“El proceso de paz con los paramilitares…”, frase que tanto repite el gobierno y que “muy poco” se analiza, contiene términos que por sí solos evidencian una carencia de sentido conceptual.
Antes que nada, debemos entender que un Proceso de Paz se caracteriza no sólo por el abandono de las armas. Para que éste se lleve a cabo, es decir, para que realmente sea un Proceso de Paz, se deben discutir políticas encaminadas hacia la transformación social, en otras palabras, darle salida a los problemas sociales que dieron origen al conflicto armado que aún está latente.
Dejar las armas sólo “da” un poco de tranquilidad a los colombianos, mas no la paz. La paz se obtiene cuando no es necesario mendigar salud, empleo, educación, y comida; la paz llega cuando está acompañada de justicia social.
Y dentro del proceso llevado entre gobierno y jefes paramilitares, obviamente, no ha existido una intención verdadera de proponer políticas que mejoren la calidad de vida de los colombianos. Porque hay que recordar que el paramilitarismo siempre ha avalado al gobierno, a sus políticas. Para eso se creó, para defenderlo a sangre y fuego, masacrando e intimidando a opositores y críticos de las políticas gubernamentales, incluso, asesinando periodistas serios como el humorista Jaime Garzón que hoy tanto extrañamos.
Queda claro, entonces, que entre gobierno y paramilitares no existe “proceso de paz” alguno. Lo que vemos llevar a cabo es un proceso de desmovilización que, a la fecha, ha resultado fallido. La falta de todas las garantías necesarias para esclarecer la verdad, (para que todos los crímenes y colaboradores tanto políticos como financieros queden expuestos ante la opinión pública), es una constante de impunidad en una negociación donde el gobierno se muestra benévolo, bondadoso, y permisivo; mientras los jefes paramilitares se caracterizan por el descaro, el autoritarismo, y toda la arrogancia que surge cuando se pretende disminuir el grado de impunidad del proceso, o cuando sus innumerables tierras y bienes (producto de masacres, narcotráfico, y el destierro de millares de campesinos) corren el riesgo de ser expropiados para indemnizar a sus víctimas.
Pero hay otro aspecto que hace de este intento de desmovilización un proceso fallido. Los “paramilitares rasos”, aquellos que no gozan de rango o jerarquía, son pocas las garantías que van a tener para reincorporarse a la vida civil; en otras palabras, pagar servicios públicos, transportes, alimentar a sus familias, brindar educación a sus hijos, y talvez hasta pagar arriendo, por más que pretendan hacernos creer lo contrario, estas personas, en su gran mayoría, no van a tener un empleo estable que les permita resolver sus necesidades materiales, de la misma manera que millones de colombianos no encuentran cómo resolverlas.
¿Qué nos espera entonces? Vienen abriéndose camino “nuevos” grupos de paramilitares con una imagen renovada para cometer crímenes, así como también nos espera mucha, mucha impunidad.
