciudadana “Despierta Palmira 2000”

En la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, se surtirá el fallo a la Acción Popular interpuesta contra el municipio de Palmira, por el abogado Eduardo Alfonso Correa, al firmar contrato aquel, con el Consorcio EPSA – PHILIPS para la prestación del servicio de alumbrado público (contrato de concesión No. 063-97, gestión alcalde Cabal Vélez). El diario, “El País” el día 16 de octubre de 2006, publicó texto del Consejo de Estado, en el cual insta a la comunidad palmirana – y por ende a su alcalde, quien la representa -, para que alegue a favor de los intereses de toda la colectividad en relación con la demanda en curso, por un contrato lesivo para el municipio, esperando los palmiranos que el alcalde Castro González se pronuncie en su defensa.

¿Qué incumplió el Consorcio EPSA – PHILIPS, del contrato de alumbrado público?

La veeduría tuvo acceso al oficio No. SOP-AP-046-02 de abril 06/2002, emanado del interventor del municipio y responsable de que el concesionario diera cumplimiento al mismo, (gestión alcalde Motoa Kuri) y encontró 14 ítems incumplidos por EPSA – PHILIPS. Dicha comunicación dirigida al H. Concejo Municipal, para dar respuesta a la proposición No. 0433 (sesión de abril 2/2002), el interventor deja en evidencia protuberantes fallas del contratista. ¿Qué sucedió luego? nada!! ni el Concejo actuó, ni el municipio (gestión Motoa Kuri) renegoció y/o demandó el contrato. A continuación, apartes de la comunicación del interventor: (...)

2.Partes del contrato 063-97 incumplidos por el concesionario:

2.1 Indexación mensual de la tarifa de energía para el alumbrado público cobrada por EPSA S.A. E.S.P., durante la ejecución del contrato, desde el inicio hasta la fecha de hoy. Lo anterior va en contravía de lo establecido en el numeral 1.1 de la cláusula cuarta.

2.2 Negativa del concesionario de suministrar el servicio de mantenimiento a los semáforos de la ciudad, a pesar de ser incluidos dentro del paquete de operación y mantenimiento que mensualmente se le cobra al municipio, y a pesar de que la energía consumida por los mismos ha sido cobrada por EPSA, durante la ejecución del contrato de concesión.

2.3 Mala aplicación del acuerdo No. 055, emanado por el Honorable Consejo Municipal de Palmira, el 21 de diciembre de 1998, error por el cual se cobran a los usuarios valores de más, en unos casos y valores de menos en otros.

2.4 A pesar de que el suministro de energía eléctrica para el alumbrado público, no se entrega a la totalidad de las luminarias, debido a que un alto porcentaje de ellas se encuentran fuera de servicio, desde el inicio del contrato en julio de 1997 hasta la fecha, el concesionario cobra el 100% del suministro como si funcionaran a plenitud.

2.5 En cuanto al recaudo mensual de la tasa de alumbrado público, establecido con base en la aplicación del acuerdo 055 de diciembre /98 y facturado por EPSA, el municipio de Palmira no ha podido establecer ningún tipo de mecanismo, con base en el cual se realice cualquier auditoria a lo recaudado realmente y a la cartera que se origine, a pesar de ingentes esfuerzos en tal sentido realizados por la anterior interventoría y la actual.

2.6 El numeral 1 de la cláusula cuarta no se cumple totalmente puesto que el dispositivo de control que enciende las luminarias solo permite el suministro de energía al alumbrado público después de las 6:30 P.M, en promedio y no desde las 6:00 P.M., y en las mañanas se apagan a las 5:45 A.M, en promedio. El numeral 1.3 de la cláusula cuarta no se cumple. La Modalidad “pague lo consumido” debe contemplar un indicador de las luminarias fuera de servicio, para ser descontadas del pago de energía en la facturación mensual.

2.7 El numeral 1.5 no se cumple, ya que en cada periodo de facturación, la carga instalada no se actualiza con base en censos de carga. Este mecanismo de revisión periódica de la carga instalada, no ha sido aceptado por el Concesionario, quien a pesar de las glosas efectuadas por esta interventoría, continúa cada mes descontándose para sí, el consumo de energía de la totalidad de las luminarias.

2.8 El numeral 2 de la cláusula cuarta no se cumple.

2.9 El numeral 3 de la cláusula cuarta no se cumplió a cabalidad. Las 6.646 luminarias de 150 vatios fueron ofertadas de marca Philips, pero en realidad se instalaron en su gran mayoría otras de marca diferente y de menor calidad.

2.10 El numeral 1 de la cláusula séptima no se cumple. Por lo menos el 35% de las luminarias instaladas en la zona rural montañosa están fuera de servicio, mientras que la zona rural plana sólo es atendida en la medida en que esta interventoría lo exija presentándose un 25% de luminarias fuera de servicio.

2.11 El literal b) del numeral 2 de la cláusula séptima no se cumple en su totalidad. Si bien es cierto que tres parejas se dedican a la prestación del servicio a nivel operativo, en el flujo financiero se cobran mensualmente seis.

2.12 El literal c) del numeral 2 de la cláusula séptima no se cumple en su totalidad. El personal que recibe las quejas de los usuarios del alumbrado público es el mismo que labora para la EPSA E.S.P. en la recepción de daños del sector eléctrico. Pero esta disminución de personal no se ve reflejada en una disminución de costos, por el contrario, se siguen cobrando como si laboraran exclusivamente para alumbrado público.

2.13 La cláusula novena es violada indiscriminadamente. Mientras que esta cláusula establece que el valor del contrato 063-97 es de cuantía indeterminada y que cada ítem del flujo financiero deberá ser ajustado con base en indicadores reales de la economía colombiana, el Concesionario ha estado cobrando los mismos valores del primer flujo financiero proyectado entregado con la oferta. Todo lo anterior, a pesar del dictamen suministrado en el laudo arbitral de dic. 01

2.14 El numeral 2 de la cláusula décima cuarta no se cumple. En dos ocasiones esta interventoria ha intentado conocer las localidades donde funciona, supuestamente las oficinas del alumbrado público en Palmira. En ambas ocasiones se le ha negado el acceso por orden directa del representante legal del Concesionario. (...)

Una pregunta final de la veeduría ciudadana: ¿Cuándo el Concejo y el alcalde, defenderán los intereses públicos, no privilegiando intereses económicos privados de las multinacionales?
Próximamente, II parte.

Palmira, Octubre 19 de 2006

sábado, octubre 14, 2006

Coordinación Campesina del Valle del Cauca y la EPSA

Los campesinos tienen voz en Palmira sin infamia
Palmira es uno de tantos municipios afectado por los altos cobros que la EPSA efectúa a los habitantes de todos los estratos del municipio. Pero este es sólo un aspecto del problema, como lo demuestra la “Coordinación Campesina del Valle del Cauca”, organización social que actualmente adelanta una campaña contra la transnacional UNIÓN FENOSA, dueños de la EPSA, y cuya expansión desmedida amenaza los bolsillos y el patrimonio nacional de los colombianos. A continuación reproducimos su comunicado íntegro.

LA COORDINACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL CAUCA
campesinosvalle@yahoo.es


En vista de la iniciativa de la empresa EPSA S.A. de construir hidroeléctricas en territorios campesinos del departamento, como son: La del río Bugalagrande en la vereda Maulen, la del río Tulúa en la desembocadura del río San Marcos corregimiento de Monte Loro, la del río Guabas en el municipio de Ginebra y la del río Amaime en Palmira; consideramos importante alertar a las organizaciones sociales, populares y comunitarias sobre las implicaciones políticas, ambientales y económicas que dicha situación trae para todos, en tanto significan la entrega de nuestros ríos para la explotación privada y la pérdida del acceso a los mismos como fuentes de abastecimiento para el consumo doméstico y agrícola del pequeño productor campesino.

Desde que la función pública de suministrar y generar la energía eléctrica fue entregada al sector privado como una nueva fuente de riqueza, nuestros territorios campesinos con sus ríos se convirtieron en el nuevo objetivo de las empresas transnacionales para su explotación y saqueo, pasando por encima de las comunidades locales tal como sucedió ya con la liberación de sedimentos en la Represa de Calima por parte de la EPSA, que trajo muerte y pobreza a los pobladores afrodescendientes ubicados en esa cuenca.

Teniendo en cuenta los antecedentes de esta empresa y la complicidad proporcionada por la autoridad ambiental regional (C.V.C con sus oficinas en Tulúa y Palmira), que no ofrecen garantías para el respeto de los derechos ambientales, sociales, económicos, políticos y culturales de las comunidades rurales, consideramos importante, entonces, hacer un llamado a los campesinos, indígenas y afrodescendientes del departamento, especialmente a quienes habitan en las zonas donde se construirán las hidroeléctricas, a que no acepten, por ningún motivo, las migajas con que la EPSA viene presentando dichos proyectos, argumentando que son una oportunidad de “desarrollo” y “progreso” para la comunidad, cuando en realidad sólo significan despojo, destierro, y privatización de nuestro patrimonio natural.

Y para mostrar que la “oveja” no es más que un “lobo disfrazado”, debemos conocer:

¿Quién es la EPSA S.A.?
La llamada Empresa de Energía del Pacífico S.A. (EPSA) es una fachada de la multinacional UNIÓN FENOSA, que a su vez hace parte de una estrategia europea para adueñarse de los mercados que nacen a partir del control de recursos importantes como el agua y la biodiversidad abundantes en Latinoamérica, en los que el capital español tiene una rápida expansión en el país. Unión FENOSA adquirió a finales del 2000 a la empresa estadounidense Reliant, las electrificadotas Electro Costa y Electricaribe de Barranquilla y Cartagena, y luego la empresa de electricidad del Valle del Cauca EPSA; pero además tiene inversión en México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Bolivia, Uruguay, República Dominicana, España, Inglaterra (acueductos), distribución y producción de gas y energía, incluidas centrales nucleares. Otras empresas del grupo Unión FENOSA están en el área del petróleo, construcción, minería y finca raíz.

¿Quiénes son los dueños de Unión FENOSA?
Unión FENOSA pertenece entre otros muchos accionistas de origen europeo, al Banco Bilbao Vizcaya, hoy BBVA y al BSCH Banco Santander presentes en Colombia.

¿Cuántas son sus ganancias?
La multinacional UNION FENOSA, que incluye a la EPSA, reportó para el año 2002 ganancias totales de sus negocios en el mundo por un valor de $76.403 millones de euros, lo cual corresponde a una suma de 229.209 millones de pesos colombianos.


Pero como sino fuera poco, la EPSA (UNION FENOSA) ha conseguido vincular las hidroeléctricas que va ha construir en nuestros territorios al floreciente “mercado del carbono”, con lo cual podrá vender bonos o certificados de “no emisión” del gas contaminante (CO2), que le representarán más ganancias por ofrecérselos a países que necesitan cumplir con sus metas de acuerdo a lo pactado internacionalmente en el Protocolo de Kyoto. Es decir, las hidroeléctricas dejan plata por la venta de la energía eléctrica generada y por ser obras promovidas como no contaminantes del planeta. Sin embargo, las consecuencias ambientales y sociales que traen recaen sobre los hombros de los campesinos y sus territorios.


DENUNCIAMOS QUE LA EPSA (UNIÓN FENOSA) VIENE COMETIENDO:


Violación de Derechos Humanos
Tanto la multinacional Unión FENOSA, como su hija EPSA S.A., vienen cometiendo violaciones permanentes de los derechos humanos en Colombia, Zona Caribe y Valle del Cauca, representados en pérdida de derechos de los usuarios, trasgresión de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, al no respetar la autonomía territorial de las comunidades del Valle del Cauca y su derecho histórico sobre los ríos y otras fuentes de agua ubicadas en sus parcelas, y desacato e irrespeto a los derechos de los trabajadores sindicalizados mediante su despido y señalamiento.

Engaño a la comunidad
Porque la construcción de hidroeléctricas a filo de agua, es decir que no van a inundar grandes extensiones de tierra, en los territorios campesinos de la cordillera central, son presentados como obras “amigables” con el ambiente, pero en realidad producen daños a largo plazo sobre la fauna y la flora de la zona puesto que destruyen sus habitats naturales, aumentan el riesgo de erosión y deslizamientos, y los túneles que realizan para conducir el agua afectan los nacimientos.

Porque estas obras no generan solución a la problemática social y económica de la comunidad campesina, sino que por el contrario agudizan su situación de empobrecimiento al robárseles un bien común (el agua) para generar más ganancias al capital privado.

La energía que será generada en estas centrales hidroeléctricas no tiene el objetivo de suplir una deficiencia de la misma en el departamento, sino fortalecer el negocio de su exportación hacia países vecinos.
PROPONEMOS
-.Que se respete la Autonomía Territorial de los campesinos ubicados en las cordilleras, mediante el reconocimiento de sus territorios como Zonas de Reserva Campesina.

-.Descartar la construcción de Hidroeléctricas al Filo de Agua, porque constituyen una estrategia de apropiación y dominación privada de los territorios campesinos y del Patrimonio Natural que pertenece a todos los vallecaucanos.

-.Que se elaboren Planes de Manejo Adecuado y No Destructivo de “bienes” naturales como el agua y la biodiversidad, por parte de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes con una metodología que respete su cultura y el uso tradicional de estos elementos.

Por estas razones hacemos un llamado a las comunidades del departamento para que rechacen la iniciativa de privatizar los ríos, promovida por la EPSA y CVC en complicidad de otros entes estatales y privados como INCODER, alcaldías municipales, ASOCAÑA, Federación de Cafeteros, Centro Aguas S.A., ACUAVIVA S.A., entre otras. Así mismo, para que defiendan la autonomía de sus territorios mediante la desobediencia frente a la realización de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCH), que vienen realizando el CINARA y el CIDSE de la Universidad del Valle.

jueves, octubre 12, 2006

Palmira sin infamia desde la marcha

Palmira también sale a las calles
La mañana del 12 de octubre la Universidad del Valle, Universidad Nacional, comunidad en general, y el SENA de Palmira, marcharon por las calles de la ciudad atendiendo a la Jormada Nacional de Paro. A continuación reproducimos en su totalidad el comunicado de los estudiantes de la Universidad Nacional enviado a nuestro correo electrónico palmirasininfamia@yahoo.com.

COMUNICADO DE LA FEDERACION DE ESTUDIANTES DE AGRONOMIA Y CIENCIAS AFINES DE COLOMBIA (FEAC) UN-PALMIRA A LA OPINION UNIVERSITARIA

Como grupo estudiantil de la UN Palmira y en particular como estudiantes activos de la universidad pública, tenemos la obligación de pronunciarnos respecto a los recientes y más impactantes acontecimientos que sorprenden cada vez más a la comunidad colombiana.

El asesinato del estudiante de UNIVALLE Julián Andrés Hurtado el día 4 de octubre en las horas de la noche, quien era líder estudiantil tanto política como académicamente, es la corroboración (para quienes aún están o estaban incrédulos) de la persecución política y la represión a la que esta siendo sometido el pueblo colombiano, es el terrorismo de estado en su máxima expresión, expresión que es hiriente, destructora e inhumana, así como quienes la patrocinan y dirigen.

Es indignante y muy doloroso saber que 7 millones de colombianos reeligieron una política de guerra y muerte, una política encarnada en las armas como medio para solucionar los problemas sociales, porque no es un secreto que las balas son las enviadas a dialogar con aquel que manifiesta su inconformidad y propone soluciones diferentes a la solución del conflicto social que hoy vivimos. En este sentido, llenos de coraje y agobio nos atrevemos una vez más a rechazar la política de seguridad democrática por que sabemos y se ha evidenciado que ésta no es más que un proyecto genocida para con la clase popular del país y para con aquella persona que está en contra del gobierno vigente, además de ser una violación a los derechos humanos declarados internacionalmente.

De igual forma declaramos nuestra repugna y oposición rotunda para con el paquete legislativo, el cual incluye el Tratado de Libre Comercio que trae inmersas graves y nefastas consecuencias para el sector agropecuario; nos oponemos totalmente a la liquidación del Seguro Social porque atenta directamente contra la seguridad social colombiana, además de ser un paso más hacia la privatización de las entidades públicas, entidades que son del pueblo y para el pueblo.

Reivindicamos el 12 DE OCTUBRE día de la raza como una jornada de unidad del pueblo Colombiano, nos unimos con el ánimo más ferviente a la toma de tierras por parte del movimiento campesino e indígena del suroccidente como una muestra de resistencia y defensa de nuestra madre tierra, alzamos nuestra voz de humanos exigiendo el intercambio humanitario como el verdadero paso para la construcción de la paz y hacemos un llamado a la reflexión y sensibilización de la comunidad académica para que juntos, negros, mulatos, blancos e indios asistamos y participemos de todo corazón en esta justa lucha pues estamos cansados de este régimen autoritario que no brinda condiciones reales de vida digna enmarcada en la seguridad y justicia social, la soberanía y seguridad alimentaria.
HOY: reflexionemos, unámonos y marchemos!
La sociedad colombiana lo amerita!

martes, octubre 10, 2006

No existe un "proceso de paz" con los paramilitares


“El proceso de paz con los paramilitares…”, frase que tanto repite el gobierno y que “muy poco” se analiza, contiene términos que por sí solos evidencian una carencia de sentido conceptual.

Antes que nada, debemos entender que un Proceso de Paz se caracteriza no sólo por el abandono de las armas. Para que éste se lleve a cabo, es decir, para que realmente sea un Proceso de Paz, se deben discutir políticas encaminadas hacia la transformación social, en otras palabras, darle salida a los problemas sociales que dieron origen al conflicto armado que aún está latente.

Dejar las armas sólo “da” un poco de tranquilidad a los colombianos, mas no la paz. La paz se obtiene cuando no es necesario mendigar salud, empleo, educación, y comida; la paz llega cuando está acompañada de justicia social.

Y dentro del proceso llevado entre gobierno y jefes paramilitares, obviamente, no ha existido una intención verdadera de proponer políticas que mejoren la calidad de vida de los colombianos. Porque hay que recordar que el paramilitarismo siempre ha avalado al gobierno, a sus políticas. Para eso se creó, para defenderlo a sangre y fuego, masacrando e intimidando a opositores y críticos de las políticas gubernamentales, incluso, asesinando periodistas serios como el humorista Jaime Garzón que hoy tanto extrañamos.

Queda claro, entonces, que entre gobierno y paramilitares no existe “proceso de paz” alguno. Lo que vemos llevar a cabo es un proceso de desmovilización que, a la fecha, ha resultado fallido. La falta de todas las garantías necesarias para esclarecer la verdad, (para que todos los crímenes y colaboradores tanto políticos como financieros queden expuestos ante la opinión pública), es una constante de impunidad en una negociación donde el gobierno se muestra benévolo, bondadoso, y permisivo; mientras los jefes paramilitares se caracterizan por el descaro, el autoritarismo, y toda la arrogancia que surge cuando se pretende disminuir el grado de impunidad del proceso, o cuando sus innumerables tierras y bienes (producto de masacres, narcotráfico, y el destierro de millares de campesinos) corren el riesgo de ser expropiados para indemnizar a sus víctimas.



Pero hay otro aspecto que hace de este intento de desmovilización un proceso fallido. Los “paramilitares rasos”, aquellos que no gozan de rango o jerarquía, son pocas las garantías que van a tener para reincorporarse a la vida civil; en otras palabras, pagar servicios públicos, transportes, alimentar a sus familias, brindar educación a sus hijos, y talvez hasta pagar arriendo, por más que pretendan hacernos creer lo contrario, estas personas, en su gran mayoría, no van a tener un empleo estable que les permita resolver sus necesidades materiales, de la misma manera que millones de colombianos no encuentran cómo resolverlas.

¿Qué nos espera entonces? Vienen abriéndose camino “nuevos” grupos de paramilitares con una imagen renovada para cometer crímenes, así como también nos espera mucha, mucha impunidad.

"Centros Comerciales" y su influencia en los jóvenes palmiranos


El comercio y “lo actual”,”lo de momento”, siempre han estado articulados como estrategia de mercadeo. Por lo regular, es el comercio quien define la moda, las tendencias, los cantantes, y todo aquello que represente ganancia, lucro. Y en ello, la publicidad juega un papel esencial. Utilizando Radio y Televisión moldean gustos, tendencias, y hasta la personalidad de los jóvenes

Las estrategias publicitarias no están ni vienen solas. El moldeamiento de la personalidad está acompañado de espacios físicos que refuerzan y se lucran de este hecho. Nos referimos aquí a los Centros Comerciales, espacios donde las modas, los ritmos musicales, la comida, y los juegos electrónicos, se encuentran presentes afectando la cotidianidad de la juventud.

El Centro Comercial se ha convertido en un sitio de encuentro obligado para los adolescentes, para aquellos que desean pertenecer y ganar un espacio de reconocimiento entre sus contemporáneos; en otras palabras, los jóvenes buscan destacarse dentro de un estilo de vida diseñado y estructurado por campañas publicitarias, campañas estratégicas cuyo poder de persuasión es capaz de moldear, incluso, toda la estructura familiar, determinando prioridades y la forma como las personas se relacionan en sociedad.

Los Centros Comerciales actualmente se diseñan de tal forma que las personas no tengan necesidad de salir de ellos. Bares, discotecas, cines, restaurantes, almacenes, juegos mecánicos, etc., hacen de estos lugares ciudades artificiales, mundos virtuales tipo estrato seis donde no se refleja la pobreza ni los problemas sociales. Todo es bonito en el Centro Comercial, agradable para los jóvenes de todos los estratos que acuden a él y se alejan de la realidad. Los problemas no caben, no tienen lugar, en un estilo de vida moldeado para encajar en ciudades virtuales tipo estrato seis.

Los jóvenes no están de paso por el Centro Comercial. Están atrapados, inmersos en un rito cotidiano que rinde culto a la manipulación publicitaria, la cual se impone masivamente a través de los medios de comunicación.

Hay quienes dirán que los jóvenes tienen derecho a decidir y hacer parte del estilo de vida que se recrea en los Centros Comerciales, afirmando que esto hace parte del libre desarrollo de su personalidad. Debemos aclarar algo. Cuando los medios de comunicación prácticamente sólo promueven una opción a escoger, al tiempo que relegan, ocultan, o discriminan otras opciones, de lo que estamos hablando, entonces, es de “manipulación del desarrollo de la personalidad”, intervención sutil, pero efectiva, que provoca la pérdida de la autonomía y la posibilidad de ser diferentes, manipulación que pone la juventud al servicio de intereses privados que se encargan de definir su personalidad.

En esto recae, en gran parte, que los jóvenes cada vez estén más alejados de su realidad, que no les importe los conflictos y problemas que aquejan a su barrio, su ciudad, o su país, esto es más que obvio, pues ellos actualmente están fascinados viviendo en un mundo virtual, en un despampanante Centro comercial.

domingo, octubre 08, 2006

Institución Educativa San Vicente y el libre desarrollo de la personalidad

Resulta preocupante en la actualidad encontrarnos con retrocesos que atentan contra la diferencia, la diversidad, y el libre desarrollo de las personas, en este caso, de los estudiantes.

Hace aproximadamente 15 años atrás se hizo frecuente el empleo de la Tutela para casos donde los estudiantes eran expulsados de colegios y escuelas por el hecho de llevar “el pelo largo”, una abundante y libre cabellera, decisiones de los jóvenes que muy pocos padres comparten.

Con el desconcierto de muchos, las tutelas se fallaban a favor de los estudiantes, dando relevancia a una frase que se tomó los medios masivos de comunicación: “desarrollo de la libre personalidad”.

“Todos somos diferentes”, son las palabras que frecuentemente escuchamos pronunciar a profesores y directivos de las instituciones educativas. Palabras inconclusas, pues les falta agregar que en la gran mayoría de escuelas y colegios sólo se puede ser diferente cuando se deja de pertenecer a estos establecimientos.

¿Cómo podemos constatar lo anterior?
Hay un elemento importante que permite evidenciar esta situación. Nos referimos a un documento con posturas o ideologías que pueden llegar a mostrarse en contra del libre desarrollo de la personalidad. Es de vital importancia que nos remitamos a los manuales de convivencia diseñados por las instituciones educativas. En este caso, hablaremos del “Manual de Convivencia” de la Institución Educativa San Vicente, establecimiento de enseñanza de carácter público ubicado en la ciudad de Palmira.

¿Qué dice el Manual de Convivencia de esta institución?
Bajo la excusa de “portar el uniforme con dignidad” y “una presentación personal decorosa” se obliga a las estudiantes a homogeneizar su personalidad, diciéndoles que todas las alumnas deben llevar:

1.- “Uñas cortas, (…), se puede usar únicamente esmalte transparente o brillo”.
2.- “Cabello (…) sin cortes y/o tintes extravagantes”.

Lo anterior nos da argumentos para pensar que el uniforme del San Vicente, la dignidad, y el decoro, no combinan con la diferencia de las estudiantes. Obviamente muchos padres están de acuerdo con lo anterior, en otras palabras, que sus hijas sigan al pie de la letra lo impuesto por el Manual de Convivencia. Pero hay que anotar también que algunos padres de familia, así sean muy pocos, no piensan de igual manera, es decir, piensan diferente. Por tanto permiten a sus hijas usar el cabello, los aretes, y las uñas, de la manera que ellas deseen hacerlo o se sientan mejor, así no les guste tampoco a ellos. Y no por ello sus hijas dejan de ser “dignas” o personas “decorosas”. Se evidencia entonces que el Manual de Convivencia de la Institución Educativa San Vicente viola el derecho al libre desarrollo de las estudiantes.

Y hay algo más. Para este establecimiento educativo es causal de exclusión, de expulsión, el hecho de que alguna estudiante, por su “actuar en la vida”, termine en “un proceso judicial”, o “detenida por varios días”. Es necesario entonces hacernos una pregunta, ¿por qué en el San Vicente se asume que estar involucrado a un proceso judicial, o haber sido detenido, hace de las personas culpables de un delito? ¿Acaso no cabe la posibilidad de ser inocente, y haber sido víctima de una injusticia? Y aun cuando se fuese culpable, no se puede ser castigado dos veces por un mismo delito, máxime cuando las instituciones educativas deben preocuparse por brindar oportunidades a los menores de edad, y no dedicarse a castigar y señalar a las personas de manera prejuiciosa.

Es de vital importancia, en este sentido, que las instituciones educativas del municipio de Palmira reflexionen sobre el daño psicológico que pueden llegar a hacer a sus estudiantes, de la misma manera que se preocupan por la carga académica que imprimen en la vida de los adolescentes.

Obviamente lo anterior no aplica para todos los miembros de la comunidad educativa, pues sabemos de personas y profesores que se preocupan por hacer del aula de clases un espacio agradable donde se aprende, se opina, y se construye país junto con sus estudiantes.

viernes, octubre 06, 2006

¿Es el mototaxismo un medio de transporte inseguro?



Una de las premisas sostenidas por quienes están en contra del mototaxismo en Palmira, y en toda Colombia, radica en afirmar que la moto es un medio de transporte inseguro cuando lleva su cupo al máximo, es decir, cuando dos personas llegan a movilizarse en ella, chofer y pasajero. Extraña afirmación. Puesto que la inseguridad de un medio de transporte se debe a la imprudencia y mal mantenimiento del vehículo, ya sea de dos, cuatro, o más ruedas. Pero si esto fuera cierto, si la moto no estuviese diseñada para movilizar a dos personas, entonces los esfuerzos tendrían que estar encaminados hacia las ensambladoras y fábricas que son responsables de hacer de la moto un medio de transporte para dos ocupantes. Ahora vamos a ver quién se le mide a proponer un Proyecto de Ley que obligue a los distribuidores traer motos a Colombia con un solo y pequeño asiento de uso exclusivo del chofer. Aunque no hay que asombrarse si esto llegase a suceder. En un país que cree que los “problemas de delincuencia” se solucionan prohibiendo a los hombres movilizarse como parrilleros, cualquier estupidez puede suceder para obligarnos a pagar pasaje.

¿No se podrá demandar o entutelar este tipo de decretos que nos cohíben de movilizarnos libremente, y que además atentan contra el buen nombre del género masculino al asumir que los hombres son propensos al sicariato y al robo, mientras da a entender que el género femenino no sufre de esta “propensión” y, por tanto, las mujeres sí pueden transitar libremente como parrilleras? Obviamente no se trata de establecer quién es, o puede ser, más “malo” o “mala”. Se trata es de sentido común, respeto y dignidad frente al género humano. Más aún cuando estas restricciones a la libre circulación dentro de su misma lógica descabellada han fracasado. Tal es el caso de Palmira donde los homicidios y el fenómeno delincuencial aumentaron en comparación al año anterior. ¡Hasta cuando tendremos que se repetir que la solución al problema radica en dar soluciones concretas al desempleo y brindar unas condiciones de vida digna para los colombianos! Parece ser que lo repetiremos hasta que suceda; y hasta cuando las restricciones a la libre circulación y las leyes zanahorias desaparezcan.

Por ahora sólo queda esperar que tanto mototaxistas como el gremio que vive del transporte se sienten a discutir y logren crear alternativas y estrategias para que ninguno de los dos salga perjudicado. Esta es una tarea que deben realizar ellos, puesto que los gobiernos no tienen cómo responder a este problema, sólo lo han agudizado y aplazado mientras pasan las jornadas electorales.

jueves, octubre 05, 2006

Corrupción en la Casa de la Cultura “Ricardo Nieto” de Palmira. Dos años de impunidad


Introducción
En el 2004 Palmira vivió el saqueo más descarado que haya podido sufrir ente cultural alguno. La llegada del señor Horacio Ramírez Vargas a la Dirección de la Casa de la Cultura “Ricardo Nieto” de Palmira, y cuyo nombramiento estuvo a cargo del alcalde Adolfo Castro González, significó el comienzo de una política de robo continuado que puso sus ojos, toda su rapiña, sobre los dineros públicos destinados a la cultura del municipio.

Recorderis
Horacio Ramírez apareció en el escenario palmirano en el 2003 gracias a la administración del ex-alcalde Miguel Motoa Kuri que lo vinculó como asesor cultural. Y como premio a su obediencia, y buen desarrollo de su perfil avivato, en el 2004 llegó a la Dirección de la Casa de la Cultura cobijado por la administración del alcalde Adolfo Castro González.

Por tanto, es de entenderse que Horacio Ramírez es uno de tantos personajes que, más allá de ser un nombre o una persona, se convierten en fachada para el clientelismo y la politiquería corrupta que aún mantiene todo su poder en el municipio.

El saqueo
¿Cuánto se robaron del presupuesto de la Casa de la Cultura durante el 2004? El 5 de abril del año 2005 el abogado Luis Herney Rivera Perea, de la Veeduría Ciudadana “Despierta Palmira 2000”, radicó ante la Procuraduría Provincial de Santiago de Cali una denuncia cuyo análisis detallado compuesto de ocho páginas, y 19 anexos probatorios, deja en evidenciada la pérdida (el robo) de $60.458.539 del presupuesto ejecutado por la administración de la Casa de la Cultura “Ricardo Nieto” durante el 2004.

Responsables
Uno de los directos responsables de este acto de corrupción, por obvias razones, es el señor Horacio Ramírez Vargas, quien actualmente se pasea por las calles de Cali sin ningún remordimiento o preocupación jurídica. Pero hay más involucrados. Entre ellos se encuentran el alcalde Adolfo Castro González, y el Secretario General de la alcaldía José Humberto Pacheco Velasco, funcionario que desde octubre de 2004 se desempeña, además, como Director Encargado de la Casa de la Cultura. Estos dos servidores públicos del municipio de Palmira, mediante Audiencia Pública del 30 de noviembre de 2004, fueron notificados sobre algunas de las irregularidades presupuestales presentadas por la Casa de la Cultura durante el año en mención, pero como funcionarios del estado no se dignaron a tomar las acciones pertinentes para que pudiera esclarecerse lo sucedido en un tiempo prudencial. Su silencio se hizo cómplice, permisivo; omisiones que se expresan como una característica más de la corrupción.

Nada de nada
Hoy luego de casi de dos años de lo ocurrido, y pasados 18 meses (año y medio) de puesta la denuncia por el abogado Luis Herney Rivera, sólo resta decir que estamos frente a un caso más de impunidad. A la fecha no se conoce fallo alguno de la Procuraduría Provincial de Santiago de Cali. Lamentablemente esta es una de las particularidades del Estado colombiano: impunidad para los que tienen el poder dinero; castigo y vigilancia para quienes están sumidos en la pobreza.