Revoloteo de águilas

El Espectador / Abril 18 de 2008
Por: Alfredo Molano

EL MAGDALENA MEDIO ES UNA región rica, muy rica: petróleo, carbón, oro, madera, ganado y, como si fuera poco, ahora palma africana. El cuerno de la abundancia. Y el infierno: más de 2.000 ciudadanos asesinados en los últimos años. El río Magdalena, su columna vertebral, y cientos de afluentes configuran una región llena de agua que fue también de pescado.

Al río, como vía, siguieron ferrocarriles y carreteras. Hoy el Magdalena Medio, entre Honda y Magangué, está cruzado —y crucificado— por caminos de lado a lado. La explotación petrolera implicó organización sindical y al lado, las reivindicaciones campesinas y las demandas urbanas se hicieron sentir. Las vías facilitaron la colonización de campesinos expulsados por la violencia política en otras regiones. Las compañías extranjeras fueron descubriendo minas de oro y de carbón; los hacendados, tierras planas y fértiles. Los obreros y los colonos querían vivir; las compañías mineras, las petroleras y los ganaderos, enriquecerse. El Estado, siempre de parte de los segundos, dejó a la buena de Dios a los primeros. Desde el 9 de abril, hace 60 años, en la región no cesa de correr la sangre. Los gobiernos desde entonces protegen y arman a los chulavitas, los quemados, los chamizos, los pájaros, los sicarios, los paramilitares. Numerosos altos oficiales han terminado incriminados en procesos judiciales por paramilitarismo e importando terroristas internacionales como Jair Klein para entrenar asesinos y defender a los Escobar Gaviria —tan vigentes hoy—, a los Rodríguez, a los Henao y a todo ese cartel de la sangre. Lo que no pueden a las buenas, lo hacen a las malas, pero el Magdalena Medio sigue siendo de ellos, es decir, de los poderosos intereses económicos. El sur de Bolívar está hoy en la mira de los fusiles. Se alistan otra vez las motosierras. Las compañías mineras tienen ya en sus cuentas el oro de Santa Rosa y Tiquicio; las petroleras se preparan para una segunda vuelta en pozos abandonados a propósito; los ganaderos se transforman, con todas sus mañas, armas y respaldo del Gobierno, en palmicultores. Después de la matanza sistemática y calculada entre 1998 y 2004, la gente, apoyada por ideales de paz y de justicia, levantaba la cabeza. El Gobierno mira para otro lado. La Iglesia, que en la región ha regresado por sus fueros, la acompaña. Los paramilitares, que continúan tan fuertes como siempre, han vuelto a las andadas y revolotean y pican ahora con el nombre de las Águilas Negras. Los helicópteros y las avionetas de fumigación levantan también el vuelo para caer sobre los campesinos que cultivan coca, obligarlos a huir para dejar sus tierras en manos de los nuevos empresarios que cercan, drenan los humedales, siembran palma y acomodan retenes de unos y de otros en los linderos de sus enormes propiedades. El orden hay que salvarlo a toda costa, dirán unos. Otros reprochan y amenazan: “se les brinda seguridad con el Ejército y lo corren del pueblo”; “las personas no deseadas por el Gobierno serán eliminadas”; “por cada acto delincuencial en contra de la seguridad democrática que ustedes organicen dentro de estos pueblos, serán exterminados uno a uno por orden de lista”. Mientras tanto, el Ministro de Agricultura proyecta sembrar miles y miles de hectáreas de palma en la región; el Ministro de Minas, permitir a las compañías de oro y carbón explotar la región a su antojo; el Ministro de Obras Públicas, comunicar el Bajo Cauca con el Magdalena Medio, regiones ambas donde los Macaco son ley. Los obispos de Magangué y Barranca, 70 curas y miles de ciudadanos han salido a las empolvadas calles de los pueblos del sur de Bolívar a ponerles la cara y el pecho a lo que se viene. Que es mucho. Mas allá del alborotico que el Presidente hará en Cartagena en otro de sus Consejos de Seguridad, lo que el sur de Bolívar requiere para que haya paz es parar la brutal impunidad económica con que actúan los grandes empresarios del petróleo, el oro y la palma, impunidad hermana de la otra impunidad: la que deja que las Águilas Negras o verdes o rojas alcen el vuelo y claven sus garras y picos en la gente que trabaja o en aquella que la defiende.

Una reforma política coja

Por: Jaime Caycedo Turriago

Abril 08 de 2008

La reforma política que se discute en el parlamento colombiano ha sido presentada por la prensa como si se tratase de un doloroso proceso de autodepuración mediante el cual se restablecería el crédito al honorable recinto de las leyes. Se discute si debieran anticiparse las elecciones o procederse a una revocatoria del Congreso. La cifra record de 74 investigados, de los cuales hay 26 presos, señala que casi una tercera parte, en su casi totalidad vinculados al uribismo, asumieron compromisos políticos con los aparatos narcoparamilitares, en el proceso de copamiento del poder del Estado que tuvo su cuna en Santafé de Ralito, en julio de 2001. Las imputaciones son dramáticas: constreñimiento a los electores, fraude y recibir apoyo, armado y financiero del narcoparamilitarismo, en estrecha relación con espantosas masacres, asesinatos selectivos de opositores al régimen, dirigentes sindicales y sociales. Es la otra pata que le nació al gato a partir de la ley de justicia y paz, cuya cortedad amenaza dejar impunes éstos y otros casos que aún no cobijan las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía.

El debate en el Congreso pareciera, realmente, un juicio al régimen. Que el poder electoral aparezca dominado por mayorías espurias, unidas a crímenes de lesa humanidad, muestra que en la supuesta democracia colombiana la violencia ejercida desde el poder sigue siendo rentable. Los narcoparapolíticos son simplemente la continuación del genocidio contra la Unión Patriótica y la izquierda colombiana. La conmemoración de los 60 años de El Bogotazo corrobora que el asunto no es nuevo, que la impunidad por el ejercicio violento del poder del Estado es el rasgo inamovible del sistema político colombiano. Ninguna institución judicial ha podido remediar esta situación en más de medio siglo. Sin un cambio radical del régimen hacia una apertura democrática plena no podrá erradicarse el flagelo permanente. Ahora bien, el propósito del gobierno de Uribe es aparentar una depuración. El proyecto de reforma, que encierra micos como el del umbral del 5%, no contempla la otra cara de la reforma política. Aunque el proyecto es una reforma electoral y del régimen de los partidos, no conlleva los elementos mínimos de garantías para la oposición política, doblemente damnificada por el favoritismo que congració a los sindicados y las amenazas, desplazamientos forzados y señalamientos de vínculos con el terrorismo que desde el Gobierno y el mismo presidente se profirieron contra candidatos y activistas de la oposición en las elecciones en 2006 y 2007. Además ¿por qué no se toca a fondo el sistema electoral, se implanta el voto automático, se crea una comisión autónoma de garantías electorales que permita contrarrestar la trampa y la distorsión de la voluntad de los electores? Mientras no exista una transformación real del mecanismo electoral, el fraude estructural seguirá constituyendo la base del ventajismo, amparado en la inexistente independencia de la rama electoral.

La revocatoria o la anticipación de elecciones, sin modificar las reglas del juego, culminará con la repetición de lo ya conocido. Las sanciones, pérdida de investidura parlamentaria y de la personería de los partidos ligados a la criminalidad es un progreso en relación al estado de cosas actual. Pero son insuficientes para remediar la distorsión resultante de la alianza del gran capital financiero y terrateniente con el militarismo y el narcoparamilitarismo en el control político regional y nacional.

El Plan Colombia agradece al proceso de paz

Por: Alexander Escobar
alexanderinquieto@gmail.com

A manera de recuento

1. El 6 de enero de 1999 inició en Colombia el denominado “Proceso de paz” con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Para adelantar los diálogos, el gobierno colombiano creó una “Zona de Distensión” o zona de despeje militar de 42.000 kilómetros cuadrados, con sede en la vereda de San Vicente del Caguán. Años más tarde, febrero 20 de 2002, el entonces presidente de Colombia Andrés Pastrana Arango daría por terminado los diálogos con el grupo insurgente.

2. El Plan Colombia I* fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos en agosto de 2000, en momentos cuando el “proceso de paz” estaba adelantándose. Con el apoyo militar estadounidense, el desarrollo bélico colombiano entró en un crecimiento vertiginoso[1].

Seis años después

El 20 de febrero de 2008, en entrevista realizaba por el diario El Tiempo, el ex presidente Andrés Pastrana Arango habló sobre el fracaso de los diálogos con el grupo insurgente, “el 'Plan Colombia' es gracias al Caguán”[2], fue una de sus afirmaciones. La afirmación del ex presidente, que ha pasado un poco desapercibida, se convierte en un episodio clave de la historia colombiana, ya que reconfirma cuáles eran las verdaderas razones que movieron la aprobación del Plan Colombia en su primera fase, y cuál fue su incidencia en el proceso de paz.

Con la afirmación del ex presidente Pastrana, “el 'Plan Colombia' es gracias al Caguán”, se está asegurando que la política de asistencia bélica estadounidense en Colombia tuvo como excusa el hecho de que se haya efectuado la instalación del proceso de paz. ¡Óigase bien!, fue el resultado de la permanencia de los diálogos (enero-6-1999 a febrero-20-2002), y no el resultado de la ruptura de éstos (después del 20 de febrero de 2002). Aunque lo anterior pareciera carecer de sentido, tiene mucho de cierto. Recordemos que uno de los componentes que se incluyó en el Plan Colombia I llevaba por título: “Solución Política Negociada al conflicto”. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que con la excusa de negociar, el gobierno colombiano se fortalecía para tratar de desaparecer y/o hacer rendir a su “contrario” por la vía militar. Fue una excusa si tenemos en cuenta que los dineros provenientes del Plan Colombia I que finalmente se destinaron para la “Solución Política Negociada al conflicto” fueron poco (por no decir nada) representativos. Al respecto en una investigación realizada por María Clemencia Martínez para medir el desarrollo y los alcances del Plan Colombia durante sus tres primeros años de ejecución, encontramos que el presupuesto que se destinó a “la negociación del conflicto no presentó sino el 1% si no menos, de los dineros asignados por Estados Unidos al Plan Colombia"[3]. Paralelo a ello, para el año 2000 la Contraloría General de la República estimaba que el pie de fuerza de Colombia se había incrementado en un 43%[4]. Los porcentajes desiguales que el Plan Colombia destinaba a cada uno de sus componentes, evidencia que su fin era fortalecer el aparato militar contrainsurgente, y los fines “sociales”[5] que aún argumenta contener, son su cortina de humo, al igual que lo fue en su momento el incluir un componente enfocado a la solución negociada del conflicto colombiano.

Era obvio entonces que las FARC pidiesen al gobierno de Andrés Pastrana la no tramitación del Plan Colombia durante los diálogos. Y frente a la negativa del gobierno colombiano de suspender el Plan Colombia, el mensaje que puede entenderse es el siguiente: nos estamos fortaleciendo militarmente, esta es su última oportunidad de evitar la arremetida militar de nuestro gobierno (y los posteriores). Esto sucedía en medio de la diplomacia, de las reuniones, las fotografías y los apretones de manos. Y si el gobierno colombiano se fortalecía para la guerra en medio de la hipocresía de los diálogos[6], entonces es asumible que las FARC también se desarrollaban militar y estratégicamente para afrontar el Plan Colombia en su primera fase, utilizando los recursos y medios que tuvieran a su alcance.

Dentro del anterior contexto se puede deducir que el proceso de paz (“Solución Política Negociada al conflicto”) fue una excusa más para vender la imagen y la necesidad del Plan Colombia a la comunidad internacional. La búsqueda de la paz parecía ser una de las premisas. Pero como hemos visto, el aumento de la capacidad bélica de Colombia era el fin primordial. El Plan Colombia provocó en las FARC una reacción normal dentro de una lógica militar, si mi oponente se fortalece militarmente, yo debo responder de manera similar dentro de mis posibilidades y recursos, (aunque cada uno –es de aclarar- con diferentes estrategias).

Pesimismo liberador

Hoy, más que nunca, no es posible que el gobierno reanude un proceso de paz con las FARC. El Plan Colombia en su segunda fase no sólo busca desaparecer a la insurgencia colombiana por la vía militar, además de ello, apunta hacia la desestabilización de la región y a la protección de la Inversión Extranjera Directa (IED) por encima de la dignidad y la vida de 4 millones de desplazados (desterrados), que sufren las consecuencias del conflicto al vivir en zonas apetecidas por las empresas transnacionales[7]. Y para este cometido necesita de la confrontación militar con las FARC, o por lo menos, esta es una buena excusa.

Liberarse de la idea de que la salida o la propuesta para encontrar soluciones al conflicto armado vendrá de manos del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, constituye el primer paso para hallar salidas al mismo. La sociedad colombiana tendrá que entender que le esperan varias décadas de recrudecimiento de las acciones militares en poblados y ciudades, siempre con un saldo trágico de población civil víctima del fuego. También tendrá que entender que el paramilitarismo no es algo pasajero, pues ello obedece a una estrategia de guerra que proporciona resultados directos, sin tener que dar explicaciones de las masacres, torturas y desapasiones forzadas de opositores políticos y “población no-necesaria”: habitantes de territorios donde la economía transnacional tiene puesto los ojos para afianzar el libre desarrollo de sus megaproyectos.

¿Y cómo hallar la salida? Como ya es sabido, no hay recetas para ello. Solamente la firme convicción de seguir trabajando en pro de la transformación de la sociedad, refinándose en los métodos, aprendiendo de las experiencias sin perder de vista que todo lo que hacemos lo hacemos en medio de la guerra; sabiendo además que el conflicto no se resuelve ni mañana ni en 10 años, y entendiendo que Álvaro Uribe es un nombre pasajero entre muchos más que recordaremos; y cuando la desesperación y la impotencia nos invada, recordar que a veces es bueno saber esperar, porque nuestro trabajo tampoco es de un día, es para toda la vida, ya sea en medio de la victoria o en medio del olor a azufre del Plan Colombia III y IV.

Notas:

Ilustraciones tomadas de Australian EJournal of Theology, Marzo de 2007

* La segunda fase del Plan Colombia comenzó a implementarse en el 2007. Según datos de Raúl Zibechi,“las inversiones se elevan de 10 mil 700 millones de la primera fase a 43 mil 800 millones para la segunda” (cifras en dólares). Raúl Zibechi. La segunda fase del Plan Colombia en acción. Publicado por La Jornada , marzo 28 de 2008.

[1] “El monto total de ayuda recibida por Colombia desde comienzos del 2001 hasta el momento, considerando los programas ligados a ayuda militar y policial dentro y fuera del denominado Plan Colombia aprobado por el Congreso de Estados Unidos en Agosto del 2000, es: 236,9 millones de dólares (2001), 398,9 millones (2002), 624 millones (2003), 614 millones (2004), 597 millones (2005), 632 millones (2006), 615 millones (2007), 603 millones (2008). Si se le suma a estas cifras lo destinado a ayuda económica y social, entre el 2001 y el 2008 la transferencia total hacia Colombia estaría en los 5.225 mil millones de dólares”. Fabian Calle. La crisis Venezuela-Colombia: las capacidades militares que esconden las palabras. Publicado por Nueva Mayoría.com, Marzo 4 de 2008.

[2] El Tiempo. En el Caguán se cometieron cinco errores, reconoció el ex presidente Andrés Pastrana. Febrero 20 de 2008.

[3] María Clemencia Martínez. EL PLAN COLOMBIA DESPUES DE TRES ANOS DE EJECUCION: entre la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo. Publicado por MAMA COCA, Octubre de 2004

[4] Ibid.

[5] Los componentes centrales del Plan Colombia en su primera fase eran: 1) Solución Política Negociada al conflicto, 2) Recuperación económica y social, 3) Iniciativa contra el Narcotráfico, 4) Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social. A través del tercer componente Iniciativa contra el Narcotráfico, estuvo toda la argumentación bajo la cual se justificó el fortalecimiento del aparato militar colombiano con la ayuda económica norteamericana. Al respecto la investigadora María Clemencia Martínez afirma que “los recursos provenientes de Estados Unidos que son la mayoría del total proyectado para cubrir el Plan Colombia se han orientado a financiar el tercer componente, definido como la Iniciativa contra el Narcotráfico, con una participación mínima en el componente de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social.”Ibid.

[6] Empleamos la palabra “hipocresía” no para restarle importancia a los temas y discusiones que se dieron durante el proceso de paz en la mesa de diálogo, la empleamos en el sentido trágico de saber que tanto el gobierno colombiano como las FARC sabían el Plan Colombia trajo consecuencias “irreversibles” para el proceso.

[7] Raúl Zibechi, Op. Cit.

Israel en Colombia (II y última)

José Steinsleger
La Jornada
21-03-2008

La empresa de “seguridad” Hod He’ hanitin (Sperhead Ltd.), dirigida por el coronel israelí (R) Yair Klein, empezó a entrenar paramilitares en Puerto Boyacá, luego del acuerdo de cese de fuego, suscrito en mayo de 1984 por el presidente Belisario Betancur (conservador, 1982-86), y el secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Época de avances de la derecha mundial, los agricultores y ganaderos agremiados del Magdalena Medio (ACDEGAM) no estaban interesados en paz alguna. Así fue que al cartel de “bienvenida” de la pequeña urbe fluvial se le estampó el añadido: “… tierra de paz, progreso y capital antisubversiva de Colombia”.

ACDEGAM compraba las armas fabricadas por Industrias Militares (Indumil), y oficiales del Ejército, como el teniente coronel Luis Bohórquez (Brigada 14, Batallón Bárbula), las entregaban a los paras. Todo legal, todo en orden.

El modelo paramilitar de Klein resultó “exitoso”. Fuera de las alucinantes masacres de humildes pobladores urbanos y rurales, cuatro candidatos a la presidencia fueron asesinados. Entusiasmado con los resultados (“contratista” privado al fin), Klein filmó el entrenamiento de sus perros con fines publicitarios. La difusión del filme por la cadena de televisión estadunidense ABC News desencadenó el escándalo mundial. A más de los profes israelíes, la película mostraba a conocidos mercenarios australianos y británicos del Special Air Service (SAS).

El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía política) fue obligado a revelar los nombres y número de pasaportes con las fechas de ingreso y salida del país de los mercenarios. Hasta John Mayor, canciller de Gran Bretaña, manifestó su contrariedad. Milagrosamente, el general Miguel Maza Márquez, jefe del DAS, salvó su vida de un atentado con dinamita. Pero había otro problema. Como los chicos de Klein también se entendían con los capos de la droga (Gonzalo Rodríguez Gacha, Fabio Ochoa, Pablo Escobar y otros), el modelo paramilitar resultaba algo caótico: indistintamente, los sicarios mataban y secuestraban a oficiales del ejército y de la policía, políticos de izquierda y derecha, guerrilleros y agentes antinarcóticos de Washington.

Desprolijidad operativa que chocaba con la creciente importancia de las relaciones económicas colombo-israelíes, tal como fue la compra de 14 aviones de combate Kfir, en abril de 1988. Entonces, el gobierno israelí decidió, a su modo, contener a sus “perros”. En febrero de 1989, una “investigación especial” del periódico Yediot Ahronot de Tel Aviv daba cuenta de la “posible participación” de israelíes en el tráfico de drogas.

El grupo de Klein hizo las valijas. Sin embargo, los “contratistas” continuaron operando en el país sudamericano. Caso resonante en 2001 fue la venta triangulada de 3 mil fusiles AK-47 y 2.5 millones de municiones. Negocio acordado en Guatemala por Oris Zoller, director de la empresa GIRSA, filial del de la industria bélica israelí.

Se dijo que la policía de Nicaragua había comprado las armas. Inclusive, el ex presidente de Colombia, César Gaviria, secretario de la OEA, culpó a los nicaragüenses en un informe. Wes Carrington, vocero del Departamento de Estado, fue más imaginativo. Dijo que los fusiles automáticos iban con destino a “coleccionistas de armas en Estados Unidos” (sic).

Finalmente, el ágil traficante israelí Simon Yelinek, residente en Panamá, logró que el mortífero cargamento llegase a manos del cliente: las Autodefensas Unidas de Colombia. Ni Leonardo Di Caprio en Diamantes de sangre lo hubiese hecho mejor.

Ahora bien. La presencia oficial de Israel Ziv en Colombia, general (r) del Ejército de Defensa (sic) de Israel, representa un “salto de calidad” en los planes guerreristas subregionales de Uribe y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

Contratado por la módica suma de 10 millones de dólares, Ziv promete dejar atrás el modus operandi de personajes menores como Klein, y bien pudo haber colaborado en la planificación del ataque contra las FARC en territorio ecuatoriano. Su experiencia lo delata: en octubre de 2002, al mando de la Brigada Givati, Ziv invadió el campo de refugiados de Al Amal (Gaza). Las tropas de infantería, tanques y carros blindados causaron una masacre en la que murieron ancianos, mujeres, inválidos, niños y bebés.

El general Ziv figura en la nómina de Counterterrorism International y es miembro de la Task Force on Future Terrorism (FOTFF), creada en junio de 2006 por la Oficina de Seguridad de la Patria de… ¿Israel? No, de Estados Unidos.

El FOTFF funciona bajo las órdenes del secretario Michael Chertoff y Lee Hamilton, director del ultraconservador Woodrow Wilson Center, nido de académicos, sicólogos, empresarios y expertos en “inteligencia”.

En Colombia, la base de operaciones de Ziv queda en Tolemaida, departamento de Cundinamarca. Su injerencia es al más alto nivel. El viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, calificó de “preciosa” la asistencia israelí. “Son como sicoanalistas para nosotros: nos plantean temas en los cuales no habíamos pensado”. ¿Cuáles serán?