Recientemente cuatro ciudadanos de Palmira, presentamos queja formal ante la Procuraduría General de la Nación, por la forma como fue suscrito el convenio interadministrativo entre Gescoop Ltda (Cooperativa) y el municipio de Palmira (Miguel Motoa Kury - Alcalde) y que permitía la modernización de la secretaria de tránsito de Palmira (año 2002).
La manifiesta violación a la ley 80 de 1993 y la ley 734 de 2002 (Código disciplinario único), permitirán el desarrollo de un proceso, que inicialmente el ex-procurador provincial Corso Acevedo había "manipulado", quedando por lo tanto incurso en un presunto prevaricato, y conllevará finalmente a que la PGN, falle un negocio que resultó altamente lesivo a los intereses públicos del municipio de Palmira, al incurrirse en celebración indebida de contrato e interés ilícito en la celebración de dicho convenio y/o contrato. Mas de 380 anexos, permiten un acervo probatorio extenso y responsable, que aseguran finalmente que el ministerio público procederá en derecho y sancionará a quienes violaron la ley y perjudicaron notoriamente las rentas e ingresos de la secretaria de tránsito municipal de Palmira. En desarrollo de la ley 550 de intervención económica, no pudo el municipio cumplir obligaciones, que en su momento fueran pactadas en el año 2001 y que el Ministerio de Hacienda no supervisó y vigiló adecuadamente, conllevando al deterioro fiscal de la secretaria de tránsito.
Si el contrato con "si Cali", suscrito por el alcalde de Cali para "privatizar" el recaudo de los impuestos de esa ciudad, conllevó recientemente a la destitución de ese funcionario por parte de la PGN, en el caso de Palmira y por el contrato con GESCOOP, la analogía entre estas dos contrataciones es más que evidente, pués se pretermitieron y/o violaron claros principios de selección objetiva, transparencia y economía, además de carencia de términos de referencia en la etapa contractual, no exigencia de pólizas, incumplimiento en el tiempo y finalmente abandono de las labores contratadas, dejando en la más absoluta orfandad a tan importante dependencia municipal.
Cualquier observación o comentario a ésta importante denuncia, la agradeceríamos mucho.
Nuestra función veedora solo aspira a recuperar el profundo deterioro ético y responsable que debe tener la contratación pública, evitando que las finanzas del municipio sigan perjudicándose, y posibilitando así para Palmira, un escenario de mayor progreso y desarrollo, siempre fielmente apegado a nuestro ordenamiento legal.
EDUARDO ALFONSO CORREA
Abogado
CARLOS ALBERTO FRANCO
Arquitecto
MANUEL FERNANDO MUÑOZ
Administrador
JORGE LONDOÑO ARIZA
Periodista
Palmira, Diciembre 11 de 2006
