LA CUT PIDE ACUERDO HUMANITARIO

LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES LAMENTA LO SUCEDIDO CON LOS ONCE DIPUTADOS Y LLAMA A QUE SE DE EL ACUERDO HUMANITARIO YA

El Comité Ejecutivo CUT – VALLE, reunido el día de hoy 28 de junio de 2007, les expresa a los familiares de los diputados, las organizaciones sociales, populares y todo el pueblo en general que frente a los acontecimientos que se han informado en el día de hoy, manifestamos lo siguiente:

Que en el Valle del Cauca y en Colombia existe un conflicto armado que tiene causas estructurales que se expresan en la exclusión política, económica y social; donde la guerra que se vive alcanza dimensiones que se acercan a la catástrofe humanitaria, como lo acontecido con la información el día de hoy con los diputados.

Que se continua aumentando la violación de las comunidades indígenas y campesinas de estas poblaciones, donde la constante son los desplazados, amenazados, asesinados, exiliados que hoy por este conflicto social y armado, es mucho el dolor que vive el pueblo colombiano, las tristezas y el desangre el pan nuestro de cada día, como es el caso de Pradera, Florida y Buenaventura, y demás.

Que el caso o mención especial Buenaventura donde se vive hoy la más grave crisis social por un abandono histórico del Estado con la población de este municipio. Un 60% de desempleo, carencias en las necesidades básicas en salud, educación, vivienda, son el caldo de cultivo propicio para alimentar un conflicto armado en este municipio que alcanza una dimensión de crisis humanitaria y que los informes oficiales plantean que tan solo se trata de un conflicto por el control de este Puerto como una ruta para el traslado de drogas por parte del narcotráfico. Cada 15 días hay una bomba en Buenaventura, muchas víctimas y la salida sigue siendo guerreristas en el marco de la política de seguridad democrática, aumento del pie de fuerza, la detención de algún delincuente común que sacan por la televisión, endosándole grandes poderes mostrándolo como el culpable que la sociedad pide al estado para resolver la responsabilidad del estado con sus ciudadanos, más sin embargo cada ocho días vuelve y sucede, en Buenaventura ya no caben más policías, ni bombas, ni víctimas. La posición del Presidente Álvaro Uribe Vélez ante el último atentado fue: “La de que los aviones no paren sino a tanquear y que bombardeen todos los rincones para sacar a los terroristas del puerto”

Que los empresarios dijeron que requieren un puerto sin comunidad a sus alrededores y que se adecue al TLC y hoy ante esas órdenes nos encontramos con estos lamentables hechos, esos son los resultados de una política del rescate por vía del fuego, irrespetando el derecho constitucional, como lo es el derecho a la vida.

Consideramos que esa política no puede continuar, con salidas guerreristas ante el conflicto armado que vive el país, que es valido pensar cada vez que el acuerdo humanitario siempre fue la propuesta acertada para la solución del conflicto social y armado que estamos padeciendo.

Exigimos la salida política y negociada del conflicto social y armado que vive el país, convocamos a todos los sectores de la población dolientes con lo que estamos padeciendo para lograr el INTERCAMBIO HUMANITARIO YA.

La Central Unitaria de Trabajadores CUT – VALLE, expresa a los familiares de los diputados nuestro más sincero apoyo y condolencia en este momento de dolor, lamentamos el fallecimiento de los 11 diputados asesinado, a los demás familiares de los secuestrados, retenidos en Colombia producto del conflicto armado y los invitamos a movilizarse por el derecho a la vida.

Invitamos a la sociedad en general a hacer presencia en la Plazoleta de San Francisco desde las 9:00 a.m., para expresar su voz de rechazo y su llamado por el ACUERDO HUMANITARIO, de la misma manera acompañar la caminata del Profesor Moncayo quien hace su arribo el día 29 de junio de 2007, a la ciudad de Cali.

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES
CUT – VALLE

JOSE ARIEL DIAZ
Presidente

GUSTAVO A. ESPINOSA
Secretario General

El Glifosato: guerra química que desplaza forzosamente a las comunidades

Arrasadas con glifosato 2.000 hectáreas de pancoger en el sur de Bolívar
Cientos de familias campesinas se encuentran damnificadas. Inminente desplazamiento masivo

Humanidad Vigente/Notimundo

El domingo 24 y el lunes 25 de junio, cuatros avionetas del programa de aspersión del gobierno, fumigaron con glifosato cerca de 2.000 hectáreas de cultivos de pancoger en el sur de Bolívar, sumiendo en la miseria y el hambre a centenares de familias que salieron afectadas.La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra ACVC, denunció que la operación con glifosato afectó los cultivos de familias campesinas asentadas en las veredas del corregimiento Cerro Azul, Alto Berlín, Monte Carmelo y Alto San Juan, municipio de San Pablo y las veredas Alto Limón y Diamante, municipio de Cantagallo.

Los daños reportados por los labriegos son cuantiosos: los pastizales para alimentar el ganado han sido arrasados afectando a más de 500 reses. Cultivos de pan coger como yuca, arroz y plátano se perdieron y decenas de hectáreas de cacao del proyecto, Ecocacao del Programa de Desarrollo y Paz, del cual dependían más de 60 familias y que se lleva a cabo con la ayuda de varias organizaciones internacionales, fueron arruinadas en su totalidad.

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De igual manera el proyecto agropecuario que adelanta la ACVC en Alto San Juan sufrió graves daños. Según los campesinos, el gobierno tiene pleno conocimiento de que en los sitios fumigados no hay cultivos ilícitos.

"La situación es tan dramática que incluso el acueducto veredal de Alto San Juan quedó contaminado haciendo sus aguas inservibles por el envenenamiento", dijeron las organizaciones agrarias en un comunicado conocido por Notimundo.

Según reportes que han llegado a la ACVC, campesinos de varias veredas de San Pablo temen incursiones semejantes sobre sus cultivos de pancoger, pues tres avionetas han sobrevolado la zona.

Como resultado de la situación, decenas de familias comenzaron a desplazarse hacia el municipio de San Pablo. "No nos explicamos que para erradicar 12 hectáreas de cultivos ilícitos, el gobierno tenga de arrasar 2.000 hectáreas de pastizales y cultivos de pancoger poniendo en grave riesgo la seguridad alimentaria de comunidades enteras", manifestaron los campesinos.

En actitud arrogante y autoritaria, el presidente Uribe les manifestó a los campesinos del Valle del río Cimitarra, con quienes se reunió en Barrancabermeja el pasado 20 de junio, que las fumigaciones no tendrían marcha atrás y que los afectados podían reclamar las indemnizaciones del caso.

Un millar de campesinos aproximadamente, se encuentran desplazados en la capital petrolera de Colombia, por los asesinatos selectivos perpetrados por la Fuerza Pública y paramilitares, lo mismo que por las fumigaciones indiscriminadas.

Estas personas, claman la solidaridad de la comunidad nacional e internacional, pues la situación de niños y mujeres es deplorable.

Sobre el ejercicio ético de informar

Palmira, Junio 25 de 2007

Comunidad indígena
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -ACIN

Fraternal saludo

Agradecemos de antemano la atención prestada a nuestra carta de Junio 22 de 2007 y la forma franca y autónoma con la cual decidieron respondernos, pues, como lo anotan, Palmira sin infamia presentó información parcializada que no permitió que la opinión pública pudiese formarse un criterio autónomo de los acontecimientos y responsabilidades. Aunque presentamos y argumentamos los hechos que llevaron a la publicación de los comunicados, esto no remedia el daño.

No quisimos tratar de actuar ante esta situación de manera unilateral. Por ello esperamos tener respuesta de ustedes en lo concerniente a nuestra posición y el conocimiento de la suya.

Estamos de acuerdo en que la opinión pública debe conocer la verdad, pero ello no depende de la verdad que Palmira sin infamia emita en este caso. Y nuestra posición como respetuosamente la hemos comunicado es no desmentir o dar fe de uno u otro comunicado de las partes en conflicto. Seguimos considerando que la opinión pública debe formar su criterio autónomo y en aras de ello la publicación de su respuesta a nuestra carta en nuestro blog es un buen elemento para este cometido. Aclaramos además que Palmira sin infamia no es neutral ante las agresiones que históricamente han sufrido las comunidades del sector indígena, campesino y popular, agresiones que provienen de los gobiernos nacionales y extranjeros que actualmente adelantan macro y megaproyectos en territorio colombiano. Pero en este caso, al ser sectores que defienden intereses de sectores oprimidos y que en muchos momentos han luchado juntos por la tierra y la dignidad, guardamos distancia y seguimos invitando al diálogo, pues creemos que las palabras nunca se acabaran así en algunos instantes toque alejarnos de ellas.

En lo referente al punto en el cual nos comunican que no remitieron alguna queja o comunicación a Palmira sin infamia, creemos, además de sus argumentos, que hubo cierta prevención frente a nosotros por X o Y motivo. Y hoy, como vemos visto, si este diálogo hubiese ocurrido meses atrás, tal vez actualmente estaríamos hablando en otros términos y pensando en objetivos comunes, no sólo entre nosotros sino también con las partes en conflicto, ya que Palmira sin infamia queda a disposición de esta problemática para buscar salidas que fortalezcan la unión y luchas de todos los pueblos y sectores del Cauca en un objetivo común.

No siendo más por el momento y esperando que este diálogo sirva para dar un ejemplo de la responsabilidad y ejercicio ético que deben asumir los medios de información, nos despedimos sabiendo que las palabras han emergido con su fuerza vital.

Atentamente,

REDACCIÓN PALMIRA SIN INFAMIA




Respuesta de la ACIN a Palmira sin infamia
[ 06/19/2007] [ ] [ Autor: ACIN-CXAB WALA KIWE]
www.nasaacin.net

Señores
Palmira Sin Infamia

Fraternal saludo

Valoramos enormemente su carta de junio 22 en la que dan cuenta de los comunicados que han circulado y de su posición respecto a los problemas que nos aquejan. Lo reconocemos como un gesto sincero y constructivo.

Por supuesto, tenemos nuestra posición y nos parece indispensable, en aras de la verdad y la justicia, aclarar lo siguiente:

1.Uno de los motivos para no responder a los comunicados que se circularon fue precisamente que el contenido era tan distorsionado y tan contrario a los hechos y a la verdad, que expresaban la intención explícita de generar conflicto y deslegitimar el proceso indígena. Ante este tipo de contenidos, la organización encuentra la intención explícita de desinformar y generar divisiones.

2. Nos parece que en la práctica la distorsión mayor de los comunicados se repite y reitera por lo que la opinión pública no tiene elementos para formarse un criterio de los acontecimientos. Y es ese precisamente el problema: la opinión pública no puede formarse un criterio de los acontecimientos porque fue intencionalmente desinformada. La imagen que le queda a la opinión pública es la de un conflicto interno del proceso indígena y una cuestionable legitimidad de las autoridades indígenas del Norte del Cauca. En realidad, los hechos desmienten esta desinformación. El proceso y las autoridades demostraron su fortaleza y unidad en la práctica. Las comunidades unidas y en asamblea analizaron los hechos, reiteraron el respaldo al proceso y actuaron en derecho por la justicia y la defensa de los pueblos. Es más, quienes actuaron en contra de la comunidad asumieron su responsabilidad en asamblea y de manera pública y franca, lo que tuvo en cuenta la comunidad al tomar las decisiones jurídicas del caso. En consecuencia consideramos que no puede de una parte asumirse el costo político por desinformar o informar de manera parcializada y luego concluir que la opinión pública ya tiene elementos de juicio suficiente. La desinformación mal intencionada de las fuentes que ustedes reprodujeron ha impedido que la opinión pública pueda tener criterios basados en la verdad y esto, más que el costo político, es lo que debe corregirse. Nuestro llamado es a rectificar la desinformación para que la opinión pública pueda basarse en la verdad y que se reconstruya la armonía en las comunidades.

3. La lucha en resistencia contra un régimen que persigue y niega derechos fundamentales y la lucha por la LIBERTAD PARA LA MADRE TIERRA, que debe unir a los pueblos y que es la vocación y compromiso de las comunidades y pueblos que hacemos parte de la ACIN, es una urgencia y una prioridad, aún más presurosas a partir de la aprobación de la Ley de Tierras. En este contexto, la desinformación y la manipulación de un grupo reducido de personas para generar un conflicto contra el proceso indígena sólo le ayuda al régimen a debilitar y confundir a la opinión pública. Porque la lucha es por la Libertad para la Madre Tierra, nos duele el absurdo conflicto generado y la estrategia de mentirle a la opinión pública para distraer y desviar la lucha de resistencia.

4. Las autoridades restringieron la circulación de comunicados, precisamente para evitar generar en los medios un conflicto que no reflejaba la verdad. Hoy asumimos la carta que nos envían como un paso positivo en la perspectiva de clarificar los hechos e informar a la opinión pública. Por ello les invitamos a descubrir la verdad y a rectificar lo que circularon. Los hechos hablan con contundencia.

5. Reconociendo el espíritu sincero de su carta, la agradecemos a la vez que les recomendamos superar la contradicción que a nuestro juicio existe en ella: la opinión pública fue unilateralmente desinformada. Si este es el problema, la solución no está en asumir la desinformación como una versión y reconocer que hay otra para llamar al diálogo, sino informar la verdad para que pueda haber diálogo. Reiteramos nuestra disposición al diálogo y la unidad pero no sobre la base de admitir mentiras y dejar en la impunidad a quienes desinformaron (a ustedes y a la opinión pública) de manera intencional. En ese sentido les invitamos a comunicarse con las fuentes cuyo material reprodujeron. La verdad en los hechos demuestra que esa información estaba llena de falsedades. Investigar y clarificar esas distorsiones es el camino hacia la unidad, la justicia y la responsabilidad de la comunicación para la verdad y la vida. Actuar en consecuencia es dirigirse a quienes los desinformaron exigiéndoles la verdad y que asuman su responsabilidad por la desinformación intencional en la que incurrieron.

Esperamos que este intercambio sea constructivo recíprocamente y fortalezca y mejore el trabajo mutuo. Les invitamos a un espacio de diálogo con el Tejido de Comunicación de la ACIN para un conocimiento recíproco y una revisión de los hechos. Desde la verdad se hace justicia y se construye la comunicación para la vida.

Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca- ACIN
23 de junio de 2007

La infamia de ACUAVIVA

ACUAVIVOS Y ELECTOREROS EN APUROS

IL ÉTAIT FRANÇAIS DE PALMIRA

GOTAS DE O2.

POR: MANUEL FERNANDO MUÑOZ B.

Las empresas Lyonnaise des Eaux – multinacional del agua francesa – y su hija ACUAVIVA – operadora y administradora del acueducto y alcantarillado de Palmira, Colombia – están viviendo con 5 años de anticipación, su mala hora. Se están jugando su futuro, para sobrevivir 20 años más en el "negoción" que se ganaron hace 10 años, cuando obtuvieron el contrato para prestar en este municipio el servicio de acueducto y alcantarillado.

No es difícil olvidar cómo los dirigentes del liberalismo y de otras organizaciones polítiqueras, se "robaron" de muchas formas a EMPALMIRA durante numerosos años. De ahí, de la incapacidad administrativa y de la corruptela de los políticos tradicionales, desembocaron en la aplicación de la nueva ley 142: privatizaron a EMPALMIRA, sin que los palmiranos se opusieran. Son demasiadas historias las que hoy se tejen alrededor de dichas privatizaciones. Una de ellas, es la de las cajas que recibieron los concejales en una finca en el corregimiento de La Quisquina, cajas que eran iguales y dentro contenían entre $5 y $200 millones de pesos; cada una iba marcada con el nombre del concejal que había apoyado con su voto la entrada de los franceses a Palmira y el dinero que ellas contenían, pagaba con creces el trabajo del concejal en dicho proceso de privatización. Esa fue la prima de éxito ganada por los concejales.

Esta historia nos conduce a aquella columna de Antonio Caballero, publicada en la Revista Semana hace casi 14 años, en la que se refería a la empresa Lyonnaise des Eaux, cuando obtuvo el contrato de recuperación del río Bogotá. Escribió Caballero: "sabe tanto de tratamiento de aguas negras, como de tratamiento de políticos… en sus presupuestos incluyen todo: costos reales, 'sobornos', 'comisiones ilegales' y el pago de 'propinas', valores que al final terminan pagados por sus usuarios y no de sus utilidades"…

Ahora necesitan los "acuavivos" que los voraces polítiqueros le prorroguen el contrato 15 años más, para cumplir con lo que no han logrado efectuar en 10 años, contando con la complicidad de los alcaldes Motoa y Castro, junto a sus concejales.

Se lanzó la Lyonnaise des Eaux con anticipación a pedir el alargue del contrato. Cuentan con el aval del alcalde Adolfo Castro y de una mayoría apreciable de concejales. Para los galos es más fácil y económico, "talvez", cobrar a los palmiranos - vía tarifa - los sobornos, las primas de éxito, las comisiones y las propinas ilegales que tengan que cancelar en este tiempo, que las que tendrían que pagar dentro de 4 años; además, saben los franchutes aprovechar la actual coyuntura política: estamos en campaña electoral y quienes alguna vez negociaron con ellos, no tendrían ningún recato en volver hoy a renegociar.

Vaya cuento lo urdido para obtener la prorroga: que los bancos BID, BBVA y BANCOLOMBIA, les prestarán $30 mil millones de los $140 mil millones de pesos que necesitan para cumplir con las obras que establece el contrato original, siempre y cuando les amplíen el plazo 15 años más. No cuadran las cuentas, el 70% de la inversión de $140 mil millones, no es el monto del crédito de $30 mil millones que afirman les otorgarán.

La administración del alcalde Motoa Kuri les renovó el contrato de asistencia técnica, por valor de U. S. $7,5 millones de dólares, que estamos pagando vía tarifa. Vaya abuso de autoridad y desprecio de ese alcalde y sus concejales, por las necesidades del pueblo.

Los palmiranos están en la obligación de recuperar la operación y administración de esta infraestructura. Pero no se puede permitir que la politiquería y la corrupción se tomen la nueva empresa que debe constituirse para cumplir con ese objetivo. Para este logro se requiere de un alcalde y unos concejales comprometidos en sacar adelante este proceso, o por el contrario, que sea el pueblo a través de un referendo que se realizarìa un día antes de las elecciones de octubre próximo, en papeleta que diga "si o no" a la prorroga solicitada por ACUAVIVA. Si la respuesta de los palmiranos es mayor por el si, nada se podrá hacer ante la voluntad del pueblo. Pero si la comunidad se manifiesta mayoritariamente por el no, la administración municipal tendrá que ponerse "manos a la obra". En acto inicial, instalar una auditoria externa y un control interno permanente, eficiente, responsable y comprometido en la protección de la empresa, para que ACUAVIVA no la deje decaer en la etapa final del contrato. Paralelamente, se debe constituir una empresa industrial y comercial del estado, blindada contra la voracidad de los políticos, con una gerencia apoyada en los perfiles que se utilizan en las empresas públicas de Bogotá y Medellín, ojalá en sociedad con los mismos usuarios del servicio.

ACUAVIVA le ha dado un manejo de calidad y responsabilidad a su negocio. Es lo que saben y tienen que hacer. De lo contrario, no ganan dinero para transferir a sus dueños en Francia. También es cierto, que es una empresa que tiene una posición dominante, autoritaria y arbitraria, en contra de sus usuarios y que ha llevado a muchos de ellos a aguantar hambre, para cancelar las facturas, algunas ilegales, para que no les embarguen sus casitas.

ACUAVIVA no ha cumplido con los compromisos pactados en la escritura de arrendamiento de las redes; no ha trasladado a la CVC, los dineros cobrados durante 10 años a los usuarios – por vertimientos y sobretasa ambiental – y que estarían consignados en sus cuentas bancarias obteniendo jugosos intereses; la empresa no tiene asegurado con pólizas de cumplimiento el contrato ni las redes de los sistemas de acueducto y alcantarillado; explota la cuenca del río Nima, sin reinvertir un solo centavo en reforestación, preservación, mantenimiento y recuperación; dice la contraloría municipal en su auditoria, refiriéndose al análisis del contrato: "Razón por la cual el Municipio de Palmira no debe prorrogarlo, ya que además de los riesgos existentes, las facultades otorgadas a la Empresa ACUAVIVA SA E.S.P. no permiten una selección objetiva y efectiva del operador, ni se da la oportunidad de una libre competencia que genere mayores y mejores privilegios tendientes a favorecer los intereses y derechos de los usuarios y del Municipio de Palmira". Ni hablar de los beneficios que los alcaldes Calle, Motoa y Castro y sus concejales han obtenido para mantenerse en el poder. No hay evidencias de contratos que les permitiera pagar subsidios, por parte del municipio a ACUAVIVA, cobrados por esta empresa por un valor de $4.937.228.660 correspondientes al período abril de 2001 a julio de 2002, existiendo una diferencia de tres mil tres millones pesos ($3.003´000.000) como detrimento para el Municipio de Palmira.

Ni hablar del beneficio obtenido por algunos concejales con puestos en la nómina de ACUAVIVA; cuentan nuestras fuentes que Luís Alfonso Chávez, tiene 8 amigos políticos allí colocados. William Alberto Rodríguez Cabal, a quien favorecieron nombrando a su esposa en el cargo de Jefe de Control Interno, y de ella se afirma no tiene el perfil profesional, ni la experiencia y la responsabilidad para ejercer el cargo. Referente a Control Interno de ACUAVIVA, dice la contraloría municipal en su auditoria: "no se obtuvo por parte del Municipio de Palmira, documento alguno que permita verificar una actuación diligente en ejercicio de las obligaciones del control interno".

Los nombramientos de personal realizados por la empresa ACUAVIVA para realizar el cambio de 7 mil medidores, no han sido eficientes, pues no tiene ese personal conocimiento del área urbana de la ciudad; manifiestan nuestras fuentes en dicha empresa, que son los trabajadores antiguos quienes tienen que realizar dicha labor. La convención de trabajo se está violando por la empresa y el sindicato permanece acallado.

Mientras en los juzgados administrativos se surten varias acciones populares contra ACUAVIVA, y los palmiranos se encuentran en pié de lucha para defender sus bienes y recursos de la voracidad de los colonizadores franceses, no deben descuidar por un instante, al alcalde Castro y a su coalición de concejales, así estos últimos lo nieguen, en cualquier momento se podría conocer que, en algún lugar del municipio, se están repartiendo nuevamente "cajitas" con billetes, como prima de éxito para aquellos que de un zarpazo apoyen con su voto la ampliación del contrato.

Y finalmente, el gerente de ACUAVIVA, Álvaro Arbelaez, no debe ser prepotente, engreído y grosero con los palmiranos, pues su millonario sueldo de más de $18 millones de pesos (U.S. $9300 dólares) mensuales, lo pagan los palmiranos con el sudor y el sufrimiento de sus familias.

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El AFÁN DE ACUAVIVA

Una desgracia para los palmiranos
Por: Jorge Londoño Ariza
Jlk437@yahoo.es

Los palmiranos pagamos vía tarifa el valor de un software que los franceses (Lysa) le vendieron a ACUAVIVA por $2 millones de dólares y luego con el beneplácito de Miguel Motoa en la junta directiva, modificaron el contrato devolviéndole la propiedad del software a Lysa; y no contentos con esto, el alcalde Miguel Motoa como presidente de la junta directiva, no se opuso a que los palmiranos pagáramos durante 9 años (2003 – 2012) vía tarifa, cerca de $25 mil millones de pesos, como consecuencia de un nuevo contrato de asesoría técnica innecesario con los franceses. El municipio de Palmira le otorga subsidios por valor de $5 mil millones de pesos a la empresa ACUAVIVA, cuando estaban incluidos en la estructura tarifaria por acuerdo del contrato de arrendamiento. Siendo así, los estratos 1, 2 y 3, debieran estar pagando menos costo por el servicio de acueducto y alcantarillado.

Esos subsidios fueron aprobados por lo coalición de Adolfo Castro y Miguel Motoa en el Concejo y cancelados por ellos mismos a ACUAVIVA; por eso nos queda la impresión que los caciques de esta aldea llamada Palmira, no solamente arruinaron los servicios públicos para entregárselos a los franceses, sino que siguen lucrándose de ellos.

La empresa ACUAVIVA se niega a consignar $12 mil millones de pesos para el Fondo de Reposición de Activos, cuando la infraestructura de acueducto y alcantarillado es propiedad del municipio, es decir, de los palmiranos. Y como si fuera poco, el doctor Motoa en su alcaldía, intentó que ese Fondo lo constituyera el municipio, pero espléndidamente esas intenciones le fracasaron.

Afortunadamente hoy, se adelanta una Acción Popular para que ACUAVIVA cancele estos dineros. ¿Por qué tanto silencio?... ¿Cuánto valen los intereses monetarios de todo este dinero retenido propiedad del Municipio de Palmira, es decir, de los palmiranos?... Ya que la justicia no ha podido castigar a los responsables de toda esta iniquidad, vale la pena indagar si estamos dispuestos a castigarlos de una manera ejemplar en las urnas. ¡Deberían estar en la cárcel!

Los alcaldes Miguel Motoa y Adolfo Castro, con voz y voto en la junta directiva de ACUAVIVA en representación de los palmiranos, jamás reclamaron los $50 mil dólares mensuales que ACUAVIVA desde 1998 debió transferirle a la CVC, para la protección de nuestra Cuenca Hidrográfica del Río Nima que nos abastece del precioso líquido.

Sabemos de los antecedentes de los franceses en las empresas que ellos manejan. Mi hermano de letras, Antonio Caballero, ya lo dijo no hace mucho en la Revista Semana: “…la empresa francesa Lyonnaise des Eaux, que sabe tanto de tratamiento de aguas negras como de tratamiento de políticos. Incluye todo: costos reales, sobornos, comisiones ilegales, vacuna a las guerrillas de la zona, pagos al comandante del batallón local, la minuta del bufete de abogados internacionalistas que va a resolver los problemas con el Estado colombiano por incumplir las cláusulas de costo y tiempo del contrato, la minuta del bufete de abogados penalistas que defenderá a la empresa cuando sea acusada de haber pagado sobornos, comisiones y vacunas; el pago de jueces; el pago de guardaespaldas; el pago de propinas…”.

Los padres de familia y los niños con desnutrición progresiva en las casas sin agua del barrio Simón Bolívar, son una desgracia. Sin embargo, Álvaro Arbeláez en representación de los accionistas, grita complacido en el recinto del Concejo: ¡Acuaviva no es una entidad de beneficencia!... ¿A dónde está el Pinocho que se proclama el defensor de los pobres?...

La reciente auditoria de la Contraloría de Palmira, dejó en evidencia el engaño de ACUAVIVA y la ineptitud del alcalde de Palmira en esa junta directiva. Lo ficticio del Control Interno y Externo en esa empresa, son comicidad.

Y ahora cuando faltan 5 años para que se cumpla el vencimiento del contrato de arrendamiento (27 de diciembre de 2012) de manera sorprendente, ACUAVIVA exige la prórroga del contrato, ad portas de una campaña política para elegir alcalde y concejales. La empresa ACUAVIVA da por hecho que mantendrá el dominio sobre el acueducto de Palmira por los próximos 20 años. Por eso cabe preguntar: ¿En esta campaña política estaremos expuestos al soborno para los jefes políticos, quienes ordenarán a los concejales hacer lo que ACUAVIVA y los agentes de los servicios públicos están proponiendo?...

Por todo lo anterior, es que resulta sospechoso que los franceses en cabeza de Arbeláez, exijan una prórroga y que el negocio se haga antes de las elecciones del 28 de octubre; y el motoísmo en el gobierno con Adolfo Castro, sea quien solicite al Concejo las facultades para la dilación de este atropello. ¡La comunidad pide no continuar!, pero de hacerlo, debe ser el resultado de una Consulta Popular y no la prórroga. La comunidad espera que los concejales no negocien sin consultar y nos digan cuál será el papel de los partidos como bancadas en representación de la comunidad palmirana. Creemos desde ya que los afectados debemos saber cuál es la posición de los candidatos a la alcaldía, concejales; y cuál será la de los nuevos aspirantes a esa corporación.

La comunidad Palmirana, debe exigir ya mismo el pronunciamiento de Diliam Francisca Toro, Miguel Motoa, Carlos Fernando Motoa, Gustavo Cataño, Manuel Francisco Becerra y de los líderes de los grupos independientes con representatividad en las corporaciones públicas y de Palmira, Valle y Congreso de la República. Omito el nombre de Marìa del Socorro Bustamante, porque todos conocimos su férrea oposición a la privatización de la manera como se hizo.

Ante este panorama, las preguntas ya se escuchan en los tertuliaderos y filas de los bancos, con recelo y asombrosa sencillez: ¿Por qué tanto afán y en plena campaña política?...

Las quejas de la comunidad exigen una respuesta. Debe haber un punto de concertación entre la dirigencia política, el municipio, la comunidad y ACUAVIVA; para resolver el grave conflicto entre el presupuesto de los palmiranos, tarifas complementarias y la estructura de costos por la operación de la empresa, que resulta abusiva a causa de la intermediación política, sueldos y corrupción, que afectan la tranquilidad de familias airadas, a punto de explotar.

El Concejo debe ser enfático en no dilatar la vigencia del contrato; y si le da miedo, que abandere una consulta popular sobre el tema. ¿Cuánto tendríamos que pagarle los palmiranos a los franceses y a los particulares socios de ACUAVIVA durante los próximos 20 años? Imposible mantener un contrato en estas condiciones vistas, sometiendo a padres de familia a sacrificar la recreación de sus hijos y aumentando la cifra de familias en los barrios populares, que subsisten ente la miseria y el hambre. ¡Vayan y véanlo!

Finalmente abarca la pregunta: ¿Cuál será el acuerdo de voluntades para sanar las heridas de este terrible daño, que perturba la tranquilidad entre los palmiranos?...

Si no hay un cambio de actitud en el manejo de los recursos ciudadanos, de lo que sí podemos estar seguros, es que no habrá paz entre las partes, en esta explosiva y desagradable situación política y social.

Crisis en el movimiento indígena

Palmira sin infamia se encuentra muy preocupada por la confrontación ideológica que actualmente se peresenta en el Resguardo de Toribio en el departamento del Cauca. El problema desatado por una "disidencia" del pueblo indígena que no comparte algunos lineamientos de la dirigencia, y que decidió actuar de manera diferente a la planteada por sus líderes, hoy por hoy nos evidencian que el movimiento indígena no es homogeneo, así como tampoco lo es la Pacha Mama. Por eso hacemos un llamado, no a darle la razón a un sector o atro, por el contrario invitamos a que se acepten las diferencias ideológicas y que cada cual pueda seguir desarrollando su actividad política, ideológica y organizativa respetendose mutuamente. También nos preocupa que se haga un llamado a sectores externos al movimiento indígena y popular para que intermedie en este conflicto. Desde Palmira sin infamia estamos convencidos que este problema debe resolverse en comunidad, a través del ejercicio de la palabra, haciendo un ejercicio de autonomía indígena y popular. Por ello esperamos que las diferencias sean aceptadas y se lleguen a acuerdos de convivialidad y respeto a las plataformas de lucha de todos los sectores en conflicto.

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A continuación reproducimos el comunicado emitido por la Organización Indígena Disidente Avelino Ul:

La Agencia de Periodísmo Alternativa y Popular del Suroccidente colombiano, reproduce nuevamente la siguiente información. Esperamos su pronta difusión y la solidaridad inmediata por parte de las distintas organizaciones de Derechos Humanos, Medios Alternativos, Organizaciones sociales y Populares a nivel nacional e internacional.

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Tacueyó Cauca, Junio 11de 2.007

DENUNCIA PÚBLICA

La asociación Indígena "Avelino Ul" denuncia ante la comunidad nacional e internacional que en el Departamento del Cauca, Municipio de Toribio, resguardo indígena de Toribio, las autoridades indígenas con el apoyo de la guardia indígena, en una flagrante violación al Estado Social de Derecho, tratados Internacionales y la verdadera filosofía de la jurisdicción especial indígena; autoritaria e ilegalmente, toman la decisión de ejecutar una retención ilegal de algunos comuneros pertenecientes a nuestra asociación indígena, continuando así con la persecución política de la que hemos sido objeto por parte de la autoridad tradicional.

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De estos hechos de abuso de autoridad y flagrante violación a derechos inalienables queda como resultado la retención arbitraria dediecisiete hermanos indígenas entre los que se encuentran hombres, mujeres, mayores y niños, pertenecientes a nuestra asociación.

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De esta manera y con el objetivo de homogenizar a la fuerza nuestro pensamiento y organización; individuos miembros de las estructuras organizativas indígenas tradicionales de Toribio, en un claro abuso deautoridad, reprimen a nuestros compañeros: Comuneros que en uso denuestro legítimo derecho de asociación y libertad de pensamientovenimos construyendo y fortaleciendo una Asociación Indígena con principios, objetivos, plataforma de lucha, plan de trabajo y estructura organizativa; reivindicando las raíces históricas que encarnan la lucha indígena colombiana y sus pilares fundamentales, con el fin de aportarle a la reconstrucción de la nacionalidad delos indígenas y el pueblo colombiano.

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Ante este hecho de intolerancia, abuso de poder, desconocimiento y violación de las mismas leyes indígenas y de los derechos inalienables, nosotros los comuneros indígenas integrantes de la Asociación indígena "Avelino Ul", hacemos un llamado a las "autoridades tradicionales indígenas" del Resguardo de Toribio, para que suspendan las acciones en contra de sus propios hermanos y den cabida a la discusión y a la crítica interna sobre la verdadera función política y social de los cabildos indígenas.

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HECHOS

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Domingo 10 de Junio

Las directivas del Cabildo indígena del Resguardo de Toribio e integrantes de la Guardia Indígena se reunieron y decidieron retener a integrantes de la Asociación Indígena Avelino Ul.

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Lunes 11 de Junio

Entre la 1:00 y las 3:00 de la madrugada, las directivas del Cabildo indígena del Resguardo de Toribio e integrantes de la Guardia y dos encapuchados, desarrollaron un operativo en algunas veredas de nuestro resguardo, obteniendo como resultado la retención ilegal de 17 comuneros indígenas; todos ellos pertenecientes a nuestra organización "Asociación Indígena Avelino UL", entre los retenidosse encuentran cuatro mujeres, dos de ellas, menores de edad de 12 años; un mayor y diez hombres entre los que también se encuentra un menor de edad de tan solo 6 años y el vicepresidente de la Asociación Indígena Avelino UL.

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Los retenidos ilegalmente responden a los nombres de: María Antonia Vitonco, Claudia Pavi (menor de 12 años), Alba Pavi, Florencia Pavi(menor de 12 años), Horacio Pavi (menor de 6 años), Isaías Poto Ul(mayor), Alveiro Pavi, Leonardo Pavi Vitonco, Joaquín Pavi, Otoniel Cruz, Alveiro Escue, Félix Mestizo Casamachin, José Aníbal PaviCalambas, Fabio Pavi, Marco Aurelio Pavi (vicepresidente AsociaciónIndígena Avelino UL) y Ramiro Pavi.

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El operativo de captura de nuestros compañeros fue encabezado ydirigido por JOSÉ OMAR VITONAS, Gobernador del Resguardo de Toribio,quien en alto grado de embriaguez se hizo acompañar por integrantes dela guardia indígena.

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La acción de captura ilegal de los compañeros de nuestra organizaciónla argumentan bajo el pretexto de "le haremos un juicio políticoa la Asociación Indígena Avelino Ul y los castigaremos por la quemadel bus (de propiedad del resguardo) ocurrida el pasado 10 defebrero del presente año en la vereda el Tierrero y por incentivar lasrecuperaciones de tierras en la Haciendas La Emperatriz y El Japio".

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Las directivas del Cabildo del Resguardo Indígena de Toribio, están convocando a una asamblea general de comuneros, para el día jueves 14 de Junio en el resguardo indígena de Tacueyó, en la cual pretenden realizarnos una "audiencia o juicio político", tanto a loscompañeros detenidos como a la organización en su conjunto.

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Hemos tenido conocimiento que en las horas de la tarde fueron dejados en libertad los menores de edad, las mujeres y el mayor.

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Ante la denuncia expuesta y la reiterada persecución política contra nuestra organización, el excesivo abuso de autoridad tradicional y ladetención de nuestros hermanos planteamos las siguientes exigencias:

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AL CABILDO INDÍGENA DE TORIBIO:

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·Libertad inmediata para nuestros compañeros indígenas detenidos arbitrariamente por las autoridades tradicionales indígenasde Toribio.

·Respeto a la libertad de asociación u organización que tienenlas personas, según la constitución nacional.

·Respeto a la libertad de pensamiento político e ideológico yde expresión que poseen las personas.

·Respeto y garantías al debido proceso y a la defensa que la jurisdicción especial o justicia propia indígena debe agotar: conductos regulares (asamblea general de la parcialidad para determinar si hubo, según los usos y costumbres, violación de una norma o a la moral, citación por escrito en tres oportunidades de los acusados, derecho a la defensa y asamblea comunitaria para la audiencia). La autonomía en justicia propia que aplican las autoridades tradicionales indígenas, no puede estar por encima de laconstitución nacional, de los derechos fundamentales y de la ley.

·Derecho a trato digno y humano y a principios básicos comoel de la alimentación y la comunicación.

·Suspender de inmediato la custodia o detención arbitrariade nuestros compañeros en las instalaciones del calabozo del cabildo,ya que según la ley 89 de 1.890 o legislación indígena capitulo 2articulo 5 " las detenciones y penas correccionales no pueden excederde uno o dos días de arresto". Igualmente se plantea, para lajusticia propia indígena, que esta se debe de aplicar con base a losusos y costumbres; no se pueden imponer sanciones o castigos queaplica la justicia o tradición occidental. "Deberá darse preferencia atipos de sanción distintos del encarcelamiento" Art 10 de laPolítica General de LA LEY 21 DE 1991 CONVENIO 169 DE LA OIT

· No dar tratamiento de orden público a los supuestos delitosque se le acusa a los detenidos ya que estos casos, si los hubiese,son de competencia de la justicia ordinaria.

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A LAS AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES INDIGENAS DE SEGUNDO NIVEL EN ELCAUCA COLOMBIA.

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·Interceder ante las medidas represivas a las que están siendosometidas integrantes de la asociación Indígena "Avelino Ul" delMunicipio de Toribio en el Departamento del Cauca.

·Garantizar los derechos constitucionales de la vida, laintegridad física y psicológica, la libre movilidad, la libreasociación, a la diversidad política e ideológica de los integrantesde la asociación Indígena "Avelino Ul" del Municipio de Toribio en elDepartamento del Cauca.

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A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOSDERECHOS HUMANOS (OACNUDH)

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·Su intervención en lo que su mandato le permita, comoveedores de que el Estado colombiano y las autoridades Indígenas cumplan con sus obligaciones constitucionales y se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

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A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y A LA PROCURADURIA

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·Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía yel respeto a los derechos constitucionales de la vida, la integridadfísica y psicológica, la libre movilidad, la libre asociación, a ladiversidad política e ideológica de integrantes de la asociaciónIndígena "Avelino Ul" del Municipio de Toribio en el Departamento delCauca.

· Se haga presencia en la zona conformando una comisión deverificación constatando los excesos en el uso de la fuerza y lasagresiones a derechos constitucionales por parte de las autoridadesIndígenas, con el fin de detener estas agresiones a derechosfundamentales de los comuneros.

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A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS, Y A LOS PROCESOS SOCIALES Y POPULARES NACIONALES E INTERNACIONALES

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·Difundir y reenviar la denuncia presentada por la AsociaciónIndígena Avelino Ul

·Dirigirse mediante comunicado, a las autoridades indígenastradicionales de Toribio Cauca y a las organizaciones indígenas de Segundo Nivel para exigir la pronta libertad de los integrantes de la Asociación Indígena Abelino Ul, así como el derecho al debido proceso.

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Favor Remitirse

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Cabildo indígena de Toribio

Correo electrónico cabildoindigenatoribio@yahoo.com

Teléfono 0928 – 498281

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Asociación de cabildos indígenas del Norte del Cauca ACIN

Correo electrónico info@nasaacin.net , acincauca@yahoo.es

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Asociación Indígena "Avelino Ul"

Favor remitir los oficios, gestiones que adelanten a partir de estainformación al correo electrónicoasociacionindigenaavelinoul@yahoo.es.

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ASOCIACIÓN INDÍGENA "AVELINO UL"

¡NO PAPÁ NO!...

Por: Jorge Londoño Ariza
Periodista y escritor colombiano
Palmira - Valle
jlk437@yahoo.es

No podemos presumir de ser buenos padres con el dinero para nuestros hijos, oprimiendo a otros para lograrlo.

Se ha puesto de moda el justificar la corrupción en cada una de las áreas de nuestra sociedad, en nombre de la familia y el futuro de nuestros hijos. Tal argumento resulta cínicamente criminal y dicha justificación claramente egoísta. Son tantos los niños que padecen enfermedades comunes y desnutrición, por causa de los atropelladores que los despojaron de sus derechos. Quienes hayan actuado así y hayan acostumbrado a sus descendientes a pensar de tan desproporcionada manera, les habrán negado la gloria y un espacio en el universo.

La estabilidad de la familia y el bienestar de nuestros hijos, no puede estar sustentado sobre las víctimas de la usura y los despropósitos de la especulación. No es sano construir sobre una opulencia precoz, ni sobre las úlceras de un padre de familia nervioso porque no le alcanza su salario para comprar los útiles escolares, ni la recreación a que tienen derecho sus niños, sólo porque otro robó sus derechos.

No se puede creer que si nuestros críos tienen vacunas costosas y un frasco de compotas a tiempo, sin importar el dolor de los demás, somos excelentes papás y estamos exonerados del juicio elemental de la conciencia; aquella que dictará su sentencia sobre el cadáver del acaudalado egoísta, que un día se negó a compartir y echó mano de la indiferencia para creerse autosuficiente y bueno sólo con los suyos. Los desafortunados no tienen porque pagar los sobrecostos de la codicia, para que un embaucador viva bien con sus parientes e hijos, mientras en su discurso proclama la reivindicación de los pobres.

Si los niños tuvieran la facilidad de expresar su opinión ante los padres que actúan así, con toda seguridad repetirían la frase del ilustre pensador Rafael Torero: ¡No en nombre de nosotros!

Nuestros descendientes no deben pasar por el bochorno de ser herederos facilistas de una seudodemocracia como resultado del utilitarismo y las sobreutilidades mal habidas, despojando a los que precisan de nuestro deber humanitario. Oportuno recordar a Jorge Eliécer Gaitán, aquel a quien tanto pregonan los impostores en las arengas de los monopolios: “Llegan a la vida pública favorecidos por el privilegio. Una gran herencia que ellos nunca laboraron, que muchas veces son el resumen de incontadas injusticias; que los coloca en un grado de superioridad social lejos de todo mérito, de toda inteligencia y de toda buena voluntad”.

La filantropía familiar no exonera a los megaavaros del atropello, ni les consentirá esconder la codicia y lo perverso de lo contable. La sensatez del conocimiento que le permite a un ser humano discernir entre lo bueno, lo malo y lo eterno, no nos dejará escapar al juicio y la sensibilidad de lo correcto. Quien actúa con premeditación, siente la denominación de cuanto sabe: Agiocicateros: Egoístas del sector financiero o prestamistas amangüalados con los gobiernos y congresistas, que legislan ventajosamente para los dueños de la moneda. Megacobradores: Quienes disfrutan por manejar un monopolio privado de obligatorio consumo. Costofabricantes: Quienes producen artículos de primera necesidad y alimentos de industria que jamás bajarán de precio, así haya materia prima y mano de obra barata. Costomonopolio: Empresa que se lucra, amparada en la legislatura que ellos mismos sobornaron. Los Megatetras: Son aquellos que además de robar los tributos de la comunidad, negocian los impuestos con otros y aceptan el soborno de quienes ordenan leyes, sin importarles las protestas de los indefensos ciudadanos.

Estas son las sentencias de la dictadura convencional de la palabra, de la que ya no podremos zafarnos porque ya forman parte de nuestro raciocinio. La historia se encargara de recordarlo y nuestros descendientes lo sabrán. Así lo ha nominado el Verbo hasta el fin de los tiempos, hasta el final de la vida, cuando se demostrará que todo atropello, de nada le habrá servido al engañador.

Derechos Humanos en Palmira

COMUNICADO A LAS ORGANIZACIONES

NACIONALES E INTERNACIONALES

Situación de Derechos Humanos

en la ciudad de Palmira Valle del Cauca

y de la Universidad Nacional de Colombia

en el marco de las jornadas nacionales de protesta

contra la aprobación

del PND (Plan Nacional de Desarrollo)

y la Ley de transferencias

Hechos

El día 29 de mayo, en la movilización realizada por los estudiantes de secundaria apoyando a FECODE, dos sujetos motorizados amenazaron de muerte a una Estudiante del Colegio Cárdenas de Mirrañao, diciéndole que “dejara de hacer esas payasadas o la iban a quebrar”.

El día 30 de mayo de 2007, nos encontrábamos en la glorieta de Versalles cuatro compañeros y compañeras, todos estudiantes de la Universidad Nacional, acompañando como hemos dicho la movilización estudiantil programada para este día, con los estudiantes de las siguientes Instituciones Educativas de Palmira, Cárdenas (Sede Centro y Mirriñao); Antonio Lizaraso, Harold Eder, Alfonso López, Raffo, entre otros.

En la isla de la estación de servicio ESSO-MOBIL ubicada en esta glorieta, la que da al frente del Supermercado Olímpica por la calle 42, se encontraban tres sujetos motorizados. Los tres motorizados estaban atemorizando los estudiantes de secundaria movilizados de una manera dispersa. Un estudiante del Colegio Harold Eder nos notificó de las amenazas que estaban profiriendo a los estudiantes con la finalidad de disuadirlos de su participación en la movilización programada para este día y se trataba en concreto de amenazarlos de muerte si no paraban la marcha que se realizaba a nivel nacional.

Ante esto, dos estudiantes se dirigieron para anotar las placas de las motos de los sujetos que estaban profiriendo las amenazas; la respuesta de los motorizados fue: “entreguen el cuaderno”, ¿Por qué tomaste las placas?, Qué me pases el cuaderno. La respuesta de los estudiantes fue denunciar a los infiltrados en la marcha que reaccionaron diciendo: “las vamos a quebrar” emprendiendo la retirada del lugar.

Estos motorizados continuaron rondando la marcha durante todo el tiempo, en sus motos y se ayudaron de otros motorizados, personas de civil en la marcha y dos automóviles un Chevrolet Corsa cuatro puertas y un Mazda 626 ambos automóviles de color dorado metalizado. En el caso del Mazda 626 y de los motorizados llegaron hasta el frente de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. En Versalles también se encontraban policías de civil que bajaron de un automóvil de placas CBC 045 Cali y CEW 045 Cerrito.

Por otra parte, en la marcha se encontraba un sujeto que portaba la camisa de la empresa de transportes COODETRANS Palmira, se acercó a hablar con los profesores y momentos después, cuando la marcha se dirigía al parque del azúcar, este mismo sujeto se encontraba con otro en una panadería de la Cra 28 con Cl 42, comunicándose por radio, estas dos personas se encontraban armadas, armas que se les notaba en el cinto. Otros policías de civil se instalaron en la panadería Leal para tomar fotos a la movilización.

La marcha también fue infiltrada por sujetos que no pertenecen a la comunidad académica, (ni a los sectores sociales que nos acompañan) movilizadas en motocicletas, ciclas y de caminando.

En frente de la compañía de Buses Montebello de Palmira, se bajaron de una camioneta de la policía, 4 agentes de civil, con cámaras filmadoras y fotográficas, quienes se dispuesieron a grabar y fotografiar a todos quienes nos encontrábamos de civil.

En horas de la tarde, una camioneta de la policía se acercó hasta las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, tomando los datos de la programación de las actividades que se desarrollan al interior del Álma Máter en la semana que va desde 28 de mayo al 2 de junio. Esta camioneta se comunicó por radio para dar la información de la programación.

Es grave también que en los barrios aledaños a la UN (en los que habitan principalmente estudiantes del Álma
Máter), se observen sujetos que se movilizan en automóviles, motos y bicicletas desde tempranas horas de la mañana y hasta altas horas de la noche. Estas personas fotografían, amedrentan indirecta y directamente con sus actividades encubiertas a los habitantes de esta zona de la ciudad, coaccionandolos e intimidándolos a no ejercer el derecho constitucional a la libre protesta pacífica.

Las placas de las motos de quienes profirieron amenazas en la Isla de la Estación de ESSO-MOBIL (glorieta de Versalles): RJK 92A; QUI 80A; ZFF 68 (Honda Viva).

Las placas del automóvil Chevrolet Corsa (4 puertas, color dorado metalizado) son: CFI 391
Las placas del automóvil Mazda Vidrios polarizados (4 puertas, color dorado metalizado) son: CFI 592 Cali.

Otras motocicletas:
FRL 34A COLOMBIA; AVO 70B COLOMBIA; CCP 90A; DFF 18B; FQM 72A; IJK 77A;
IJK 92A; QUI 80A; ZFF 68; EUL 78B.

Otros Automóviles
CRI 011 CALI (Gris cuatro puertas); CFZ 761.

Es claro, que los instrumentos de control del estado, están vulnerando la libertad y derecho que tenemos constitucionalmente los colombianos de movilizarnos y protestar ante lo que es injusto, además estos organismo hacen uso indebido de la autoridad y funciones que les corresponden.

Por lo anterior, le EXIGIMOS al Estado en cabeza del Señor Presidente de la República Doctor Álvaro Uribe Vélez, a la señora Ministra de educación doctora María Cecilia Vélez White, al señor Ministro del Interior Doctor Carlos Holguín Sardi, al Señor Procurador de la Nación Edgardo Maya Villazón, al Señor Rector Doctor Moisés Wasserman y al Director General de la Policía Nacional General Oscar Naranjo, EL DEBIDO RESPETO A LA CONSTITUCION QUE CONSAGRAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, QUE SE ESTÁN VULNERANDO EN PALMIRA EN LA PRESENTE MOVILIZACION, TENIENDO EN CUENTA QUE ESTAS HAN SIDO TOTALMENTE PACIFICAS. EN ESTE SENTIDO, RESPONSABILIZAMOS A LOS ORGANISMOS ESTATALES EN MENCION DE CUALQUIER VIOLACIÓN A NUESTRA DIGNIDAD HUMANA E INTEGRIDAD FÍSICA.

ATTE,

ASAMBLEA ESTUDIANTIL PERMANENTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA.