El “inventario delictivo” hallado dentro del computador del jefe paramilitar Rodrigo Tovar pupo, alias ‘Jorge 40’, solamente es la confirmación de algo que la justicia colombiana siempre ha sabido, pero jamás condenado. Desde el año 2000, hay pruebas contundentes en la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación que comprometen a congresistas, militares, y empresarios colombianos con el paramilitarismo, así como también aparecen vinculadas multinacionales como Chiquita Brands, antes conocida como “The United Fruit Company” y recordada por su responsabilidad en la masacre de las bananeras en 1928. Las pruebas se componen de documentos, cheques y grabaciones telefónicas que hoy, seis años después, reposan archivadas en la impunidad.
Senadores como Álvaro García Romero, Jairo Enrique Merlano, y el Representante a la Cámara Erick Morris, a pesar de las pruebas, aún continúan libres gozando de los bienes y todo el dinero acumulado gracias a la corrupción y el poder militar desplegado por sus socios políticos y comerciales del paramilitarismo.
Esto conllevó a que el día 18 de octubre de 2006, se adelantara en el Congreso de la República un debate citado por el Polo Democrático Alternativo, partido político que presentó pruebas donde se constata que los paramilitares han asesinado a cerca de 3000 personas desde el inicio del “proceso de paz” con el gobierno colombiano, así como también se muestra una estructura paramilitar renovada que continúa con el tráfico de droga y el control territorial por la imposición armada.
Senadores como Álvaro García Romero, Jairo Enrique Merlano, y el Representante a la Cámara Erick Morris, a pesar de las pruebas, aún continúan libres gozando de los bienes y todo el dinero acumulado gracias a la corrupción y el poder militar desplegado por sus socios políticos y comerciales del paramilitarismo.
Esto conllevó a que el día 18 de octubre de 2006, se adelantara en el Congreso de la República un debate citado por el Polo Democrático Alternativo, partido político que presentó pruebas donde se constata que los paramilitares han asesinado a cerca de 3000 personas desde el inicio del “proceso de paz” con el gobierno colombiano, así como también se muestra una estructura paramilitar renovada que continúa con el tráfico de droga y el control territorial por la imposición armada.
Qué devela el computador de ‘Jorge 40’
1-. El proceso de paz entre el gobierno colombiano y los paramilitares es una farsa que en dos años ha costado a los colombianos la cifra de 100 millones de dólares, dinero que sale de nuestros impuestos.2-. Un alto porcentajes de las personas que se han “desmovilizado” no hacen parte de la estructura del paramilitarismo, es decir, no son paramilitares.
3-. Poder político, narcotráfico, y paramilitarismo, vienen actuando de manera coordinada para gobernar bastas regiones del país, obviamente, masacrando a campesinos y opositores políticos, mientras se enriquecen a través de la corrupción gubernamental y las tierras quitadas a los campesinos.
4-. La estructura del paramilitarismo está intacta, y renovada con la aparición de nuevos jefes paramilitares.
5-. Gran parte de los paramilitares “desmovilizados” hacen parte de una estrategia de control sobre los centros urbanos. A manera de informantes o vigilantes de cuadra, recopilan información y señalan a activistas y opositores políticos que luego son asesinados o involucrados, a través de montajes y falsos testimonios, con grupos insurgentes.
6-. Los discursos y ojos permisivos del gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, así como gran parte de la comunidad internacional, han sido cómplices de un proceso que no busca la paz sino la impunidad. La OEA (Organización de Estados Americanos) y la ONU (Organización de Naciones Unidas), organismos internacionales que a veces se muestran críticos del proceso, no han tomado resoluciones serias para impedir que esta farsa siga desarrollándose.
