CATASTRO, IMPUESTOS Y GABELAS

POR: CARLOS ALBERTO FRANCO
francodemalatesta@yahoo.com

El 5 de noviembre publiqué por Internet mi columna ¿Y al IGAC quien lo ronda?, en la cual expresaba que entre los años 2005 – 2006, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC rebajó los avalúos de 13 predios así: 1) Avalúo inicial: $ 8.987’483.000. 2) Avalúo ajustado: $5.648’809.000. 3) Diferencia: $3.338’674.000. (62.8%).


A un predio rural de la Hacienda San José (Obando – Palmira), cuyo avalúo en 2002 fue $2.503’350.000, lo “tijereteó” hasta $1.509’284.000.= ¿Qué representó la rebajona? nada menos que $1.418’565.000, o sea el 56.6%. Y adicionalmente sobre 22 más, a los cuales se les modificó con retroactividad al año 2002 sus avalúos, que pasaron de $1.387’187.000 a un menor valor de $892’789.000, representando una disminución total de $494’398.000.

En resumen, 35 predios se beneficiaron con la bobadita de $3.833’072.000. Razón tiene la coordinadora de rentas Olga Cecilia Mera cuando expresa su inconformidad, “pues los contribuyentes, al presentar solicitud de reliquidación retroactiva del predial ya cancelado, representa aplicar grandes sumas de dinero que se acreditan a vigencias futuras (1 o más años), contribuyendo al detrimento financiero de la ciudad”. Investigué que sucedió entre 2003 versus 2005, respecto a predios (urbanos y rurales) objeto del impuesto predial y su avalúo total. En 2003, los predios gravables fueron 67.510 y su valor catastral total ascendió a $1 Billón 847.000 millones. En 2005 los predios son 69.915 y su valor catastral (Base de aplicación para el impuesto predial) fue de $2 billones 34.000 millones, Afortunadamente la base gravable creció en 2 años en $187 mil millones de pesos. Algo preocupante le sucede al municipio en su presupuesto de ingresos. El predial unificado le representó ingresos en 2003 por $17.934 millones y en 2005 por $17.234 millones. O sea que disminuyó $734 millones, mientras los avalúos del municipio pasaron de $1.8 billones a $2.0 billones. ¿Están estos ingresos no percibidos, como cartera morosa de predial, a ser cobrado en vigencias futuras?. ¿Ineficiencia en el recaudo, sumada a las “rebajonas” del IGAC?. Sin duda. Cuando S. Kalmanovitz escribe en El Espectador sobre “El Impuesto Predial”, nos dice: “Colombia recauda por impuesto predial solo el 0.7% del PIB…, los países desarrollados recaudan más del 3% del PIB y algunos latinoamericanos más del 2% del PIB”. (¡Cuatro veces más que Colombia!).

Algunas cifras en Colombia: Atlántico recaudó $60 millones por 46.000 hectáreas; Bolívar $128 millones por 510.000 hectáreas. Mientras el impuesto por hectárea en Cundinamarca fue de $1.067 =/H.A, sólo está entre $80= y $250= pesitos en los departamentos de la Costa Caribe. Un propietario de 10 hectáreas tiene una disyuntiva: o paga su impuesto o se toma una gaseosa, mientras los grandes terratenientes de Córdoba, Bolívar, Sucre y Magdalena, se mueren de la “R”.

Otras cifras. Solo el 43% del catastro rural en Colombia está al día. Kalmanovitz expresa que por ley, los municipios pueden cobrar una tarifa entre el 1 y el 16 X 1000 y son los concejos quienes fijan los montos por estratos. Mientras en Antioquia las tarifas son el 6.5 X 1000, en la costa van del 2.0 al 3.0 X 1000. ¡Bajísimas!. En 2005 Palmira tuvo un presupuesto total de ingresos por valor de $142.121 millones, de los cuales sólo $17.234 millones correspondieron a “predial unificado” (12%). Si la superficie sembrada en caña de azúcar hoy son 35.000 hectáreas: ¿pagan en equidad y justicia distributiva los azucareros, su impuesto predial?. Una hectárea en Rozo vale comercialmente $25 millones - y estoy casi seguro -, que su avalúo catastral no excede los $8 millones, o sea una tercera (1/3) parte. Bajos impuestos para el estado y alto valor comercial en operaciones privadas de compraventa.

Si Palmira y el IGAC continúan “ciegos” ante tantos predios rurales altamente productivos y de suelos ricos en aguas, valorizados por obras viales que no les generan valorización ni plusvalía, - y además el IGAC protegiendo a buena parte de terratenientes con “rebajonas catastrales retroactivas”-, Palmira jamás saldrá de su pobreza franciscana, pues sus recursos de libre destinación irán “p’abajo”, mientras nuestra dependencia del sistema general de participaciones – SGP, será mayor. De $142.000 millones de presupuesto en 2005, la inversión dependiente del SGP, fue de $60.000 millones. ¿Y saben cuánto representaron los ingresos por valorización municipal? Sólo $6’340.000, o sea nada.

Una consideración final. Estoy seguro que si el municipio apretara las tuercas al 20% de los 56.000 predios urbanos y al 20% de los 16.000 predios rurales hoy subestimados en sus avalúos, Palmira ya estaría al día en la ley 550 y podría destinar más de $20.000 millones/año en inversión, adicional a los $60.000 millones que le gira la nación. Para lograrlo, necesitamos otros políticos, otros gerentes públicos, otros concejales, otro alcalde. Octubre de 2007 es la meta. Si volvemos a equivocarnos al elegir, seguiremos como corcho en remolino, y unos pocos “privilegiados” dándonos clases de ética, pulcritud, y eficiencia…… mientras el pueblo raso no ve desarrollo ni progreso, los homicidios crecen, el plan vial no aparece, los parques son muladares, las escuelas se caen…. Y todos los que votan para perpetuar tantos desafueros, siguen recibiendo las migajas de pan de la mesa servida para los guaqueros y gamonales de siempre.

Palmira, Diciembre 27 de 2006

¡LA MISMA MENTIRA!

Por: Jorge Londoño Ariza

Periodista palmirano

jlk437@yahoo.es

Empieza la campaña para alcaldía y gobernación. Y empieza otra vez el proponente de lenguaje arcaico y monótona perorata, traída desde centro de su blancuzco quepis: ¡Hay que acabar con los pobres del Valle del Cauca!. Argumentos seudoestadísticos, sin razonamientos que desnuden las colijas que produjeron la desgracia de quienes pretende defender. Sus campañas siempre han parecido cruzadas nunca debate público, sobre los faltantes de bienestar de los ciudadanos, vistos como ciudadanos, no como feligresía. Discursos que esconden los perjuicios del modelo económico y disfrazan los indicadores sobre la precaria calidad de vida de sus dirigidos, desconociendo las denuncias divulgadas sobre la gangrena gubernamental de su gobierno. Se molesta por quienes no son los repetidores del elogio que le encanta.

Sus aglomeraciones políticas las organiza como rebaños, no como sociedad civil; quiere audiencias en donde no se mediten los atropellos del salario mínimo, que en Colombia, es una paga para solteros, nunca un sustento para la unidad familiar. Monólogos (vococentrismos) que desconocen el ciudadano propuesta y dejan de lado la angustia de padres de familia, preocupados por los altos costos de la recreación de sus hijos los fines de semana.

Empieza la campaña, el Pinocho vociferará otra vez sobre la necesidad que él mismo ocasionó durante tantos años, haciendo de lado las políticas públicas que de fondo revelan los graves problemas de los electores, que se acostumbraron a sus apasionamientos, a razón de sus mentiras mesiánicas, que le resultan rentables para su patrimonio: ¡yo soy el redentor de los pobres de Palmira!.

Para este patético candidato, los escuchas son aldeanos, no ciudadanos; y sin son ciudadanos, en sus discursos los señala como parroquianos víctimas, para ofrecerles una solución que jamás llegará, porque al fin y al cabo es la propuesta de un profesional de la mentira.

Él sabe que sobre un ciudadano ignorante en estados financieros, prevalece la invisibilidad de la corrupción; esos ciudadanos para él no son civilización, son carnicería, guetos clientelistas, que se destrozarán por el caudillo, que de ser descubierto por los niños, sería un pésimo ejemplo moral para la sociedad de la escuela.

El candidato del blancuzco quepis, se cree de mejor familia para predeterminar las reglas de su entorno: ¡Yo soy el jefe de la ignorancia, yo soy el que piensa por ustedes, yo soy el que está en el poder!.

Empieza la campaña, otra vez aumentarán las mentiras y en aprietos estará el troquelador de la madera, para que no sea tan grande la narizota de esta elaborada figurilla. El indefenso matasanos del miserable hospital de los muñecos, se verá en apuros para cauterizar el peligroso olfato del monigote husmeador del erario fácil de saquear.

Él sabe como organizar una estrategia económica barata para conquistar electores, con la pretensión de adiestrarlos en la complacencia con el dolo, maniobrando la "ayudita" que lo muestre bondadoso, como a él le gusta. Las utilidades lo justifican. ¡Es la única oportunidad que tiene el feligrés aspirante a una migaja de pan!. Los insuficientes saben que este es el esquema; el candidato sabe que la palabra "pobre" cala entre los pobres, somete y permite lo arbitrario. Él sabe que por la zozobra, el auditorio ha olvidado su prontuario político suponiendo lo mismo. Él sabe, que ellos han olvidado sus campañas anteriores fingiendo acabar con la miseria, la misma que cada día brota por montones. Sólo unos pocos tendrán algo en su directorio (gobernar para los votantes es clientelismo) porque en su famiempresa, se gobierna con la limosna, nunca con una agenda para la comunidad en general.

Diciembre 19 de 2006

VUELVE Y JUEGA CONTRATO CON GESCOOP LTDA.

Recientemente cuatro ciudadanos de Palmira, presentamos queja formal ante la Procuraduría General de la Nación, por la forma como fue suscrito el convenio interadministrativo entre Gescoop Ltda (Cooperativa) y el municipio de Palmira (Miguel Motoa Kury - Alcalde) y que permitía la modernización de la secretaria de tránsito de Palmira (año 2002).

La manifiesta violación a la ley 80 de 1993 y la ley 734 de 2002 (Código disciplinario único), permitirán el desarrollo de un proceso, que inicialmente el ex-procurador provincial Corso Acevedo había "manipulado", quedando por lo tanto incurso en un presunto prevaricato, y conllevará finalmente a que la PGN, falle un negocio que resultó altamente lesivo a los intereses públicos del municipio de Palmira, al incurrirse en celebración indebida de contrato e interés ilícito en la celebración de dicho convenio y/o contrato. Mas de 380 anexos, permiten un acervo probatorio extenso y responsable, que aseguran finalmente que el ministerio público procederá en derecho y sancionará a quienes violaron la ley y perjudicaron notoriamente las rentas e ingresos de la secretaria de tránsito municipal de Palmira. En desarrollo de la ley 550 de intervención económica, no pudo el municipio cumplir obligaciones, que en su momento fueran pactadas en el año 2001 y que el Ministerio de Hacienda no supervisó y vigiló adecuadamente, conllevando al deterioro fiscal de la secretaria de tránsito.

Si el contrato con "si Cali", suscrito por el alcalde de Cali para "privatizar" el recaudo de los impuestos de esa ciudad, conllevó recientemente a la destitución de ese funcionario por parte de la PGN, en el caso de Palmira y por el contrato con GESCOOP, la analogía entre estas dos contrataciones es más que evidente, pués se pretermitieron y/o violaron claros principios de selección objetiva, transparencia y economía, además de carencia de términos de referencia en la etapa contractual, no exigencia de pólizas, incumplimiento en el tiempo y finalmente abandono de las labores contratadas, dejando en la más absoluta orfandad a tan importante dependencia municipal.

Cualquier observación o comentario a ésta importante denuncia, la agradeceríamos mucho.

Nuestra función veedora solo aspira a recuperar el profundo deterioro ético y responsable que debe tener la contratación pública, evitando que las finanzas del municipio sigan perjudicándose, y posibilitando así para Palmira, un escenario de mayor progreso y desarrollo, siempre fielmente apegado a nuestro ordenamiento legal.

EDUARDO ALFONSO CORREA
Abogado

CARLOS ALBERTO FRANCO
Arquitecto

MANUEL FERNANDO MUÑOZ
Administrador

JORGE LONDOÑO ARIZA
Periodista

Palmira, Diciembre 11 de 2006

Alcalde concilia con el fraude y guarda silencio

La permisividad del ex-alcalde Miguel Motoa Kury así como la del actual alcalde municipal Adolfo Castro González evidencian la continuidad de una política de saqueo que a través del silencio administrativo permiten que la ciudad de Palmira cada vez esté más cerca de un colapso económico total. La veeduría ciudadana “Despierta Palmira” (1) viene realizando acciones pertinentes frente a la ilegalidad del convenio interadministrativo firmado entre la Administración Municipal de Palmira y la empresa de Gestión Eficiente Cooperativa Ltda., Gescoop Ltda., por medio del cual se entrega el contrato de modernización para la Secretaría de Tránsiro y transporte, “suscrito por el entonces alcalde Motoa Kury en diciembre 26/2002, con duración de 6 años y 3 meses y valor fiscal (estimado) de $495 millones”(2).

En busca de la anulación de este convenio con Gescoop Ltda., (acciones que no ha realizado la Administración Municipal) actualmente “cursan recursos de apelación ante la Procuraduría y Fiscalía, así: A) Procuraduría –proceso 1392544-03, marzo 24/2004 y B) Fiscalía –proceso 567146; apelación a resolución de Fiscalía 95-Cali, resolución interlocutoria 032 de agosto 31/2005” (3). ¿Y mientras tanto qué hace el alcalde Adolfo Castro González para frenar este fraude a los impuestos de los palmiranos? Sencillo, “ha adelantado un proceso conciliatorio (…), imposible de realizar jurídica y fiscalmente” (4).

¿Cuánto tiempo lleva Gescoop Ltda. Haciendo daño a Palmira?
La veeduría ciudadana nos informa que “en tres (3) años, Gescoop Ltda., le asestó un mazazo a Palmira, las rentas e impuestos de tránsito se menguaron y ‘el pato’ lo terminaron pagando los propietarios de 37.064 vehículos particulares aquí matriculados; 3.239 públicos y 176 oficiales, para un total de 40.479 usuarios” (5).

¿Por qué es ilegal el convenio con Gescoop Ltda.?
Según oficio 150-39-08747 de la contraloría municipal, emitido por la Profesional Universitaria Rocío Uchima Agudelo el 29 de septiembre de 2006, soportado, además, en la documentación suministrada por la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, encontramos que Gescoop Ltda. al momento de ser inscrita ante Cámara y Comercio no contaba con “los fundadores exigidos por la ley, ni tampoco tenía el total del capital estatal para ser tratada como una empresa de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas” (6), en otras palabras Gescoop Ltda. mintió, cometió fraude y falsedad en documento público, pues declaró ante la Cámara de Comercio de Bogotá que estaba integrada por cinco (5) entidades, afirmación totalmente falsa puesto que sólo estaba constituida por dos (2) instituciones privadas y dos (2) públicas, es decir, 4 entidades con las cuales no podía inscribirse según el artículo 130 de la ley 79 de 1988 (Norma aún vigente) que exige un mínimo de cinco (5) entidades para tales efectos.

La complicidad de la Administración Municipal
“La complicidad del silencio”, con esta frase talvez podríamos tratar de adentrarnos en la condena que la corrupción ha impuesto sobre los palmiranos, un yugo que administración tras administración se perpetúa sin que las gentes de nuestro municipio se percaten de ello.

Esperemos que en esta ocasión los palmiranos empiecen a despertar y creer en quienes afirmamos que las cosas en el municipio no marchan bien, precisamente ahora donde las evidencias provienen de la contraloría municipal, ente institucional que frente a la ilegalidad de Gescoop Ltda. nos informa que la “situación era conocida por la Administración Municipal en su momento, sin que a la fecha se haya iniciado la demanda correspondiente ante el Tribunal Contencioso Administrativo, tendiente a declarar la nulidad de dicho convenio, convenio que a la fecha sigue vigente con las implicaciones jurídicas que puedan tener para el municipio, demostrándose un desinterés al respecto por parte del funcionario competente, para iniciar las acciones respectivas” (7).


Notas
(1) La veeduría ciudadana “Despierta Palmira” está integrada por los señores Carlos Alberto Franco, Manuel Fernando Muñoz, Luis Herney Rivera y Marco Fidel Rivas.
(2) “Pleitos y cooperativas de garaje”. Informe (correo eléctronico) veeduría ciudadana ‘Despierta Palmira’. Noviembre 3 de 2006.
(3) Ibíd.
(4) Ibíd.
(5) Ibíd.
(6) Oficio 150-39-08747 de la contraloría municipal. Septiembre 29 de 2006.
(7) Ibíd.