Por: Jorge Londoño Ariza
Jlk437@yahoo.es
¡Claro!, si los candidatos a la alcaldía dijeran cuándo y cómo se soluciona toda la problemática administrativa de Palmira, comprometiéndose en tiempo y espacio, se agarrarían de las "mechas", porque destaparían un pasado tenebroso y los políticos tienen un axioma para evitarlo: “no echamos mano del espejo retrovisor”.
Ser alcalde sin establecer las responsabilidades de sus antecesores, es asumirlas, por eso los parroquianos ingenuos y los simpatizantes de turno, repiten el segundo axioma: “eso viene desde atrás, todos son responsables”. ¡Calumnias de la oposición! – repiten.
Pero no aparecen los responsables de esta adversidad. No estamos preparados para un juicio político, ni queremos la reconstrucción territorial. De la anarquía nadie se escapa. ¡Los ciudadanos toleramos la violación de la norma y todos somos culpables!. Las cifras evidencian nuestro cinismo: Jamás exigiremos una explicación a quienes ocasionaron el pasivo de $100 mil millones, que obligó al municipio a postrarse ante la intervención económica, Ley 550. El cálculo actuarial nos dice que debemos pagar por el Fondo de Pensiones (Patrimonio Autónomo) la bobadita de $285 mil millones en los próximos años, sin embargo, nos enfrascamos en el cortoplazismo como el avestruz y nadie se preocupa por reducir los $65 mil millones de gastos de funcionamiento, porque quienes ponen los votos, no se pueden dejar sin burocracia. Por eso es de común conocimiento: “La política se hace con los dineros del Estado”. Los sueldos siempre serán insuficientes para recuperar los gastos de la campaña, a pesar de la descomposición ética.
Nos esperan 191 procesos administrativos, penales y laborales, calculados en $ 733 mil millones para los próximos años, lo que significa una situación de 7 veces a la intervención económica que tenemos hoy por Ley 550 y que perturbará la tranquilidad de los palmiranos conscientes de la negligencia de nuestros dirigentes.
Las demandas de los concejales que fueron sancionados por 10 años y luego reducida la sanción a un año, ocasionarán un gasto por pago de indemnizaciones para el municipio, por $600 millones.
Recibimos $65 mil millones al año del Situado Fiscal, pero de este rubro un alto porcentaje estimulará la podredumbre en estudios, conferencias, diagnósticos y capacitaciones, que sostienen las "costumbres políticas" que nadie quiere cambiar y las amas de casa ingenuamente asisten a esas reuniones, para firmar esas planillas que legitiman esos contratos a cambio de una gaseosa y un pandebono.
Y cuando los parroquianos escuchan decir que el presupuesto de Palmira es de $146 mil millones de pesos, con partidas globales difíciles para que nadie las pueda controlar, desconocen que sólo $20 mil millones son para inversión con recursos propios y el 60% de esta cifra se extravía en el camino. El problema no es tanto lo que debe de hacerse por Palmira, el problema es el billete, el problema es la premeditación y el dolo.
No se presentan proyectos para obtener recursos del orden nacional, pero a nadie le dicen que esas transferencias tienen dueños en el congreso y que quienes las gestionan cobran por traerlos y si no se paga la coima, no las entregan.
El grito y la rabia de la comunidad se concentra en la inseguridad galopante en las calles de Palmira, pero nadie reclama porque saben que la inseguridad no es a causa del hambre, como dicen los políticos, sino del vicio. Los jefes de los delincuentes tienen capacidad económica para adquirir vehículos, portan el mejor celular, visten a la moda, calzan las mejores zapatillas y se “cagan” de la risa ante el miedo de coadministradores, policías y burócratas. Le dicen a los parroquianos que la inseguridad es efecto de la pobreza de gente buena en los barrios populares, que no tienen para una panela, menos para comprar un revolver que está por el orden de los $600 mil pesos, ni de pagar los costos que los delincuentes abonan por mantener la ley del silencio.
Nadie le hace frente a la cartera morosa de $25 mil millones adeudada por los dueños de la tierra y ninguna autoridad competente reconoce que el Instituto Agustín Codazzi, perdió ante reclamos de los acaudalados de Palmira, $16 mil millones de pesos en manos de funcionarios, que jamás fueron recriminados por sus jefes políticos. Denuncias hubo, pero sanciones nada.
Nadie entiende (o mejor, sí entiende) por qué al Hospital Raúl Orejuela Bueno, le trasladaron este año de Promoción y Prevención (Transferencias de la nación) $ 3.500 millones, mientras al San Vicente de Paúl, lo dejaron en la inopia; y quizás la gente no recuerde que los doctores Alfredo Olivares, director del hospital San Vicente y su esposa Dora Alicia Concha, Secretaria del Salud del municipio, fueron destituidos de sus cargos, ante el silencio de Carlos Fernando Motoa Solarte, quien los tenía en su cuerda política y hoy están premiados con cargos administrativos en COOMEVA.
Nadie quiere hacer justicia con el municipio, que ha pagado en conciliaciones la medio friolera de $4.900 millones, sin que haya acciones de repetición contra los responsables del detrimento patrimonial en las administraciones Motoa – Castro, arropados con el manto de la impunidad.
Nos hacemos los desentendidos al saber que el municipio pagó en el 2006 por estudios de caracterización de residuos sólidos (basuras) $350 millones, sin contar los 1.500 millones que irregularmente se le han entregado a PALMASEO por subsidios. Lo de GESCOP es una vergüenza, el doctor Motoa Kuri no vio la falsificación de documentos públicos y anomalías del convenio; y hoy cursa una demanda por $6.500 millones de pesos ante el Contencioso Administrativo del Valle, que como cosa curiosa, todo el mundo sospecha que será fallado en contra del municipio.
Que se gastaron $140 millones de pesos en control de hormigas arrieras (11 contratos) y las hormigas siguen tan dinámicas, debido al control equivocado del bicho, que mantienen vivos los argumentos para la autorización de más contratos, a través de personas naturales y jurídicas que resultan ser las mismas en esas transacciones.
Nadie se explica cómo se gastaron $1.900 millones en Desarrollo Empresarial, en la peor crisis ocupacional e industrial de Palmira, si todo economista sabe que el desempleo depende de las políticas macroeconómicas del gobierno nacional y no de los municipios. El desempleo es el reflejo de la problemática nacional, que a ninguno de los dueños de la moneda le conviene solucionar.
Nadie quiere hacer nada ante la desvalorización de las acciones de Telepalmira, que pasaron de $45 mil a $15 mil millones de pesos, manteniendo en riesgo el 40% del capital accionario del municipio en esa empresa.
Hay que vender el componente accionario del Municipio de Palmira en DICEL, porque la intermediación eléctrica dejó de ser rentable para el municipio, debido a la comercialización que adquirieron los generadores de energía; además esta empresa se ha convertido en una agencia de empleo de familiares políticos en el poder.
¿Por quién votaremos?... ¿Quién ocasionó el daño y quiere volver al gobierno municipal?... ¿Acabaremos con el flagelo de la pavesa, o nos volverá a atropellar el presidente Uribe, con otro decreto para proteger a los dueños de los ingenios?...
¿Por qué han tenido que ser los veedores y ciudadanos, quienes formulen denuncias en las fiscalías y Procuraduría y no los representantes de la comunidad en el gobierno y corporaciones públicas?... ¡Claro, hay una explicación!: la falta de autoridad política, jurídica y administrativa, que permite el desgobierno, la irresponsabilidad y la barahúnda tolerada por la primera autoridad del municipio en todas las áreas: en el tráfico vehicular, en el espacio público y en la contratación. El Bosque y el Teatro Municipal son una ruina. Los padres de familia y el hambre de los niños con desnutrición progresiva en las casas sin agua del barrio Simón Bolívar, son una desgracia. Sin embargo, Álvaro Arbeláez en representación de los accionistas, grita complacido en el recinto del Concejo: ¡Acuaviva no es una entidad de beneficencia!...
La actividad política se vulgarizó con la firma de pagarés y desapareció la titularidad de la palabra. Los palmiranos nos quedamos sin a quien respetar y ya no sentimos admiración por nuestros dirigentes, no hay liderazgo, no hay solidaridad ciudadana ¡claro!, a ellos no les importa.
La reciente auditoria de la Contraloría de Palmira, dejó en evidencia el engaño de ACUAVIVA, la ineptitud del alcalde de Palmira en esa junta directiva; y lo ficticio del Control Interno y Externo, son comicidad. Los miles de millones que se han tranzado entre ACUAVIVA, el alcalde y la dirigencia política encabezada por Miguel Motoa, está por el orden de los 34 mil millones en los últimos 8 años, en contra de la comunidad palmirana. Sin contar por ahora, los miles de millones de pesos que se dejaron de cobrar a las empresas de servicios domiciliarios entre los años 2000 a 2006, por ocupación del espacio público aéreo y subterráneo del Municipio de Palmira.
Finalmente cabe preguntar: ¿Cuál será el acuerdo de voluntades para sanar las heridas de este terrible daño, que perturba la tranquilidad entre los palmiranos?... Si no hay un cambio de actitud en el manejo de los recursos ciudadanos, de lo que sí podemos estar seguros, es que no habrá paz entre las partes, en esta rancia y desagradable discusión política y social.
Ser alcalde sin establecer las responsabilidades de sus antecesores, es asumirlas, por eso los parroquianos ingenuos y los simpatizantes de turno, repiten el segundo axioma: “eso viene desde atrás, todos son responsables”. ¡Calumnias de la oposición! – repiten.
Pero no aparecen los responsables de esta adversidad. No estamos preparados para un juicio político, ni queremos la reconstrucción territorial. De la anarquía nadie se escapa. ¡Los ciudadanos toleramos la violación de la norma y todos somos culpables!. Las cifras evidencian nuestro cinismo: Jamás exigiremos una explicación a quienes ocasionaron el pasivo de $100 mil millones, que obligó al municipio a postrarse ante la intervención económica, Ley 550. El cálculo actuarial nos dice que debemos pagar por el Fondo de Pensiones (Patrimonio Autónomo) la bobadita de $285 mil millones en los próximos años, sin embargo, nos enfrascamos en el cortoplazismo como el avestruz y nadie se preocupa por reducir los $65 mil millones de gastos de funcionamiento, porque quienes ponen los votos, no se pueden dejar sin burocracia. Por eso es de común conocimiento: “La política se hace con los dineros del Estado”. Los sueldos siempre serán insuficientes para recuperar los gastos de la campaña, a pesar de la descomposición ética.
Nos esperan 191 procesos administrativos, penales y laborales, calculados en $ 733 mil millones para los próximos años, lo que significa una situación de 7 veces a la intervención económica que tenemos hoy por Ley 550 y que perturbará la tranquilidad de los palmiranos conscientes de la negligencia de nuestros dirigentes.
Las demandas de los concejales que fueron sancionados por 10 años y luego reducida la sanción a un año, ocasionarán un gasto por pago de indemnizaciones para el municipio, por $600 millones.
Recibimos $65 mil millones al año del Situado Fiscal, pero de este rubro un alto porcentaje estimulará la podredumbre en estudios, conferencias, diagnósticos y capacitaciones, que sostienen las "costumbres políticas" que nadie quiere cambiar y las amas de casa ingenuamente asisten a esas reuniones, para firmar esas planillas que legitiman esos contratos a cambio de una gaseosa y un pandebono.
Y cuando los parroquianos escuchan decir que el presupuesto de Palmira es de $146 mil millones de pesos, con partidas globales difíciles para que nadie las pueda controlar, desconocen que sólo $20 mil millones son para inversión con recursos propios y el 60% de esta cifra se extravía en el camino. El problema no es tanto lo que debe de hacerse por Palmira, el problema es el billete, el problema es la premeditación y el dolo.
No se presentan proyectos para obtener recursos del orden nacional, pero a nadie le dicen que esas transferencias tienen dueños en el congreso y que quienes las gestionan cobran por traerlos y si no se paga la coima, no las entregan.
El grito y la rabia de la comunidad se concentra en la inseguridad galopante en las calles de Palmira, pero nadie reclama porque saben que la inseguridad no es a causa del hambre, como dicen los políticos, sino del vicio. Los jefes de los delincuentes tienen capacidad económica para adquirir vehículos, portan el mejor celular, visten a la moda, calzan las mejores zapatillas y se “cagan” de la risa ante el miedo de coadministradores, policías y burócratas. Le dicen a los parroquianos que la inseguridad es efecto de la pobreza de gente buena en los barrios populares, que no tienen para una panela, menos para comprar un revolver que está por el orden de los $600 mil pesos, ni de pagar los costos que los delincuentes abonan por mantener la ley del silencio.
Nadie le hace frente a la cartera morosa de $25 mil millones adeudada por los dueños de la tierra y ninguna autoridad competente reconoce que el Instituto Agustín Codazzi, perdió ante reclamos de los acaudalados de Palmira, $16 mil millones de pesos en manos de funcionarios, que jamás fueron recriminados por sus jefes políticos. Denuncias hubo, pero sanciones nada.
Nadie entiende (o mejor, sí entiende) por qué al Hospital Raúl Orejuela Bueno, le trasladaron este año de Promoción y Prevención (Transferencias de la nación) $ 3.500 millones, mientras al San Vicente de Paúl, lo dejaron en la inopia; y quizás la gente no recuerde que los doctores Alfredo Olivares, director del hospital San Vicente y su esposa Dora Alicia Concha, Secretaria del Salud del municipio, fueron destituidos de sus cargos, ante el silencio de Carlos Fernando Motoa Solarte, quien los tenía en su cuerda política y hoy están premiados con cargos administrativos en COOMEVA.
Nadie quiere hacer justicia con el municipio, que ha pagado en conciliaciones la medio friolera de $4.900 millones, sin que haya acciones de repetición contra los responsables del detrimento patrimonial en las administraciones Motoa – Castro, arropados con el manto de la impunidad.
Nos hacemos los desentendidos al saber que el municipio pagó en el 2006 por estudios de caracterización de residuos sólidos (basuras) $350 millones, sin contar los 1.500 millones que irregularmente se le han entregado a PALMASEO por subsidios. Lo de GESCOP es una vergüenza, el doctor Motoa Kuri no vio la falsificación de documentos públicos y anomalías del convenio; y hoy cursa una demanda por $6.500 millones de pesos ante el Contencioso Administrativo del Valle, que como cosa curiosa, todo el mundo sospecha que será fallado en contra del municipio.
Que se gastaron $140 millones de pesos en control de hormigas arrieras (11 contratos) y las hormigas siguen tan dinámicas, debido al control equivocado del bicho, que mantienen vivos los argumentos para la autorización de más contratos, a través de personas naturales y jurídicas que resultan ser las mismas en esas transacciones.
Nadie se explica cómo se gastaron $1.900 millones en Desarrollo Empresarial, en la peor crisis ocupacional e industrial de Palmira, si todo economista sabe que el desempleo depende de las políticas macroeconómicas del gobierno nacional y no de los municipios. El desempleo es el reflejo de la problemática nacional, que a ninguno de los dueños de la moneda le conviene solucionar.
Nadie quiere hacer nada ante la desvalorización de las acciones de Telepalmira, que pasaron de $45 mil a $15 mil millones de pesos, manteniendo en riesgo el 40% del capital accionario del municipio en esa empresa.
Hay que vender el componente accionario del Municipio de Palmira en DICEL, porque la intermediación eléctrica dejó de ser rentable para el municipio, debido a la comercialización que adquirieron los generadores de energía; además esta empresa se ha convertido en una agencia de empleo de familiares políticos en el poder.
¿Por quién votaremos?... ¿Quién ocasionó el daño y quiere volver al gobierno municipal?... ¿Acabaremos con el flagelo de la pavesa, o nos volverá a atropellar el presidente Uribe, con otro decreto para proteger a los dueños de los ingenios?...
¿Por qué han tenido que ser los veedores y ciudadanos, quienes formulen denuncias en las fiscalías y Procuraduría y no los representantes de la comunidad en el gobierno y corporaciones públicas?... ¡Claro, hay una explicación!: la falta de autoridad política, jurídica y administrativa, que permite el desgobierno, la irresponsabilidad y la barahúnda tolerada por la primera autoridad del municipio en todas las áreas: en el tráfico vehicular, en el espacio público y en la contratación. El Bosque y el Teatro Municipal son una ruina. Los padres de familia y el hambre de los niños con desnutrición progresiva en las casas sin agua del barrio Simón Bolívar, son una desgracia. Sin embargo, Álvaro Arbeláez en representación de los accionistas, grita complacido en el recinto del Concejo: ¡Acuaviva no es una entidad de beneficencia!...
La actividad política se vulgarizó con la firma de pagarés y desapareció la titularidad de la palabra. Los palmiranos nos quedamos sin a quien respetar y ya no sentimos admiración por nuestros dirigentes, no hay liderazgo, no hay solidaridad ciudadana ¡claro!, a ellos no les importa.
La reciente auditoria de la Contraloría de Palmira, dejó en evidencia el engaño de ACUAVIVA, la ineptitud del alcalde de Palmira en esa junta directiva; y lo ficticio del Control Interno y Externo, son comicidad. Los miles de millones que se han tranzado entre ACUAVIVA, el alcalde y la dirigencia política encabezada por Miguel Motoa, está por el orden de los 34 mil millones en los últimos 8 años, en contra de la comunidad palmirana. Sin contar por ahora, los miles de millones de pesos que se dejaron de cobrar a las empresas de servicios domiciliarios entre los años 2000 a 2006, por ocupación del espacio público aéreo y subterráneo del Municipio de Palmira.
Finalmente cabe preguntar: ¿Cuál será el acuerdo de voluntades para sanar las heridas de este terrible daño, que perturba la tranquilidad entre los palmiranos?... Si no hay un cambio de actitud en el manejo de los recursos ciudadanos, de lo que sí podemos estar seguros, es que no habrá paz entre las partes, en esta rancia y desagradable discusión política y social.
Palmira, junio de 15 de 2007
