Abril 08 de 2008
La reforma política que se discute en el parlamento colombiano ha sido presentada por la prensa como si se tratase de un doloroso proceso de autodepuración mediante el cual se restablecería el crédito al honorable recinto de las leyes. Se discute si debieran anticiparse las elecciones o procederse a una revocatoria del Congreso. La cifra record de 74 investigados, de los cuales hay 26 presos, señala que casi una tercera parte, en su casi totalidad vinculados al uribismo, asumieron compromisos políticos con los aparatos narcoparamilitares, en el proceso de copamiento del poder del Estado que tuvo su cuna en Santafé de Ralito, en julio de 2001. Las imputaciones son dramáticas: constreñimiento a los electores, fraude y recibir apoyo, armado y financiero del narcoparamilitarismo, en estrecha relación con espantosas masacres, asesinatos selectivos de opositores al régimen, dirigentes sindicales y sociales. Es la otra pata que le nació al gato a partir de la ley de justicia y paz, cuya cortedad amenaza dejar impunes éstos y otros casos que aún no cobijan las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía.
El debate en el Congreso pareciera, realmente, un juicio al régimen. Que el poder electoral aparezca dominado por mayorías espurias, unidas a crímenes de lesa humanidad, muestra que en la supuesta democracia colombiana la violencia ejercida desde el poder sigue siendo rentable. Los narcoparapolíticos son simplemente la continuación del genocidio contra la Unión Patriótica y la izquierda colombiana. La conmemoración de los 60 años de El Bogotazo corrobora que el asunto no es nuevo, que la impunidad por el ejercicio violento del poder del Estado es el rasgo inamovible del sistema político colombiano. Ninguna institución judicial ha podido remediar esta situación en más de medio siglo. Sin un cambio radical del régimen hacia una apertura democrática plena no podrá erradicarse el flagelo permanente. Ahora bien, el propósito del gobierno de Uribe es aparentar una depuración. El proyecto de reforma, que encierra micos como el del umbral del 5%, no contempla la otra cara de la reforma política. Aunque el proyecto es una reforma electoral y del régimen de los partidos, no conlleva los elementos mínimos de garantías para la oposición política, doblemente damnificada por el favoritismo que congració a los sindicados y las amenazas, desplazamientos forzados y señalamientos de vínculos con el terrorismo que desde el Gobierno y el mismo presidente se profirieron contra candidatos y activistas de la oposición en las elecciones en 2006 y 2007. Además ¿por qué no se toca a fondo el sistema electoral, se implanta el voto automático, se crea una comisión autónoma de garantías electorales que permita contrarrestar la trampa y la distorsión de la voluntad de los electores? Mientras no exista una transformación real del mecanismo electoral, el fraude estructural seguirá constituyendo la base del ventajismo, amparado en la inexistente independencia de la rama electoral.
La revocatoria o la anticipación de elecciones, sin modificar las reglas del juego, culminará con la repetición de lo ya conocido. Las sanciones, pérdida de investidura parlamentaria y de la personería de los partidos ligados a la criminalidad es un progreso en relación al estado de cosas actual. Pero son insuficientes para remediar la distorsión resultante de la alianza del gran capital financiero y terrateniente con el militarismo y el narcoparamilitarismo en el control político regional y nacional.
