problemas sociales puede considerarse aquello que la ley denomina “espacio público”, pues aunque la legislación colombiana trate de incluir medidas para la protección y defensa de los “elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos” de la sociedad, lo cierto es que la aplicación de la ley, por lo regular, está encaminada a mediar para el favorecimiento de los intereses económicos de consorcios y grupos financieros ligados a la clase política que gobierna nuestro país.
Vendedores ambulantes, la señora que vende arepas o fritanga, los que trabajan con sus carritos de cholados, los que sobreviven con la venta de minutos de celular, etc., están en desventaja ante una economía de mercado que favorece a los inversionistas más poderosos, y a merced de quienes legislan para castigar a millones de colombianos que tratan de subsistir en medio de las desigualdades y descomposición social que históricamente los gobiernos vienen dejando en nuestro país.
Leyes, decretos, resoluciones, actos legislativos y administrativos, son cómplices de hacer del espacio público un lugar para el lucro de sectores privados cuyas inversiones descomunales, y favores políticos, se imponen para eliminar a “la competencia”.
En este sentido, resulta de suma importancia prestar atención y reflexionar un poco sobre lo que representa la aplicación de normas regulatorias para la “contaminación visual” dentro de la denominada “área de conservación urbanística” (1) del municipio de Palmira, puesto que el tema está íntimamente relacionado con el manejo del espacio público.
Primero que todo es de anotar que el “área de conservación urbanística” está estratégicamente delimitada para albergar al sector comercial del municipio; en otras palabras, es una política que, bajo la excusa de proteger el patrimonio histórico y el paisaje urbano, se diseñó para garantizar el desarrollo comercial del sector privado de esa zona, espacio público donde el monopolio del comercio, en algunos años, quedará concentrado en unas pocas manos, en poder de inversionistas con fuertes capitales financieros que desplazarán tanto a vendedores ambulantes como a comerciantes palmiranos que poco a poco estarán siendo conducidos a la ruina.
Desde este punto de vista, que el Concejo de Palmira esté hablando de “contaminación visual”, significa que se están dando los primeros pasos de una serie de recursos legislativos que poco a poco irán apareciendo para agotar, asfixiar y, finalmente, acabar con pequeños locales comerciales del centro de la ciudad, pequeños negocios cuyos propietarios (si lo son) tendrán que desaparecer para que los inversionistas hagan emerger enormes edificios y centros comerciales donde la contaminación visual se efectúa de manera interna y no en los exteriores.
Una pregunta final
¿El “área de conservación urbanística” es un espacio público que invita a los jóvenes (y adultos) a reflexionar sobre la memoria de nuestros ancestros? Es momento de preguntarnos si los palmiranos nos sentimos identificados con el “paisaje urbano” del municipio, porque Palmira se convirtió en un lugar donde se contemplan monumentos que han sido despojados de su historia y contexto cultural, un territorio donde la contaminación no la hacen las vallas publicitarias, los parasoles, o los graffitis. La contaminación en nuestro municipio está impuesta por el olvido, por la condena de vivir sin memoria.
Notas
*El presente artículo ha sido motivado por Carlos Alberto Franco y Manuel Fernando Muñoz, quienes a través de correos electrónicos han dado a conocer sus opiniones y reflexiones frente al Acuerdo 041 de 2005 del Concejo de Palmira, expedido para regular la publicidad exterior para el “área de conservación urbanística”
(1)El área de conservación urbanística está comprendida desde la carrera 24 hasta la carrera 33ª, y desde la calle 28 a la calle 33.